La Corte de Apelaciones de Santiago, Chile, otorgó este miércoles prisión preventiva al ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, uno de los clérigos chilenos que el papa Francisco desvinculó de la Iglesia en 2019, condenado la semana pasada por delitos de violación y abuso a menores.
El pasado 8 de junio, lo declararon culpable de abusar a cuatro menores de edad entre 2009 y 2018. Así como de violar reiteradamente a uno de ellos, delitos por los que el Ministerio Público exige 30 años de cárcel efectiva. La espera de la sentencia definitiva, que se conocerá el próximo 18 de junio.
Óscar Muñoz se autodenunció en enero de 2018 ante las autoridades eclesiásticas y lo separaron de sus funciones. En ese sentido se inició una investigación que terminó con su expulsión de la vida clerical un año más tarde.
El de Muñoz fue uno de los casos notorios en una ola de escándalos sobre abusos sexuales en la iglesia que estallaron en Chile en 2018, tras la visita al país del Papa Francisco.
Las acusaciones llevaron al pontífice a abrir una investigación en el país sudamericano. Que derivó en la salida de obispos y otros sacerdotes acusados de realizar o encubrir abusos contra menores.
En mayo, una corte local rechazó el sobreseimiento solicitado por el ex arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, acusado de encubrir los delitos de Muñoz, por lo que continúa la investigación.
Destape de «una cultura de abuso y encubrimiento»
Chile es uno de los países latinoamericanos más salpicados por denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Lleva más de una década sumando nuevos casos desde que salió a la luz el primer gran escándalo, del ex sacerdote Fernando Karadima.
El caso de Karadima, denunciado por abusos sexuales reiterados a menores, remeció los cimientos de una de las instituciones más poderosas del país y en palabras del papa Francisco, destapó «una cultura de abuso y encubrimiento» en el seno de la Iglesia.
Según las últimas cifras publicadas por la Fiscalía, en 2021 seguían abiertas 65 investigaciones judiciales contra 116 personas relacionadas con la Iglesia católica. Que implican a 220 víctimas, siendo la mitad menores de edad en el momento de los hechos.
