La discusión parlamentaria sobre la cuota obligatoria de mujeres y personas disidentes en festivales financiados con fondos públicos ha puesto de manifiesto la marcada resistencia de diversos jefes comunales frente a los avances en materia de derechos culturales e inclusión. Pese al respaldo obtenido en el Senado para establecer un piso mínimo del treinta por ciento de representación en las grillas de espectáculos cofinanciados por el Estado, referentes de gobiernos departamentales del interior argumentaron en contra de la exigencia normativa bajo el precepto de la meritocracia y el libre mercado cultural.
Esta postura omite que la supuesta neutralidad en la selección artística ignora las desigualdades históricas de acceso, visibilidad y brechas salariales que atraviesan a las creadoras en la industria musical. Reducir la democratización de los escenarios estatales a una imposición administrativa o calificar la paridad como un exceso de corrección política perpetúa las dinámicas de exclusión que obstaculizan el desarrollo profesional de las mujeres. La apelación a la autonomía de las comunas frente a una legislación de equidad evidencia una falacia conceptual, dado que los presupuestos públicos no deben financiar prácticas distributivas sesgadas ni consolidar hegemonías masculinas en la oferta cultural.
El debate actual pone de relieve la necesidad de trascender los discursos meritocráticos que justifican la brecha de género y la subordinación de la agenda de derechos en la gestión cultural pública. Garantizar una cuota mínima en eventos cofinanciados con recursos del contribuyente no condiciona la calidad artística, sino que corrige distorsiones del mercado para efectivizar la igualdad real de oportunidades en los bienes y espacios de la comunidad.
