Fucvam destaca preocupación sobre la rendición de cuentas

El análisis del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2022 realizado por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) ha arrojado cierta preocupación de la organización por los cambios que el Gobierno pretende realizar mediante este mecanismo sobre la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

Esta reglamentación promulgada en junio de 2008 marca las pautas con las que el Estado debe estructurar la ocupación del suelo en sectores para la habitación, para la producción y para el desarrollo de actividades humanas. Según el presidente de Fucvam, Enrique Cal, su aprobación significó un gran avance, ya que evita las ciudades híper extendidas, las urbes sin servicio en sus barrios y las zonas rurales que en realidad podrían ser parte de una zona suburbana.

En diálogo con BMZ Consultores, Cal indicó que a través de esta Rendición de Cuentas se pretenden introducirle modificaciones que catalogó como absolutamente inconstitucionales. “Este Gobierno, en su afán por hacerle los deberes al capital y a la clase dominante, llega a extremos como al que llegó con la Ley de Urgente Consideración (LUC), que fue total y absolutamente inconstitucional, y ahora intenta modificar condiciones de la judicatura que no son presupuestales”, argumentó.

La organización comparte las ideas planteadas por el director Ejecutivo del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos (IETU), Pablo Ligrone, en la publicación Atenea que expresan que la Rendición de Cuentas solamente puede modificar aspectos que tienen que ver con lo presupuestal, por lo que sería inconstitucional incluir modificaciones a la Ley 18.308 por intermedio de la misma.

La primera alerta detectada por la Federación es en la categorización de la tierra, donde se quieren flexibilizar las condiciones para cambiar la jerarquía del suelo que es uno de los negocios anexos a la construcción. “El padrón rural no se puede fraccionar porque tiene que ser destinado a la productividad. Entonces, no está obligado a tener el servicio de agua y de iluminación en la puerta.

El padrón urbano sí puede fraccionarse en múltiples padrones, hay un trámite para hacerlo, y además el Estado debe proveer los servicios a su puerta. Transformar un padrón rural a urbano es un gran negocio del capital vinculado a la especulación inmobiliaria porque yo tengo un campo que no me interesa producir, lo único que quiero es especular con él, cuando se dan las condiciones le cambio la categoría y de golpe y porrazo tengo una ganancia exorbitante sin haber hecho otra cosa que mantener mi propiedad privada a la espera de la oportunidad para el zarpazo”, explicó.

A su vez, esta modificación implica que la aprobación de estas recategorizaciones queda bajo la órbita de los Gobiernos Departamentales.

“Es un gran negocio para el capital inmobiliario que se suma a la calesita de los topes, a la declaración del monoambiente como vivienda para la habitación familiar y a la cantidad de exoneraciones que se han planteado por parte de los Gobiernos en detrimento de las clases populares y de la ciudadanía en general”, agregó Cal.

Otro de los puntos en que diside Fucvam con el proyecto elaborado por el Gobierno es en lo referido a la decisión de acomodar la normativa que marca que los primeros 150 metros de cada franja costera deben ser públicos y para uso libre de la sociedad. “A partir de las modificaciones que se quieren introducir flexibiliza la obligatoriedad de dejar libre esa franja. O sea, que si construyo un hotel puedo cerrar la playa, ponerle un muro y por aquí no pasa nadie, ya que es de uso exclusivo de quienes puedan pagar ese hotel. Eso es absolutamente inconstitucional; no tiene que ver con el presupuesto nacional, no puede ir en la Rendición de Cuentas y en todo caso tendría que ser modificado por una ley o una reforma constitucional”, denunció.

En tanto, a través de este texto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2022 quiere modificarse la prohibición de construir viviendas en zonas inundables, aspecto rechazado por Fucvam.

“Esto vuelve a ser un negocio para beneficiar al gran capital. A la construcción inmobiliaria no le va a importar si construimos viviendas para pobres en zonas inundables”, subrayó el presidente de la más antigua de las Federaciones de cooperativas de vivienda.

La clave:

“Todo eso indica que estamos ante un desconocimiento de los derechos de todo un pueblo y, por supuesto, en aras de servir al capital. Entendemos que eso no puede ser. Creo que todos los uruguayos de bien tienen que plantarse ante este tipo de atropellos. Desde Fucvam seguimos con el planteo de que las decisiones que toma este Gobierno están orientadas al beneficio de una clase social y no con los principios de ecuanimidad y de democracia que tiene que haber”

Enrique Cal – Presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam)