La disputa por la conducción del CASMU terminó pasada la medianoche del jueves 19 de noviembre con cuatro integrantes de la oposición interna removidos del Consejo Directivo. La Asamblea General Extraordinaria de médicos capitalizadores aprobó el cese de Raúl Rodríguez, expresidente y hasta entonces prosecretario, y de Juan José Areosa, tesorero, ambos titulares. La resolución también alcanzó a Andrea Zumar y Marcelo Gilard, que ocupaban cargos suplentes. La moción prosperó por 544 votos a favor y 198 en contra.
La asamblea se reunió el miércoles 18 en el policlínico de la avenida 8 de Octubre, luego de que los dos llamados del martes quedaran sin quórum. Unos 700 médicos asistieron a la sesión, que comenzó con la exposición de los informes contables y transcurrió entre aplausos, gritos e intervenciones superpuestas. El presidente del CASMU, Domingo Beltramelli, anunció que el voto sería electrónico y secreto. La primera decisión de fondo cambió la integración de la conducción para el período 2025–2028.
Las otras dos mociones abrieron el camino hacia la Justicia. Por 562 votos a favor y 119 en contra, la asamblea resolvió denunciar ante Fiscalía los hechos consignados en los informes. Por 481 a favor y 127 en contra, aprobó promover una acción civil para reclamar a los cuatro médicos el resarcimiento de los perjuicios que la mutualista atribuye a la gestión anterior. El comunicado institucional omitió el monto del eventual reclamo. Queda por confirmar cuándo se presentarán ambas acciones y qué hechos concretos incluirá cada una.
Los balances y el acceso a la garantía estatal
El informe jurídico que llegó a la asamblea había sido solicitado el 17 de marzo. Los abogados Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson analizaron documentación y hallazgos de auditorías sobre la administración 2022–2025. Entre los puntos examinados figuraron el tratamiento contable de gastos y pérdidas, partidas cuyo respaldo fue cuestionado y omisiones de registro.
Según el informe reseñado, unos 545 millones de pesos en gastos o pérdidas habrían recibido un tratamiento contable que mejoraba la situación patrimonial reflejada en los balances.
Ese señalamiento tiene una dimensión que excede la interna del CASMU. De acuerdo con el informe jurídico, uno de los balances observados sirvió de fundamento para el acceso a una garantía estatal por más de 2.184 millones de pesos. Los abogados recomendaron remitir los antecedentes a Fiscalía para que determine si hubo conductas con relevancia penal y qué responsabilidad individual podría corresponder. La cifra observada en los balances y el monto de la garantía corresponden a conceptos distintos. La eventual demanda deberá precisar el perjuicio que la mutualista reclama y cómo lo atribuye a cada uno de los cuatro médicos.

El alcance del amparo y el derecho de defensa
La controversia sobre el procedimiento empezó antes de la votación. Rodríguez y Areosa acudieron a la Justicia mediante una acción de amparo. Según Médicos Unidos, ambos habían respaldado que se celebrara la asamblea, Areosa con su voto y Rodríguez a través de su suplente. Su objeción se centró en los plazos y en las condiciones de que disponían para responder a los informes. Beltramelli sostuvo durante la sesión que el fallo había sido desfavorable a los demandantes y que habían contado con el plazo legal para presentar sus descargos.
Médicos Unidos difundió un pasaje de la sentencia según el cual la jueza rechazó suspender la asamblea y dejó planteado que, según lo que se resolviera en ella, correspondería determinar si era necesario conceder diez días adicionales conforme al artículo 12 del estatuto. El punto pendiente es si esa previsión estatutaria resultaba aplicable a la remoción de los cargos directivos y, en ese caso, cómo se cumplió. El acta, el estatuto y el fallo completo permitirán establecer qué fundamentos invocó la mayoría y qué oportunidad de defensa tuvo cada uno de los afectados.
La disputa entre las agrupaciones llega al Consejo Directivo
La asamblea enfrentó a la mayoría que respalda a Beltramelli, identificada con El CASMU Que Queremos, y a Médicos Unidos, la agrupación de Rodríguez y Areosa. La conducción defendió la revisión de los balances y la remisión de los antecedentes a Fiscalía. La oposición sostuvo que los canales institucionales se utilizaron para desacreditar a sus representantes antes de que pudieran responder. Tras la votación, Rodríguez describió lo ocurrido como una «caza de brujas» y cuestionó la independencia de RSM, una de las firmas auditoras.
La acusación de ajuste de cuentas surge de esa disputa de larga data. La misma asamblea que examinó la gestión anterior resolvió apartar a cuatro integrantes de la oposición que seguían en el Consejo Directivo. La medida tiene un efecto inmediato sobre la conducción de una mutualista intervenida desde julio de 2024. Para los afiliados y trabajadores, quedan pendientes dos explicaciones concretas. La primera es cómo se garantizaron los descargos antes de remover a titulares y suplentes. La segunda es qué decisiones tomará el Consejo para atender los problemas financieros que llevaron al CASMU a depender de una garantía estatal.
La lectura de un ajuste de cuentas se apoya en el resultado político de la noche. La conducción de Beltramelli logró apartar de una sola vez a cuatro representantes de la agrupación rival. El CASMU, intervenido desde julio de 2024, sigue teniendo que explicar a sus afiliados y trabajadores cómo piensa encarar sus problemas financieros. La asamblea definió quiénes quedan fuera del Consejo. El plan de gestión que deberá ejecutar la mayoría sigue siendo la respuesta que la mutualista le debe a su gente.

RSM y SUMMA, el punto que quedó fuera de la asamblea
Según la información recabada por Diario La R, en la asamblea no hubo oportunidad de discutir el presunto vínculo entre RSM, una de las consultoras que auditó la gestión anterior, y SUMMA, la firma de factoring con la que la actual administración operaría para descontar cheques emitidos por el propio CASMU. Tras la votación, Raúl Rodríguez cuestionó públicamente la independencia de RSM y sostuvo que la consultora tenía vínculos con prestamistas de la mutualista. Las fuentes públicas consultadas recogen ese planteo general. La relación específica con SUMMA y las operaciones de descuento de cheques siguen pendientes de verificación documental.
La cuestión iba al centro de la discusión. Los informes de auditoría sirvieron de base al análisis jurídico que desembocó en la remoción de cuatro directivos opositores. Los médicos que votaron tenían derecho a saber si existía alguna relación comercial o profesional entre RSM y SUMMA, si esa relación había sido declarada al contratar la auditoría y, de confirmarse las operaciones de factoring, qué costo tenían para la mutualista y quién las autorizó.
Ese fue el desequilibrio de la noche. La asamblea examinó las decisiones financieras de la conducción anterior, atribuyó responsabilidades y votó los ceses, mientras quedó fuera del debate un cuestionamiento que alcanzaba a la auditora y a las decisiones de financiamiento de la directiva actual. Ahí cobra fuerza la lectura de un ajuste de cuentas entre agrupaciones. La rendición de cuentas que se exigió a los cuatro removidos también le corresponde a la mayoría que hoy gobierna el CASMU.

