Abogado de Marset: “Fue una expulsión exprés ilegal que vulneró sus derechos en Bolivia”

El abogado Santiago Moratorio, parte del equipo de defensa de Sebastián Marset junto a Rodrigo Da Silva y Michael Padula, denunció graves irregularidades en la captura y traslado del narcotraficante uruguayo desde Bolivia a Estados Unidos. En una conferencia de prensa, Moratorio calificó el procedimiento como una “expulsión exprés ilegal que vulneró derechos fundamentales».

Marset fue detenido en la madrugada del viernes 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un operativo conjunto de la Policía boliviana y la DEA. Horas después —a las 9 de la mañana— ya había sido expulsado del país y trasladado a Estados Unidos, donde permanece recluido en el Centro de Detención para Adultos William G. Truesdale en Alexandria, Virginia, a minutos de Washington DC.

Según Moratorio, “nos resulta llamativo, raro, para no decir ilegal todo lo ocurrido en Bolivia. Hubo una vulneración de derechos, un atropello a la normativa de Bolivia, no se respetó el debido proceso, mucho menos la presunción de inocencia o el derecho a defensa”. Insistió en que “no hubo proceso de extradición. Sebastián Marset no fue extraditado a Bolivia, no fue sometido a un proceso de extradición, sino que fue una expulsión exprés”.

El letrado citó el artículo 37 de la Ley de Migración boliviana (Ley 370), que establece un derecho a defensa mínimo y un plazo de al menos 15 días hábiles para que un extranjero controvierta una expulsión y pueda apelar. “La detención se dio a las 3 de la mañana y a las 9 de la mañana lo estaban expulsando del país”, señaló, agregando que “tampoco se valoró lo que establece la normativa” ni se permitió impugnar la decisión. “No se le respetó el debido proceso ni proceso de extradición, el proceso de expulsión no se ejecutó y contraviene el Código Penal boliviano, no hubo derecho a impugnar nada”.

En Estados Unidos, Marset enfrenta cargos por tráfico de cocaína y lavado de dinero a través del sistema bancario estadounidense. La DEA lo incluyó en su lista de fugitivos más buscados hace casi un año y ofrece una recompensa de hasta US$ 2 millones. Lo describen como un “narcotraficante transnacional con base en Sudamérica” y, según declaraciones de Terrance Cole (administrador DEA), como el “Pablo Escobar de la era moderna”. La red de Marset movía droga desde Sudamérica a Europa (ganancias de hasta 17 millones de euros por cargamento) y usaba “tokens” para verificar vínculos sin revelar identidades. Un colaborador uruguayo, Federico Santoro, lavó US$ 8 millones en cinco meses mediante facturas falsas y empresas pantalla.

La audiencia inicial en Virginia duró menos de cinco minutos: “Se le consultó si conocía los motivos de la detención y si contaba con defensa. En esa audiencia manifestó que está en proceso de contratación de los abogados de nuestro equipo. Fue solo eso”. Se fijó una nueva audiencia para el viernes 20 de marzo, con una tercera lectura pública de cargos en 10-14 días. La pena máxima podría llegar a 20 años, pero se reduciría si colabora. Moratorio aclaró que Marset “no hizo ninguna declaración” en la primera instancia y “ni siquiera estuvo frente al juez de juicio, estuvo delante de un juez magistrado”.

La defensa niega rumores de que Marset se entregó voluntariamente o que la captura fuera coordinada. Contrario a lo trascendido en algunos medios bolivianos, “no se acogió al silencio” en EE.UU. según el viceministro boliviano Ernesto Justiniano, aunque la defensa no lo confirma. Órdenes de detención persisten en Bolivia y Paraguay.

El caso resalta tensiones en la cooperación internacional contra el narcotráfico: la “expulsión exprés” evitó que Marset declarara en Bolivia (donde pesaban cargos) y lo llevó directamente a jurisdicción estadounidense. Moratorio enfatiza que “hubo un atropello y una violación al debido proceso en Bolivia”, cuestionando la legalidad del procedimiento bajo normas migratorias y derechos humanos.

Mientras la DEA celebra el arresto como un “paso significativo hacia una América más segura”, la defensa uruguaya prepara el terreno para impugnar irregularidades y defender en el proceso federal de Virginia.