La discusión sobre los alcances de la justicia en las causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos durante la dictadura volvió al centro del debate político con un anuncio del senador Pedro Bordaberry. Durante una nueva edición del ciclo «La justicia en debate. Legislar sobre el pasado», el legislador adelantó que presentará un aditivo al proyecto de Rendición de Cuentas para establecer la prisión domiciliaria como modalidad de cumplimiento de la pena para las personas privadas de libertad mayores de 70 años.
La actividad se desarrolló el pasado 28 de julio en la Sala Acuña de Figueroa del edificio José Artigas y reunió, además de Bordaberry, al diputado Gerardo Sotelo, al exsenador Guillermo Domenech y al exdiputado Eduardo Lust. El encuentro fue organizado con el objetivo de analizar los límites constitucionales de la potestad legislativa cuando las normas inciden sobre hechos ocurridos en el pasado.
Si bien el senador no mencionó casos concretos, su iniciativa tiene como principal destinatario al grupo de militares y policías condenados por delitos cometidos durante el período dictatorial, varios de los cuales cumplen condena en la Unidad N.º 8 de Domingo Arena y superan los 70 años de edad.
Bordaberry explicó que el texto ya se encuentra redactado y será presentado durante la discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas. «Vamos a presentar en la Rendición de Cuentas un aditivo disponiendo la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. Ya tenemos el proyecto redactado y esperamos que todos los partidos de la oposición lo acompañen», afirmó. El legislador sostuvo que la prisión domiciliaria no debe interpretarse como un beneficio extraordinario ni como una reducción de la pena, sino como una modalidad humanitaria para cumplir la condena.
En ese sentido, señaló que el Estatuto de Roma no impide aplicar este régimen y sostuvo que la igualdad ante la ley exige que todos los ciudadanos reciban el mismo tratamiento jurídico. «Esto no es una cuestión de otorgar un beneficio a determinadas personas; es una cuestión de justicia para todos», afirmó.
Durante buena parte de su exposición, Bordaberry cuestionó las modificaciones legislativas aprobadas desde 2005, que excluyeron de determinados beneficios penitenciarios a quienes fueron condenados por delitos comprendidos en el Estatuto de Roma. A su juicio, esa normativa vulnera el principio constitucional de igualdad y constituye una excepción incompatible con un Estado de Derecho.
En uno de los pasajes más enfáticos de su exposición, Bordaberry cuestionó la negativa de los sucesivos gobiernos del Frente Amplio a extender el régimen de prisión domiciliaria a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Tras señalar que esa modalidad de cumplimiento de la pena no constituye un beneficio sino una medida de carácter humanitario, afirmó: «A estos no. ¿Y saben por qué? Disculpen que voy a hablar en criollo: porque no tuvieron los huevos para hacerlo». El senador sostuvo que el régimen debería aplicarse por igual a todas las personas mayores de 70 años privadas de libertad.
Por otra parte, el senador también criticó duramente el Código del Proceso Penal vigente desde 2017, al que calificó como «un desastre», sosteniendo que el sistema de acuerdos abreviados terminó desnaturalizando el modelo acusatorio y generando una justicia excesivamente negociada. Según afirmó, mientras el ordenamiento jurídico contempla diversos mecanismos de flexibilización para delincuentes comunes —como acuerdos abreviados, suspensión condicional del proceso o libertades anticipadas—, mantiene excluidos de beneficios a quienes cumplen condena por delitos vinculados a la dictadura.
Bordaberry recordó además que anteriormente presentó un proyecto denominado «Reconciliación y Nunca Más», cuyo propósito era promover una solución legislativa basada en la reconciliación nacional.
A su juicio, Uruguay debería retomar ese espíritu de reconciliación nacional y superar una discusión que continúa generando divisiones políticas y sociales.
Domenech: «Son presos políticos»
El exsenador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, desarrolló una intervención centrada en la defensa de los militares condenados por delitos cometidos durante la dictadura, a quienes definió reiteradamente como «presos políticos». En su exposición sostuvo que la situación de estos reclusos trasciende el plano estrictamente judicial y forma parte de una confrontación ideológica más amplia que, según afirmó, enfrenta a la civilización occidental y cristiana con corrientes que buscan modificar sus fundamentos culturales, jurídicos y políticos.
Domenech cuestionó además la influencia que, a su entender, ejercen organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales sobre las decisiones de los Estados, en detrimento del principio de soberanía popular.
Desde el punto de vista jurídico, afirmó que en los procesos seguidos contra militares se vulneraron principios esenciales del derecho penal clásico, entre ellos la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley penal y la prescripción.
