El Poder Ejecutivo resolvió mantener sin cambios durante setiembre los precios de los combustibles, pese a que la evolución del precio de paridad de importación (PPI) indicaba que correspondía aplicar aumentos tanto en las naftas como, especialmente, en el gasoil. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, afirmó que la política aplicada desde el comienzo de la actual administración permitió evitar hasta el 31 de agosto un traslado a la población de aproximadamente US$ 75 millones en aumentos.
La decisión fue uno de los principales asuntos tratados este martes 1.º de setiembre durante el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva.
Cardona explicó que, de acuerdo con la evolución de los precios internacionales, la aplicación directa del PPI hubiera determinado un incremento de más de 25% en el precio del gasoil y de 1% en las naftas.
En el caso del gasoil, la ministra señaló que el traslado pleno de la referencia internacional hubiera significado un aumento de aproximadamente $ 15 por litro. Sin embargo, el gobierno optó nuevamente por no trasladar ese impacto a los consumidores y mantener los valores vigentes durante todo setiembre.
“Realmente, no ajustar en setiembre es un esfuerzo importante del Estado en relación con la coyuntura internacional”, sostuvo Cardona luego de la reunión del gabinete.
La jerarca explicó que Uruguay no aplica de manera automática el precio internacional como mecanismo único para determinar los valores internos, sino que analiza la situación internacional junto con las capacidades disponibles en el país.
En ese proceso participan desde hace más de cinco meses equipos técnicos del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía y Finanzas y de Ancap, que realizan un seguimiento mensual de las variables que inciden sobre los precios.
Para Cardona, esa metodología permite que el gobierno adopte decisiones teniendo en cuenta no solamente el comportamiento del mercado internacional, sino también las condiciones internas y las herramientas con las que cuenta el Estado.
Entre esas capacidades mencionó particularmente la disponibilidad de la refinería de La Teja de Ancap, un elemento que, según explicó, permite gestionar de manera diferente el impacto de los precios internacionales sobre el mercado doméstico.
“Uruguay gestiona los precios de los combustibles de forma independiente, considerando la situación internacional y las capacidades del país”, afirmó.
La decisión de mantener los precios durante setiembre extiende una política que el gobierno viene aplicando desde hace varios meses y que busca amortiguar las variaciones internacionales del petróleo y sus derivados.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Ejecutivo, desde el inicio de este mecanismo y hasta el 31 de agosto de 2026 se evitó trasladar a los consumidores unos US$ 75 millones que se hubieran generado si los precios internos se hubieran ajustado exclusivamente en función del PPI.
El dato adquiere especial relevancia por el impacto que tiene el gasoil sobre la estructura de costos de buena parte del sector productivo y del transporte.
Cardona destacó precisamente ese aspecto al considerar que la decisión constituye una buena noticia para las actividades productivas y vinculó la política de precios con la necesidad de anticipar posibles escenarios internacionales adversos.
“Es una buena noticia, sobre todo, para el sector productivo”, afirmó la ministra, quien agregó que la estrategia también se relaciona con el trabajo de anticipación frente a lo que pueda ocurrir con el fenómeno de El Niño y sus eventuales efectos.
“Por un mes más, Uruguay pudo resolver de manera independiente y gestionar de manera distinta a lo que dice el precio internacional el tema de los combustibles”, señaló.
La definición implica, por tanto, que durante setiembre los consumidores no enfrentarán el aumento que hubiera correspondido bajo una aplicación directa de la referencia internacional.
Hospital de la Costa
Otro de los anuncios realizados luego del Consejo de Ministros correspondió a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien confirmó la publicación del pliego de licitación para la construcción y equipamiento del Hospital de la Costa, en Atlántida, Canelones.
El proyecto demandará una inversión máxima de US$ 36 millones y forma parte de la estrategia denominada Puente a Puente, impulsada por el Ministerio de Salud Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
La iniciativa apunta a reforzar la atención sanitaria en una zona de fuerte crecimiento demográfico del departamento de Canelones y contempla, además, la construcción y remodelación de 16 centros de atención primaria en Canelones y la Red de Atención Primaria Metropolitana.
Lustemberg explicó que ya se están realizando obras de refacción en distintos centros de la zona, entre ellos las policlínicas de Estación Atlántida y Salinas.
El nuevo hospital contará con 60 camas de cuidados moderados: 30 destinadas a adultos, 10 pediátricas y 20 para salud mental.
También dispondrá de más de 30 especialidades médicas, entre ellas cardiología, neurología, oncología, psicología y geriatría.
El centro contará además con block quirúrgico, equipamiento para diagnósticos de alta resolución, farmacia y laboratorio durante las 24 horas y asistencia médica de emergencia SAME 105.mLa licitación incluye tanto la construcción como el equipamiento necesario para poner en funcionamiento el centro.
El gobierno prevé que las obras comiencen en enero de 2027 y establece un plazo máximo de ejecución de 10 meses. De cumplirse ese cronograma, el Hospital de la Costa quedaría terminado hacia fines del próximo año. Lustemberg destacó la importancia de la obra en una zona que, según señaló, concentra a cientos de miles de personas y presenta una demanda creciente de servicios de salud.
Política espacial llega al Parlamento
Además de los combustibles, el Consejo de Ministros analizó otros proyectos y políticas consideradas estratégicas por el gobierno.
Uno de los anuncios estuvo a cargo de Cardona y refiere al envío al Parlamento de un proyecto de ley de política espacial, que busca establecer por primera vez un marco legal específico para el desarrollo de actividades vinculadas al espacio.
La iniciativa contiene cuatro capítulos y 101 artículos y procura establecer las reglas para una actividad que el gobierno considera con potencial para convertirse en un nuevo sector de desarrollo industrial y tecnológico.
Cardona sostuvo que el espacio debe comenzar a ser considerado como un ámbito estratégico de la misma manera que otros espacios en los que Uruguay ya desarrolla políticas específicas, como el mar y el territorio terrestre.
La ministra señaló que existen actualmente iniciativas privadas de inversión vinculadas con la actividad espacial y destacó el potencial de Uruguay para desarrollar capacidades propias a partir de su infraestructura de telecomunicaciones y energía y de su ubicación geográfica.
Según explicó, la política espacial no debe quedar limitada a cuestiones de defensa y seguridad, sino que también puede generar oportunidades para la industria, la ciencia y la innovación.
El objetivo es que el desarrollo de esta actividad permita crear conocimiento, empleo y nuevos proveedores nacionales.
Cardona destacó en particular el trabajo de Epic Aeroespacial, empresa vinculada al lanzamiento de dispositivos tecnológicos al espacio, cuya planta en Zonamérica fue visitada recientemente por el presidente Orsi.
“Es importante poner en agenda que trabajamos en áreas de industria que hacen crecer proveedores y componentes nacionales”, sostuvo la ministra.
El proyecto será remitido próximamente al Parlamento, en cumplimiento de los cometidos asignados al Ministerio de Industria en el Presupuesto Quinquenal.
