El secretario general de Comunes, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, ha anunciado que solicitará a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la apertura de un nuevo caso sobre los crímenes cometidos por el Estado después de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la masacre de Unión Patriótica (UP), sin descartar que puedan presentarse como víctimas en el proceso.
«La UP nació de un acuerdo entre el Estado y las extintas FARC, ahora que se conoce la responsabilidad del Estado en dicho genocidio es necesario que la JEP abra un macrocaso sobre la responsabilidad del Estado en los crímenes de guerra y de lesa humanidad», ha reclamado Londoño.
«Es una sentencia histórica que hace justicia y dignifica a quienes brindaron su vida por la paz, la democracia y el pueblo», ha ensalzado Londoño, subrayando la posibilidad de que puedan presentarse como víctimas ante la JEP ya que aquellos crímenes les obligaron a seguir en guerra con el Estado.
«Esos crímenes no solo afectaron a los más de 6.000 asesinados y desaparecidos» de la UP «sino que nos obligó a una guerra que se prolongó por más de 25 años, con millones de víctimas que nos hubiéramos ahorrado si el Estado hubiera cumplido esos acuerdos», ha dicho Londoño en su perfil de Twitter.
En ese sentido, Londoño ha recalcado que los «cambios» por los que están «empeñados» actualmente junto al gobierno del presidente, Gustavo Petro, «debieron haberse hecho realidad hace 35 años».
En esa línea se ha manifestado también el senador de Comunes, el partido surgido tras la desaparición de las FARC, Julián Gallo, también conocido como “Carlos Antonio Lozada”, quien ha recalcado que «seguramente» fueron «víctimas» ya que las «violaciones» cometidas por el Estado obligó a muchos de ellos a seguir con la lucha armada.
«Todos los que hacíamos parte de las FARC y que suscribimos a través de nuestra dirección ese acuerdo de paz fuimos víctimas porque esos incumplimientos y esa violación del Estado nos obligó a continuar alzados en armas cuando era una guerra que claramente se pudo haber detenido», ha dicho Gallo a la emisora Blu Radio.
La UP se constituyó como organización política en mayo de 1985 como resultado de un proceso de paz entre el Gobierno del entonces presidente, Belisario Betancur, y la ya disuelta guerrilla de las FARC. Los crímenes que se cometieron posteriormente contra el partido, considerados de lesa humanidad por la Fiscalía, tienen su propio proceso judicial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el caso 06.
La JEP cifra en 5.733 los miembros del partido asesinados, entre ellos varios congresistas en ejercicio y hasta dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal en 1986 y Bernardo Jaramillo Ossa en 1990, así como centenares de cargos locales.
