Especialistas en derecho laboral de la Universidad de la República (Udelar) se pronunciaron a favor de reducir la jornada laboral en Uruguay y plantearon avanzar progresivamente hacia un máximo de 40 horas semanales. La propuesta surge de una investigación sobre experiencias internacionales de reducción del tiempo de trabajo.
Alejandro Castello, coordinador del equipo de investigación de la Facultad de Derecho, sostuvo que el régimen uruguayo necesita una actualización, debido a que sus principales disposiciones tienen más de un siglo de vigencia.
«El régimen de Uruguay que estableció las ocho horas y las 48 horas como tope semanal proviene de principios del siglo XX, tiene más de 100 años, es un régimen antiguo y necesita ser actualizado, revisitado, modificado», afirmó.
El especialista señaló que existe un debate internacional sobre la reducción de la jornada y que varios países de Europa y América avanzan hacia esquemas de 40 horas semanales, frente a los límites de 48 o 44 horas que todavía rigen en distintos sistemas laborales.
Entre los fundamentos de estos cambios, Castello mencionó la protección de la salud y la necesidad de mejorar la conciliación entre el trabajo, la vida personal y los estudios. También destacó que las nuevas generaciones valoran disponer de más tiempo para el ocio y otras actividades fuera del ámbito laboral.
Según el planteo, la reducción debería instrumentarse de forma gradual, mediante un proceso que permita analizar sus efectos y adaptar las condiciones de trabajo. El objetivo sería avanzar hacia una jornada más compatible con las necesidades actuales de las personas trabajadoras.
Castello agregó que la discusión no debería limitarse a la cantidad de horas semanales. Consideró necesario revisar integralmente la regulación del tiempo de trabajo, incluidas las disposiciones sobre horas extras, que calificó como antiguas y exigentes.
En ese sentido, planteó que la actualización normativa debe formar parte del diálogo entre los actores sociales. El debate involucra a trabajadores, empleadores y autoridades, en busca de criterios que permitan adecuar la legislación a las transformaciones del mundo laboral.
