El ataque con arma blanca sufrido el martes por una estudiante de 19 años en el edificio anexo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República llevó a una serie de denuncias retrospectivas sobre el agresor, cuando concurría al liceo y el reclamo estudiantil por medidas concretas de prevención y seguridad.
El Consejo de la Facultad de Medicina sesionó de forma extraordinaria y resolvió iniciar un sumario administrativo para investigar las circunstancias del hecho dentro de la institución. Además, suspendió las actividades curriculares ayer miércoles para facilitar la participación de la comunidad en las instancias de reflexión y movilización organizadas por el movimiento estudiantil. Para hoy y mañana se encomendó a todas las unidades académicas destinar espacios de clase a trabajar temas de violencia basada en género, acoso y discriminación. El decano de Medicina, Arturo Briva, explicó que «el sumario concretamente es porque tenemos una víctima y un agresor, y eso tenemos que investigarlo». Agregó «independientemente de que la Justicia está haciendo su procedimiento, nosotros tenemos ordenanzas porque esto ocurre dentro de una institución académica para determinar las responsabilidades». Señaló también que el joven no registraba denuncias previas dentro de la Udelar y que la universidad no cuenta con un sistema de seguimiento de conductas entre distintos niveles educativos.
Desde la Asociación de Estudiantes de Medicina se convocó ayer a un paro de 24 horas y a una movilización. En su comunicado, el gremio repudió el hecho y cuestionó la respuesta inicial de las autoridades, al considerar que se minimizó la situación al presentarla como excepcional. Pablo Martínez, consejero estudiantil, sostuvo que desde hace tiempo se advertía sobre la falta de controles en los accesos a los edificios y sobre episodios previos de acoso y abusos en espacios comunes. «El abordaje que se hizo de esta situación por parte de las autoridades de la Facultad no fue el más adecuado ni el que hubiésemos esperado para este tipo de situaciones» sostuvo.
Un grupo de exalumnos del Liceo N.º 1 de Salinas, donde cursó el agresor, publicó un comunicado en el que afirma haber denunciado durante años conductas de acoso, amenazas y agresiones. Relataron miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos y expresiones violentas. Aseguraron que las autoridades del centro educativo, si bien los escucharon, no adoptaron medidas efectivas de protección y que se les pedía empatía bajo el argumento de un diagnóstico de salud mental. Consideran que el episodio de este martes “debió haberse evitado mucho antes”.
El agresor permanece internado en una clínica psiquiátrica tras sufrir una descompensación y aún no pudo declarar ante la Fiscalía especializada. Las evaluaciones médicas serán insumo para el Instituto Técnico Forense. La víctima se encuentra estable, fuera de peligro y podría recibir el alta en las próximas horas, según confirmó su padre. El vínculo entre ambos era, según testimonios, principalmente de tipo estudiantil: el joven quedaba al margen de los grupos de estudio y la estudiante había intentado integrarlo.
El director departamental de Violencia Doméstica y Género de la Jefatura de Policía de Montevideo, Richard Gutiérrez, reiteró que el caso se investiga con perspectiva de género por los indicios de conducta persecutoria y obsesiva. No hay denuncias formales previas en los registros policiales que los vinculen.
El rector Héctor Cancela respaldó las actividades de reflexión y la creación de un grupo de trabajo para proponer nuevas medidas ante el Consejo Directivo Central. Desde la Asociación de Docentes de la Udelar se señaló que la violencia basada en género atraviesa la vida universitaria y que los dispositivos existentes resultan insuficientes. Autoridades políticas y de género coincidieron en repudiar el hecho y en señalar que se requieren respuestas estructurales más allá de medidas puntuales de seguridad.
