La adopción es un acto jurídico y social mediante el cual se crea un vínculo legal de filiación entre una persona o una familia y un niño, niña o adolescente que no es su hijo biológico, otorgándole los mismos derechos y obligaciones que a un hijo o hija por naturaleza. En términos simples, significa que el menor pasa a integrar una nueva familia de forma plena y definitiva, con los mismos derechos civiles, afectivos y patrimoniales: apellido, herencia, cuidado, protección y responsabilidad parental.
En Uruguay, la adopción de niñas, niños y adolescentes es un proceso legal y socialmente regulado que busca garantizar el derecho a vivir en familia de quienes se encuentran privados de un entorno familiar adecuado. La gestión está principalmente a cargo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en coordinación con los juzgados de familia, y se rige por criterios técnicos bajo el principio del interés superior del niño.
El artículo 137 del Código de la Niñez y la Adolescencia define la adopción como “un instituto de excepción, que tiene como finalidad garantizar su derecho a la vida familiar, ingresando en calidad de hijo o hija, con todos los derechos de tal, a una nueva familia”. A nivel nacional, el INAU es el órgano rector y competente para la selección y asignación de familias adoptivas.
Cuando se configuran las condiciones de adoptabilidad, por ejemplo ante un grave deterioro del vínculo familiar y la ausencia de referentes adultos que puedan asumir el cuidado, la situación se presenta ante un juez competente. Si la Justicia valida esa condición, el Departamento de Adopciones del INAU pone en marcha el proceso con las familias inscriptas en lista de espera.
El primer paso para quienes desean adoptar es solicitar una entrevista informativa en el Departamento de Adopciones. Allí reciben orientación sobre las etapas, requisitos y alcances del trámite. Posteriormente deben presentar la documentación exigida y atravesar una evaluación sociofamiliar y psicológica realizada por equipos técnicos, que analizan las condiciones emocionales, sociales y económicas del hogar.
Con la evaluación aprobada y los papeles en regla, la persona o familia ingresa al Registro Único de Aspirantes (RUA), una lista cronológica desde la cual se realizan las asignaciones. La normativa establece que este proceso de valoración no puede extenderse más de 18 meses desde la solicitud formal, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.
Cuando se identifica un niño, niña o adolescente en condiciones de ser adoptado, el INAU convoca a los aspirantes compatibles y les brinda información detallada sobre su historia y necesidades. Si aceptan la integración, comienza una etapa de convivencia asistida o tenencia provisional, supervisada por técnicos del organismo, en la que se evalúa la adaptación mutua. La formalización definitiva se concreta luego mediante una sentencia del juzgado de familia, que establece legalmente el nuevo vínculo filial.
Aunque el procedimiento puede resultar largo y complejo por las múltiples instancias de evaluación, registro y supervisión, está diseñado para asegurar que la adopción no sea solo un acto jurídico, sino una integración familiar estable, segura y sostenible en el tiempo.
En los últimos años, este esquema ha permitido un aumento sostenido en la cantidad de adopciones. Según datos oficiales del INAU, en 2025 se concretaron 147 integraciones familiares, una cifra que confirma la mejora en la gestión del sistema. El punto más alto se alcanzó en 2023, cuando el país registró 165 adopciones, el récord histórico desde que existen registros. Ese hito coronó tres años consecutivos de crecimiento: en 2022 se habían concretado 151 adopciones, en 2021 fueron 125 y en 2020 la referencia era de 106 casos.
Las autoridades del organismo atribuye esta evolución a los cambios normativos introducidos por la Ley de Urgente Consideración (LUC), que agilizaron los plazos de evaluación de las familias, unificaron procesos judiciales y redujeron tiempos administrativos, además de una reestructura técnica interna que permitió optimizar recursos y acelerar trámites.
Sin embargo, más allá de los avances institucionales y del incremento en las integraciones familiares, persiste una brecha estructural entre la demanda de los adoptantes y el perfil de los menores disponibles. Actualmente, 568 niñas, niños y adolescentes se encuentran en condición de adoptabilidad a la espera de una familia.
El principal desajuste se da en la edad: alrededor del 85% de los aspirantes busca niños de aproximadamente un año, mientras que el 80% de quienes esperan superan los 8 años. Esta diferencia implica que muchos niños mayores y adolescentes permanezcan más tiempo en hogares o centros de cuidado, lo que convierte a este grupo en el gran desafío pendiente del sistema.
En Alemania se integra al voluntariado para facilitar las adopciones de niños mayores de 6 años Personas que asumen el rol de madrinas o abuelas colaboran como mentoras ofreciendo tiempo de fines de semana a los chicos bajo la supervisión del organismo responsable Después que se generan vínculos de afecto duradero muchas veces son adoptados En Uruguay la institución del padrinazgo tiene solo una connotación económica en la mayoría de las Organizaciones y no tiene en cuenta el vínculo personal lo cual es un error