La situación financiera del CASMU dio este lunes un paso decisivo luego de que oficialismo y oposición alcanzaran un acuerdo político que permitió al Senado aprobar por unanimidad el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que habilita la prórroga de la intervención de la institución y encamina el acceso a un nuevo Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos, estimado en unos 120 millones de dólares. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados que está convocada para tratar la iniciativa este martes donde se espera que estén los votos para sancionar el proyecto.
La negociación, que se extendió durante toda la jornada y culminó entrada la noche, puso fin a varios días de incertidumbre política. El Poder Ejecutivo había remitido la iniciativa con la intención de obtener su aprobación el viernes pasado, pero la falta de los votos necesarios obligó a abrir una instancia de negociación que terminó cristalizando en un acuerdo entre el Frente Amplio y la Coalición Republicana.
La jornada comenzó poco después del mediodía, cuando la Comisión de Hacienda integrada con la Comisión de Salud Pública, con participación de diputados y senadores, recibió al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, al subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, así como a representantes del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Economía y de las autoridades del CASMU.
Durante varias horas los legisladores analizaron la situación económica de la mutualista, los fundamentos del proyecto de ley y la necesidad de adoptar medidas que evitaran un agravamiento de la crisis financiera de uno de los principales prestadores privados del Sistema Nacional Integrado de Salud.
La urgencia no era menor. Este miércoles vencía el plazo de la intervención dispuesta por el Ministerio de Salud Pública y, de no mediar una resolución parlamentaria, la institución quedaba expuesta a un escenario de incertidumbre jurídica que podía comprometer el proceso de recuperación iniciado por el gobierno.
En una primera instancia, el proyecto obtuvo únicamente el respaldo del Frente Amplio en la Comisión de Hacienda integrada con Salud Pública del Senado, donde fue aprobado por diez votos en diecisiete integrantes. Sin embargo, las conversaciones continuaron durante toda la tarde y permitieron construir un entendimiento político que destrabó la votación en el plenario.
Finalmente, el Senado aprobó en general la iniciativa por 30 votos en 30 legisladores presentes, reflejando un consenso poco frecuente en torno a una de las situaciones más delicadas que enfrenta actualmente el sistema mutual uruguayo.
La Cámara Alta resolvió aprobar de inmediato la prórroga de la intervención del CASMU por un plazo de dos años, mientras que los restantes artículos, vinculados al acceso al Fondo de Garantía y otras disposiciones complementarias, continuarán siendo analizados con información adicional solicitada por los legisladores.
Un acuerdo construido sobre controles
El entendimiento político alcanzado entre el oficialismo y la oposición tuvo como eje la incorporación de una serie de mecanismos de transparencia y control parlamentario reclamados por la Coalición Republicana.
El acuerdo establece que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Parlamento información considerada esencial antes de que se apruebe definitivamente el acceso del CASMU al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos.
Entre la documentación requerida figuran el plan de reestructura de la mutualista, los informes elaborados por los interventores durante 2025 y 2026, los estados contables de los dos últimos ejercicios, el detalle de los acreedores parabancarios, la nómina de los principales proveedores y las auditorías practicadas durante los últimos cinco años.
Asimismo, el documento prevé que el Poder Ejecutivo remita informes trimestrales a las comisiones parlamentarias de Salud Pública para realizar un seguimiento permanente de la evolución de la institución y del cumplimiento de las metas comprometidas en el proceso de recuperación. El acuerdo también incorpora un compromiso político: una vez recibida esa información, los legisladores firmantes se comprometieron a aprobar el acceso al Fondo de Garantía en un plazo máximo de quince días.
Bordaberry: «Queremos toda la información»
La posición de la oposición fue expuesta por el senador colorado Pedro Bordaberry, quien destacó que durante todo el fin de semana y a lo largo de la jornada del lunes existió una intensa negociación con el oficialismo para encontrar una solución. «Todos queremos solucionar la situación. El CASMU tiene 170.000 socios y es una institución muy importante», afirmó.
El legislador explicó que el acuerdo permitió asegurar la continuidad de la intervención de la mutualista, aspecto que calificó como prioritario porque una institución intervenida no puede ingresar en concurso.
Respecto al nuevo Fondo de Garantía, Bordaberry sostuvo que la oposición mantiene disposición a acompañar la iniciativa, aunque considera imprescindible contar previamente con todos los elementos de juicio necesarios. «No es responsable ampliar algo a 120 millones de dólares sin tener toda la información y todos los documentos que necesitamos para estudiar adecuadamente las cosas», señaló.
El senador aclaró que la Coalición Republicana no cuestiona el monto previsto ni pretende reducir la asistencia financiera solicitada por el Ejecutivo. «No pretendemos bajar ese monto. Lo que decimos es: estamos dispuestos a acompañar, pero tienen que darnos la información», expresó.
Entre los documentos que la oposición considera indispensables mencionó el plan de reestructura del CASMU, los informes de los interventores y la situación de los acreedores parabancarios, sobre los cuales manifestó especial interés por conocer las condiciones financieras en que fueron otorgados esos préstamos.
«Nosotros acá no venimos solamente a creer lo que nos dicen; tenemos que chequearlo y revisarlo», concluyó Bordaberry.
Borbonet : reestructura permitirá revertir la situación financiera
El senador del Frente Amplio Daniel Borbonet destacó el acuerdo alcanzado entre oficialismo y oposición y señaló que la solución aprobada combina la continuidad de la intervención, el acceso a una herramienta financiera y un mecanismo de seguimiento parlamentario sobre la evolución de la institución.
