Bienestar animal y libertad religiosa no se contraponen

La vida tiene una historia de interdependencias.

Desde sus orígenes, la humanidad ha dependido de la naturaleza para alimentarse y sobrevivir, incluyendo el consumo de animales y vegetales. Mucho antes de la agricultura, de la ganadería y de las sociedades modernas, nuestros antepasados recolectaban, pescaban, cazaban y se alimentaban de lo que el entorno les ofrecía. Las formas de alimentación evolucionaron con las sociedades, sus conocimientos, sus culturas y sus creencias. Alimentarse no es sinónimo de maltratar, así como proteger a los animales no significa desconocer las necesidades, los derechos y las expresiones culturales y religiosas de las personas.

Proteger a los animales, promover una relación responsable con todas las formas de vida y respetar los derechos humanos, culturales y religiosos no son propósitos enfrentados. El desafío de la civilización es precisamente aprender a convivir sin convertir nuestras diferencias en desigualdades ni nuestros derechos en instrumentos de exclusión.

La alimentación forma parte de la historia de la supervivencia de nuestra especie. El consumo de animales no nació de una práctica religiosa ni de un gusto por matar. Es parte de la relación histórica de la humanidad con la naturaleza. Las sociedades fueron desarrollando distintas formas de alimentarse, producir, preparar y también otorgar significados culturales y espirituales a los alimentos. No se trata de elegir entre la vida animal y la vida humana, ni entre el bienestar animal y la libertad religiosa. Se trata de comprender que los derechos deben convivir, que la dignidad no puede ser selectiva y que ninguna comunidad debe quedar expuesta a la discriminación por sus formas de relacionarse con lo sagrado, con la naturaleza y con la vida.

El desafío es construir relaciones responsables con todas las formas de vida, sin convertir un derecho en instrumento de negación del otro o de la otra.

La protección de los animales es una responsabilidad social que merece toda nuestra atención. Los recientes casos de crueldad y maltrato animal conocidos públicamente, algunos de extrema violencia, vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los instrumentos legales para prevenir, sancionar y erradicar estas perversas conductas.

En ese sentido, la iniciativa de avanzar en el Parlamento hacia una tipificación penal del maltrato animal merece un debate serio, responsable y amplio. No podemos naturalizar la violencia ni admitir que la crueldad quede sin consecuencias.

Sin embargo, hay una cuestión que necesitamos poner sobre la mesa antes de que se elaboren nuevas disposiciones legales: las modificaciones normativas deben contemplar y respetar las prácticas religiosas amparadas por nuestro ordenamiento jurídico, entre ellas las faenas rituales de las religiones de matriz africana. Igual que sucede con las de las comunidades judía y musulmana, con la diferencia de que estas se hacen en frigoríficos.

No es un asunto menor. Desde 2009, la Ley 18.471 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales contempla expresamente los ritos religiosos, al distinguirlos de otras situaciones de sacrificio animal. Es un marco legal que debemos preservar y cuya interpretación merece especial cuidado cuando se proyectan nuevas tipificaciones.

Las prácticas rituales afroumbandistas tienen características propias que es imprescindible conocer antes de legislar. No se realizan en establecimientos industriales, como ocurre con determinados procedimientos de faena vinculados a certificaciones alimentarias kosher o halal, sino en los templos y espacios religiosos de las comunidades afroumbandistas. Los animales son destinados al consumo compartido de los fieles, en una instancia de comunión que tiene significados religiosos, culturales y comunitarios.

Estamos hablando de una práctica religiosa ancestral, que forma parte de la identidad y de la libertad de culto de miles de personas y que no puede ser confundida ni equiparada automáticamente con conductas de violencia contra los animales.

Esto no significa que las ceremonias sagradas deban quedar fuera de toda consideración sobre el bienestar animal. Significa que cualquier regulación debe comprender sus particularidades, escuchar a sus comunidades y establecer criterios claros, razonables y respetuosos de los derechos involucrados.

Ya hemos advertido esta preocupación. Necesitamos participar, aportar información y evitar que se legisle sobre nuestras prácticas sin conocerlas.

Hay una historia detrás de esta preocupación. Las religiones afro y afroamerindias han debido defender reiteradamente su derecho a existir y expresarse en condiciones de igualdad. Todavía hay cuestionamientos sobre sus ceremonias, sus ofrendas en espacios públicos, sus tambores, sus formas de celebración y hasta los sonidos propios de sus prácticas rituales. Vivimos bajo amenaza dentro de un Estado de derecho y eso es grave. La democracia debería ser garantía suficiente para ser y sentirnos libres, y no siempre sucede así.

Hay situaciones concretas que requieren regulación y convivencia. Sin embargo, demasiadas veces esos asuntos terminan funcionando como pretextos para hostigar, estigmatizar o restringir manifestaciones religiosas afroumbandistas que no reciben el mismo tratamiento cuando pertenecen a tradiciones socialmente dominantes.

Por eso, el debate sobre bienestar animal también debe incorporar una perspectiva de derechos humanos, libertad religiosa, igualdad y no discriminación.

No queremos privilegios ni excepciones arbitrarias. Queremos que se respete la legislación vigente, que se escuche a las comunidades involucradas y que ninguna reforma produzca, directa o indirectamente, una vulneración de derechos constitucionales. La protección animal no necesita enfrentarse a la libertad religiosa. Ambas pueden y deben convivir en un Estado laico, plural y democrático.

No hay que elegir entre defender a los animales y respetar a las personas. Hay que aprender a defender la vida sin discriminar, sin maltratar y sin desconocer derechos.

Legislar exige conocer, escuchar y comprender. Ojalá podamos encontrarnos en estas instancias de diálogo y trabajo parlamentario. Y ojalá no tengamos que volver a estar, una vez más, defendiendo derechos que ya deberían estar suficientemente reconocidos.

Porque la igualdad religiosa proclamada no alcanza: debe garantizarse en las leyes y poder ser practicada en la vida cotidiana sin represiones como todo derecho fundamental de las personas. Axé.

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