Para el exlegislador, los militares condenados constituyen el ejemplo más evidente de esa situación. Al finalizar su intervención recurrió a una referencia histórica sobre las madres espartanas, que despedían a sus hijos con la consigna «vuelvan con sus escudos o sobre ellos», para cerrar su exposición con un mensaje dirigido a los militares presos y a quienes los acompañan: «Vuelvan con sus escudos».
Lust: «La solución no es jurídica, sino política»
Por su parte, el exdiputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, desarrolló la exposición más extensa del encuentro, centrada en una reconstrucción jurídica de la evolución de la Ley de Caducidad. A partir de allí cuestionó la evolución de la jurisprudencia y la incorporación de la doctrina de la denominada «convencionalidad», que entiende otorga prevalencia a los tratados internacionales sobre determinadas normas internas en materia de derechos humanos.
Según su interpretación, los jueces comenzaron a privilegiar esa doctrina por encima de los pronunciamientos populares, permitiendo reabrir procesos que, a su juicio, habían quedado definitivamente resueltos desde el punto de vista constitucional.
Durante su intervención afirmó que los militares actualmente recluidos en Domingo Arena y otras dependencias «no deberían estar presos», argumentando que las leyes posteriores desconocieron decisiones adoptadas por la ciudadanía mediante mecanismos de democracia directa.
Lust sostuvo además que la creación de la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad presenta objeciones constitucionales. Sin embargo, el tramo de mayor contenido político llegó al final de su exposición, cuando realizó una autocrítica hacia la anterior coalición de gobierno. Recordó que durante el período 2020-2025 existían mayorías parlamentarias suficientes para aprobar una norma de prisión domiciliaria para los militares de edad avanzada y sostuvo que esa posibilidad no prosperó por falta de decisión política. «No se hizo porque no se quiso», afirmó. «Este tema no tiene una solución jurídica; tiene una solución política», expresó.
Sotelo puso el foco en la independencia judicial
La intervención del diputado Gerardo Sotelo se diferenció del resto por concentrarse menos en los casos concretos y más en el funcionamiento institucional del sistema de justicia. «Podemos confiar en que la justicia aplica o aplicará la ley del mismo modo cuando el acusado es poderoso o débil, rico o pobre, militar o civil, oficialista u opositor», preguntó. Para el legislador, la respuesta a esa interrogante determina la fortaleza del Estado de Derecho.
Durante su intervención, Sotelo centró parte de su exposición en la situación institucional de la Fiscalía General de la Nación y advirtió sobre lo que considera una creciente concentración de poder en torno al exfiscal de Corte Jorge Díaz, actual prosecretario de la Presidencia de la República.
El legislador sostuvo que, si bien algunos podrían entender que no existen elementos suficientes para afirmar que exista un intento de ejercer un control sobre la Fiscalía, sí consideró acreditado el peso institucional que continúa teniendo Díaz en la definición de asuntos vinculados al sistema de justicia.
En ese sentido, señaló que el exfiscal de Corte mantiene una participación relevante en distintos temas de gobierno, entre ellos la reforma del Código del Proceso Penal, y afirmó que su influencia no disminuyó tras dejar la conducción del Ministerio Público.
«Existen pruebas del enorme poder institucional de quien condujo la Fiscalía, un poder que no ha dejado de crecer incluso después de haber abandonado el cargo», sostuvo. Sotelo también dedicó parte de su intervención a analizar algunos procesos judiciales que, a su juicio, ilustran las dificultades del sistema para administrar causas de alta sensibilidad pública.
Mensaje a los presos de Domingo Arena: “Rezaré por ellos”
Sobre el final de su exposición, Pedro Bordaberry vinculó el debate con su propia historia familiar y recordó que le tocó atravesar «momentos muy duros» en referencia a la situación de su padre, el expresidente Juan María Bordaberry, quien disolvió las Cámaras parlamentarias el 27 de junio de 1973 y, años más tarde, fue condenado por la Justicia por atentado a la Constitución, entre otros delitos. Debido a su estado de salud, cumplió la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria hasta su fallecimiento, ocurrido en 2011, a los 83 años.
Sin profundizar en ese episodio, el senador sostuvo que comprende el sufrimiento que atraviesan hoy muchas familias vinculadas a los militares y policías privados de libertad por causas relacionadas con la dictadura. «A mí me tocó vivir momentos muy duros, personales. Creo que todos lo saben. Nunca me quejé ni me voy a quejar. Entiendo lo que están pasando muchos; rezaré por ellos», expresó antes de cerrar su intervención.
