El gobierno procura cerrar los dos arbitrajes internacionales iniciados contra Uruguay por Neltume y Atco, accionistas de Montecon, pero estableció como condición que la finalización de los procesos no implique compromisos ni obligaciones para el Estado uruguayo.
La situación fue abordada este martes en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, en la Torre Ejecutiva. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, explicó que ambos procesos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) se encuentran en distintas etapas y que el Poder Ejecutivo trabaja para procurar su finalización “a la brevedad posible”.
Díaz fue enfático al señalar que Uruguay no aceptará condiciones vinculadas al desistimiento de las demandas. “Este proceso de finalización de los arbitrajes implica que Uruguay pueda, de alguna manera, liquidarlos, pero sin condiciones de ningún tipo”, afirmó. Los arbitrajes fueron promovidos por empresas vinculadas a Montecon, operador de terminales y servicios portuarios en el puerto de Montevideo, a raíz de decisiones adoptadas en torno al funcionamiento de la actividad portuaria. Según explicó el jerarca, los dos procedimientos presentan actualmente situaciones procesales diferentes. En el caso de Neltume, el tribunal arbitral ya fue designado, mientras que en el proceso promovido por Atco todavía no se concretó esa designación.
Además, estaba prevista para los primeros días de setiembre una audiencia relacionada con la determinación de las normas que regirán el procedimiento.
En ese contexto, el gobierno procura encontrar una salida que permita poner punto final a ambos procesos antes de que continúen avanzando en las distintas instancias previstas. “Estamos en proceso de poder definir y liquidar estos dos arbitrajes, esperemos que a la brevedad posible”, sostuvo Díaz.
Sin compromisos para Uruguay
La principal condición establecida por el Poder Ejecutivo es que cualquier acuerdo para poner fin a los arbitrajes sea completamente favorable a la posición de Uruguay en cuanto a la ausencia de obligaciones futuras. Díaz explicó que la República no asumirá compromisos derivados del desistimiento de las empresas. La única excepción estaría vinculada a determinados aspectos relacionados con las costas y los costos de los procedimientos.
“Es decir, la República Oriental del Uruguay no se compromete a absolutamente nada, excepto a no reclamar determinadas cosas relacionadas con costas y costos”, señaló. El prosecretario insistió en que no existe, desde la perspectiva del gobierno, ningún tipo de condición que Uruguay deba aceptar para concretar la salida de los procesos. “No hay ningún tipo de condición en este proceso que estamos llevando adelante”, afirmó. El punto adquiere especial importancia porque el gobierno busca que la finalización de los arbitrajes tenga carácter definitivo y evite que los mismos asuntos puedan volver a plantearse en el futuro ante tribunales internacionales u otras instancias judiciales. Por ese motivo, Díaz señaló que el eventual cierre se produciría “con perjuicio”, expresión utilizada para referirse a una terminación del proceso que implique que las empresas demandantes queden impedidas de promover nuevas acciones legales sobre los mismos asuntos.
“Esa finalización también sería con perjuicio, es decir, que las empresas que nos demandaron, en definitiva, se comprometen o se comprometerían, una vez finalizado este proceso, a no iniciar ningún tipo de proceso legal en contra de la República Oriental del Uruguay”, explicó. De concretarse bajo esos términos, Uruguay lograría cerrar los dos litigios sin asumir nuevas obligaciones y con el compromiso de las empresas de no volver a llevar esos mismos reclamos a la Justicia.
Un proceso todavía abierto
Díaz se encargó, no obstante, de remarcar que la negociación todavía no está concluida y que no existe hasta el momento un cierre definitivo de los arbitrajes. “Quería dejar absolutamente claro, sobre todo, que esto es un proceso que no ha finalizado todavía”, afirmó. La precisión busca evitar que el proceso sea interpretado como un acuerdo ya alcanzado. La posición del Poder Ejecutivo es aceptar el desistimiento únicamente si se concreta bajo las condiciones que Uruguay considera necesarias.
“Parte de la base de que sería una solución donde Uruguay acepta si ese desistimiento es sin condiciones de ningún tipo”, agregó.
La posibilidad de cerrar ambos procesos antes de que avancen hacia etapas posteriores permitiría al gobierno evitar una prolongación de los litigios y los costos asociados a arbitrajes internacionales de inversión.
Sin embargo, la definición dependerá de que las empresas acepten las condiciones planteadas por Uruguay. El gobierno busca, en definitiva, que la salida sea integral: que las empresas desistan de sus reclamos, que Uruguay no asuma obligaciones adicionales y que los accionistas de Montecon queden impedidos de iniciar nuevos procedimientos por los mismos hechos. Mientras esas condiciones no estén formalmente acordadas, los arbitrajes continúan abiertos y cualquier anuncio sobre su finalización deberá esperar a que se concrete el desistimiento en los términos planteados por el Poder Ejecutivo.
Neltume retiró de forma irrevocable el arbitraje contra Uruguay ante el Ciadi
El accionista de Montecon comunicó al Poder Ejecutivo su decisión, que tiene efecto vinculante e impide iniciar un nuevo litigio basado en los mismos fundamentos. El caso se originó por la extensión de la concesión de TCP hasta 2081. Neltume Ports, uno de los accionistas de Montecon, retiró de manera irrevocable el arbitraje que había iniciado contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial. La decisión fue comunicada al Poder Ejecutivo y tiene carácter vinculante, por lo que no podrá promoverse un nuevo litigio contra Uruguay basado en los mismos fundamentos.
La decisión se conoció poco después de que el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, informara que el gobierno buscaba cerrar los arbitrajes iniciados por los accionistas de Montecon, pero bajo la condición de que Uruguay no asumiera obligaciones y que las empresas no pudieran iniciar nuevas acciones legales por estos asuntos.
El reclamo de Neltume se originó a partir de la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP), acordada en 2021 entre el gobierno uruguayo y Katoen Natie, que extendió la concesión hasta 2081.
Montecon cuestionó las condiciones del acuerdo y sostuvo que la extensión vulneraba el Acuerdo de Promoción de Inversiones entre Uruguay y Chile. El arbitraje fue presentado ante el Ciadi en mayo de 2024. Desde entonces, Neltume solicitó varias prórrogas para postergar el comienzo del proceso. El gobierno aceptó algunas de ellas, pero rechazó la última y fijó una primera audiencia para el 29 de mayo.
Posteriormente, Neltume recusó a una árbitra designada por Uruguay, planteo que fue desestimado por el tribunal. El caso tenía un mayor grado de avance procesal que el iniciado por Atco, el otro accionista de Montecon, ya que contaba con tribunal arbitral constituido. En el caso de Atco todavía estaba pendiente una audiencia para establecer las reglas del procedimiento.