«Se tuvo que ceder de ambas partes para alcanzar un acuerdo», afirmó el legislador, quien destacó que las negociaciones desarrolladas durante toda la jornada permitieron alcanzar consensos sobre un tema que definió como «tan importante» para el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Borbonet explicó que las comisiones de Salud Pública y Hacienda del Senado y de Diputados trabajaron durante varias horas con la participación de autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Salud Pública y del CASMU, en una instancia que calificó como «muy extensa, muy intensa y muy productiva».
El primer punto que debía resolverse era la continuidad de la intervención de la mutualista, cuyo plazo vencía este miércoles a las 22 horas. Sobre ese aspecto, el senador frenteamplista indicó que las tres bancadas parlamentarias coincidieron en la necesidad de aprobar una prórroga.
«Al principio se planteó de 90 días, de un año, se consiguió de dos años, que fue lo que originalmente vino. Creo que eso es una cosa muy importante para la institución del CASMU», afirmó.
De esta manera, la intervención continuará por un plazo de dos años, mientras que los artículos vinculados al acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos quedaron sujetos a la incorporación de información adicional solicitada por la oposición.
Según Borbonet, la exigencia de nuevos informes también resulta positiva para el proceso de recuperación de la institución. «Al oficialismo también le hace muy bien», sostuvo, al señalar que contar con mayor información permitirá fortalecer la evaluación parlamentaria sobre la situación financiera y el plan de reestructura.
El legislador confirmó además que existe un compromiso político de aprobar definitivamente el acceso al Fondo de Garantía una vez que el Poder Ejecutivo entregue la documentación solicitada.
«Hay un compromiso y creo que eso habla muy bien. Compromiso mutuo que hicimos de que los informes, cuando vengan, esperemos que así sea, en los próximos 10 días, tengan la aprobación no solamente en el Senado sino también en Diputados», expresó.
Una situación financiera estructural
Durante su intervención, Borbonet también destacó la información brindada por las autoridades del CASMU respecto al proceso de recuperación iniciado durante la intervención.
Según explicó, en los últimos ocho meses la institución logró revertir parte del déficit acumulado, aunque aclaró que se trata de un problema financiero que no surgió recientemente. «No es un déficit de un año, de dos años ni de cinco años. Estructuralmente el CASMU ya venía con una situación de los últimos 25 o 30 años», señaló.
Para el senador, la información presentada ante los legisladores permitió generar la convicción de que se está llevando adelante «una reforma adecuada, una reestructura adecuada» que permitiría, de acuerdo con los objetivos planteados por las autoridades, revertir la situación en un período inferior a dos años. En relación con el monto del Fondo de Garantía solicitado, estimado en unos 120 millones de dólares, Borbonet explicó que no se trata de recursos destinados únicamente a cubrir nuevas obligaciones, sino de una herramienta para reestructurar el conjunto de los pasivos existentes.
«Es una reestructuración que incluye todos los pasivos existentes. Por lo tanto, esos 120 millones ya incorporan todos los pasivos que tenía el CASMU», explicó. Agregó que aproximadamente un 70% del monto corresponde a deudas ya existentes, mientras que una parte adicional corresponde a intereses generados por mecanismos de financiamiento de corto plazo. «Solamente quedaría un 20% aproximado del monto que se tendría que dar», indicó.
Según Borbonet, la herramienta permitirá ordenar la situación financiera de la institución y beneficiará tanto a los usuarios como a los trabajadores. «Estamos hablando de 170.000 usuarios y 6.000 funcionarios», afirmó, al tiempo que destacó que el acuerdo alcanzado demuestra que «el diálogo a nivel del Parlamento es indudablemente el camino».
Qué establece el acuerdo político
El entendimiento alcanzado entre las bancadas establece una hoja de ruta para la aprobación definitiva del proyecto de ley que habilita al CASMU-IAMPP a acceder nuevamente al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos. La iniciativa, denominada «Acceso de CASMU-IAMPP al Fondo de Garantía» (Carpeta Nº 614/2026), prevé habilitar un financiamiento de 742.543.719 unidades indexadas destinado a la reestructuración de los pasivos de la institución.
El acuerdo establece que antes de la aprobación definitiva del acceso al fondo, el Poder Ejecutivo deberá remitir al Parlamento una serie de documentos considerados indispensables para evaluar la viabilidad del proceso. Entre ellos se encuentra el plan de reestructuración del CASMU, los informes elaborados por los interventores correspondientes a los años 2025 y 2026, las metas previstas para la recuperación institucional y los reportes de seguimiento del cumplimiento de esos objetivos.
También deberán enviarse los estados contables correspondientes a los dos últimos ejercicios, la nómina de acreedores parabancarios con el detalle de montos y titulares de los últimos tres años, así como el listado de proveedores que hayan facturado más de 500.000 unidades indexadas durante los últimos cinco ejercicios.
Además, el acuerdo incorpora las auditorías realizadas durante los últimos cinco años. Uno de los puntos centrales del entendimiento político es que los legisladores firmantes asumieron el compromiso de aprobar el proyecto dentro de un plazo máximo de quince días una vez que la información sea entregada.
De esta forma, el acuerdo busca evitar nuevas dilaciones parlamentarias y brindar certezas a una institución que atraviesa una situación financiera compleja y que cuenta con una amplia presencia dentro del sistema mutual. El acuerdo alcanzado no se limita al proceso previo a la aprobación del Fondo de Garantía, sino que establece mecanismos de seguimiento posteriores.
El Poder Ejecutivo deberá remitir informes trimestrales a las comisiones de Salud Pública del Senado y de la Cámara de Representantes, con información sobre la evolución del proceso de reestructura y el cumplimiento de las metas comprometidas.
El objetivo es que el Parlamento mantenga un monitoreo permanente sobre la utilización de los recursos públicos involucrados y sobre los avances del plan de recuperación.
