A todo o nada

En un escenario político marcado por la hiperpolarización y las tensiones con el movimiento sindical, el Gobierno nacional redobló su apuesta para lograr la aprobación de la reforma laboral en la Cámara alta antes de que finalice el año legislativo. Tras fracasar el primer cronograma, que apuntaba a obtener la media sanción antes de Nochebuena, el oficialismo ajustó su estrategia y se dispone a ocupar espacios clave en el Senado para acelerar el tratamiento del proyecto.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se prepara para jugar un rol central en esta nueva etapa, con el objetivo de influir en la conformación y conducción de las comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Previsión Social, instancias por las que deberá pasar la iniciativa antes de llegar al recinto. Desde el oficialismo admiten que el margen de maniobra es estrecho y que cada voto será decisivo.

Del otro lado del recinto, el peronismo y la Confederación General del Trabajo (CGT) se reorganizan para frenar lo que califican como un “tratamiento exprés” impulsado por la Casa Rosada. Desde el bloque de Unión por la Patria señalaron que el objetivo es ganar tiempo para desplegar una campaña de concientización pública que “deje al descubierto las falacias sobre las que se construyó la reforma”, en referencia a los cambios propuestos en materia de indemnizaciones, convenios colectivos y relaciones laborales.

La CGT, en sintonía con los bloques opositores, retomó contactos con senadores y gobernadores, y no descarta medidas de fuerza si el Gobierno insiste en avanzar sin consensos. En ese marco, la central obrera busca reinstalar el debate en la agenda social, advirtiendo sobre un posible retroceso en derechos laborales conquistados durante décadas.

Con un Congreso fragmentado y sin mayorías propias, el rol de los gobernadores aparece como el factor decisivo para inclinar la balanza. Tanto la Casa Rosada como la CGT intensificaron las gestiones con los mandatarios provinciales, conscientes de que sus senadores serán clave para habilitar o bloquear el avance del proyecto. El Ejecutivo apuesta a negociar apoyos a cambio de recursos, obras y acuerdos fiscales, mientras que la oposición intenta cerrar filas para evitar la aprobación del texto tal como fue enviado.

En paralelo, el oficialismo también enfrenta un desafío en la Cámara de Diputados. El presidente del cuerpo, Martín Menem, busca acelerar la conformación de las comisiones que deberán tratar el Presupuesto, conocido como la “Ley de Leyes”, con la intención de convocar a una doble sesión la próxima semana y lograr su aprobación antes del receso parlamentario. El apuro responde a la necesidad del Ejecutivo de contar con herramientas legislativas que respalden su El gobierno sabe que los mandatarios necesitan del Presupuesto para poder negociar. El feroz ajuste de la gestión libertaria dejó a las provincias al límite de sus posibilidades. En ese espectro de legisladores referenciados en sus distritos explican que “las provincias sí o sí tienen que negociar algo con el gobierno, porque si la canilla se cierra y no sale una gota, no hay forma de retener los territorios en 2027”.

Para algunos, el grifo ya comenzó a girar. En las últimas horas, Osvaldo Jaldo recibió 20.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La cifra representa el monto individual más grande transferido a una provincia en toda la gestión libertaria. El tucumano hizo méritos: fue el primer mandatario peronista en escindirse de Unión por la Patria durante el tratamiento de la Ley Bases, luego volvió a posicionarse como opositor para las elecciones, ganó en unidad con Juan Manzur y volvió a romper con el peronismo. Hoy ostenta un bloque de tres diputados propios y la reciente incorporación de la senadora, Beatriz Ávila.

En Innovación Federal, el bloque que conduce políticamente el salteño Gustavo Sáenz, creen que los peronistas Jaldo y Raúl Jalil confluirán en ese armado más temprano que tarde y califican de “ambos céntricos” a quienes reprochan las negociaciones que los mandatarios mantienen con la Casa.

La ofensiva legislativa del Gobierno se da en un contexto de creciente conflictividad social, con sectores sindicales, organizaciones sociales y partidos de oposición alertando sobre el impacto de las reformas impulsadas por el oficialismo. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que los cambios son imprescindibles para modernizar el mercado laboral, atraer inversiones y generar empleo formal.

A pocas semanas del cierre del año, el Congreso se convierte nuevamente en el escenario de una disputa de alto voltaje político, donde la reforma laboral se erige como uno de los proyectos más sensibles y controvertidos del actual período de gobierno.