La decisión es en línea con la expansión del gigante asiático en el ámbito de las infraestructuras en el continente africano, y que conoce su último episodio con este nuevo contrato.
El proyecto está estimado en unos 24 millones de euros, de los cuales Tanzania aportará aproximadamente 3,5 millones. Del resto se ocupará el propio tribunal con aportaciones de «otros socios», según informa el portal de noticias The East African.
Se trata del segundo gran contrato firmado por una empresa china en este ámbito desde el pactado en abril por la China Civil Engineering Construction Corporation para la construcción de la nueva sede del organismo panafricano Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo en Yibuti por valor de unos 40 millones de euros.
China se adjudicó en 2020, según estimaciones de la firma Deloitte, al menos 31 proyectos de infraestructura a gran escala (valorados en al menos 45 millones de euros) en África, un repunte del 12 por ciento desde 2013.
La sede del tribunal será levantada en un terreno de 24 hectáreas a las afueras de Arusha y se espera que el proyecto quede completado en dos años. El tribunal, hasta ahora, tenía su sede compartida con la del servicio de Parques Nacionales de Tanzania.
La corte fue establecida en 1998 pero no comenzó a actuar hasta 2007 en medio de los grandes obstáculos que ha tenido que atravesar, en parte por el recelo de varios países hacia el llamado Artículo 34 de su constitución, que permite a individuos presentar directamente sus denuncias ante la corte sin agotar previamente los recursos judiciales a nivel nacional.
De los 34 países africanos que han ratificado el protocolo de la corte, según The East African, solo ocho han aceptado este artículo, y hasta la propia Tanzania se retiró de la cláusula en noviembre de 2019.
