La investigación de la Fiscalía por una causa de contrabando de autos y motos robados en Brasil e ingresado al país de manera ilegal por Cerro Largo culminó con la imputación de nueve de las 17 personas que detuvo la Policía.
Dentro de los nueve imputados hay dos funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo, quienes inscribían los vehículos de manera irregular. Cinco de los nueve procesados recibieron prisión preventiva (dentro de esos un funcionario municipal). A los otro cuatro se les impuso medida de arresto domiciliario.
Las otras ocho personas que detuvieron quedaron en libertad, sin embargo, quedaron emplazados por la Justicia.
La investigación inició en Montevideo
Según explicó la fiscal adscripta de Cerro Largo de 2º Turno, María Caltieri, la investigación inició en noviembre. El caso comenzó a tratarse luego de que un funcionario de la oficina contralor vehicular de la Intendencia d Montevideo denunciara las irregularidades.
Dentro de los delitos imputados se encuentran la falsificación ideológica de documento público, falsificación de documento público, fraude, lavado de activos y encubrimiento.
La Fiscalía pudo comprobar que el fraude comenzó en 2019. Sin embargo, no se descarta que haya casos anteriores.
Hasta ahora los funcionarios del Ministerio Público detectaron cerca de 600 inscripciones y exoneraciones irregulares de vehículos. La mayoría de los automotores son de alta gama y representan un fraude para la Intendencia de Cerro Largo por unos 13 millones de pesos.
Hasta ahora los agentes pudieron incautar 17 autos y motos en el marco del operativo, todos estos de gama alta.
“Dentro de la operación delictiva, aproximadamente hay 50 expedientes con empadronamientos falsos, pero sabemos que hay muchos más. Se está haciendo un análisis minucioso para determinar cuántos vehículos fueron empadronados de manera ilegal. Habrá más indagados”, explicó Clatieri en rueda de prensa.
“Lo que se detectó es que desde hace dos años y medio se realiza la maniobra de empadronamiento de vehículos en la Intendencia de Cerro Largo ingresados de Brasil de manera irregular. Existía una organización delictiva”, explicó la fiscal