Si para sostener la palabra de Yamandú Orsi hay que calcular cada aparición, administrar cada silencio y dedicar el día siguiente a explicar qué quiso decir, el problema ya llegó al despacho presidencial. La autoridad se construye tomando decisiones comprensibles, explicando sus razones y haciéndose cargo de sus consecuencias.
El Frente Amplio tiene derecho a defender el programa con el que ganó las elecciones y a discutir la marcha del gobierno. Orsi tiene una responsabilidad mayor. Desde que asumió, sus decisiones alcanzan también a quienes votaron en contra, a quienes discrepan con el oficialismo y a quienes esperan una respuesta del Estado sin que se les pregunte por su filiación política. La lealtad a un programa es compatible con el criterio propio. Ese criterio se pone a prueba cuando una conveniencia partidaria entra en conflicto con el interés general y el presidente tiene que decidir cuál de los dos pesa más.
Gobernar con lógica exige ordenar prioridades, conocer los costos de lo que se promete y hacerse cargo de lo que se posterga. Si un ministro anuncia una medida, el ciudadano tiene derecho a saber quién la ejecutará, con qué recursos y en qué plazo. Si hay diferencias dentro del gabinete, corresponde resolverlas antes de trasladarlas a la población en forma de mensajes contradictorios. Y si una decisión salió mal, reconocerlo a tiempo le ahorra al país el costo de sostenerla solamente porque alguien ya la defendió en público.
En esa tarea, la comunicación presidencial cumple una función concreta. Debe ayudar a que la gente entienda por qué el gobierno tomó una decisión y qué puede esperar de ella. Preparar una entrevista o elegir el momento de un anuncio forma parte del oficio. El blindaje empieza cuando la preocupación por la reacción del oficialismo, la oposición o las redes pesa más que la obligación de dar una respuesta. Una pregunta incómoda puede mostrar una contradicción que el gobierno todavía está a tiempo de corregir.
Orsi debe poder escuchar a su fuerza política y tomar una decisión que disguste a una parte de ella. Debe poder aceptar una propuesta razonable de la oposición y explicar por qué le sirve al país. También debe poder exigir resultados a un jerarca respaldado por su sector. Son decisiones que pueden tener un costo dentro del Frente Amplio. Evitarlas para preservar equilibrios internos tiene un costo que termina pagando la ciudadanía.
El presidente conserva el derecho a defender sus convicciones y el deber de revisar sus decisiones cuando los hechos lo exigen. El país necesita saber qué piensa, quién responde por lo que se decide y cuándo podrá juzgar los resultados. Para eso hace falta un presidente que ejerza plenamente la autoridad que recibió en las urnas, incluso cuando ejercerla implique decirle a su propio partido algo que el partido preferiría no escuchar.

