La audiencia de control de acusación en la causa contra el exsenador Gustavo Penadés debió ser suspendida tras una serie de acalorados intercambios entre la representación jurídica de las víctimas y la defensa técnica del imputado. La jueza penal del caso, Marcela Vargas, intervino reiteradamente en el desarrollo de la instancia para exigir la preservación del orden probatorio y técnico, disponiendo finalmente la interrupción del acto procesal hasta la siguiente semana.
El punto central del diferendo radicó en la caducidad y prescripción de algunos de los delitos incluidos en la acusación formulada por la Fiscalía, vinculados a denuncias por hechos ocurridos hace aproximadamente tres décadas. Mientras la querella institucional argumentó que el transcurso del tiempo no debe cercenar el juzgamiento de las responsabilidades ni la protección estatal, la defensa legal calificó la postura de inconducente en materia jurídica, exigiendo ceñirse estrictamente a los plazos legales de caducidad.
La escalada en el tono de las intervenciones llevó a la magistrada actuante a llamar la atención a las partes sobre el debido cumplimiento de las normas éticas del foro procesal. Tras desestimar los agravios recíprocos formulados durante la sesión, la sede judicial resolvió reprogramar las comparecencias pendientes para continuar con la depuración del expediente de cara a la apertura formal de la instancia de juicio oral.
