Felipe Rotondo, presidente de esa unidad, explicó que en la ley n° 18.331 se reconoce la protección de datos personales como un derecho humano fundamental que protege a las personas.
El Día Internacional de Protección de Datos Personales se vincula al convenio firmado el 28 de enero de 1981 por el Consejo de Europa, primer tratado internacional en materia de protección de datos, ratificado por Uruguay en 2012.
La ley n° 18.331, del 11 de agosto de 2008, reconoce en Uruguay la protección de datos personales como un derecho humano fundamental y se aplica a datos registrados en cualquier soporte que permita tratarlos y utilizarlos, tanto en el ámbito privado como en el público. “Es un derecho que protege los datos y a las personas titulares de estos”, señaló, en diálogo con Comunicación Presidencial, Felipe Rotondo.
Asimismo, informó que las empresas que manejan datos sensibles deben evaluar los impactos y contar con un delegado de protección de datos, como parte del principio de responsabilidad proactiva. En ese sentido, Rotondo explicó que la unidad que integra imparte cursos de capacitación a funcionarios públicos y delegados de empresas en esa área.
Agregó que todos los organismos estatales deben contar con un referente en la materia, así como las empresas privadas que manejen información sensible, un volumen de datos de más de 35.000 personas o realicen transferencias internacionales. Se debe comunicar a la unidad los nombres de estos delegados y trabajar de manera conjunta con los equipos de cada institución para asegurarse de que la protección está contemplada en los productos o servicios ofrecidos.
Explicó que se trata de cualquier información relativa a la identificación de una persona, como, por ejemplo, nombre, apellido, dirección, teléfono, número de cédula de identidad, RUT, huella digital, número de socio, una fotografía o la voz, y sostuvo que la ley establece niveles de protección para distintos tipos de datos.
Resaltó además que los principios de finalidad, reserva o confidencialidad, así como el consentimiento informado de la normativa.
