Un grupo de sectores políticos del Frente Amplio emitieron una declaración con respecto al llamado “proyecto Neptuno”, promovido por el directorio de OSE y también la eventual instalación de una isla artificial en las costas de Montevideo. Se trata de Casa Grande, Movimiento Cambio Frenteamplista, Partido Socialista de Uruguay y el Partido por la Victoria del Pueblo. La declaración indica que «ambos proyectos son muy distintos pero tienen en común los graves impactos sociales y ambientales que produciría su realización. Además vuelven a poner en evidencia un modelo de relación entre lo público y lo privado que tiende a mercantilizar los bienes públicos».Las agrupaciones mencionadas manifestaron «nuestra absoluta oposición al “proyecto Neptuno” ya que mercantiliza el agua, privatizando su captación y potabilización, y vulnera el artículo 47 de la Constitución de la República, donde se consagra el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental que no debe ser objeto de lucro por parte de privados».
A su vez se rechaza «el manejo poco riguroso que hace el gobierno de los costos del proyecto, aumentando sustancialmente lo ya previsto en una propuesta del gobierno anterior, avalada técnicamente y con el apoyo de sectores sociales y políticos de Florida. Sostenemos que el Plan recientemente anunciado afecta la faja costera de Arazatí, el acuífero Raigón, y el área protegida del Santa Lucía, y a las comunidades involucradas las cuales se han manifestado en contra del mismo». Las agrupaciones denuncian «la inacción del Ministerio de Ambiente frente a la situación de contaminación y eutrofización grave de la Cuenca del Río Santa Lucía. Reiteramos la urgencia de poner límites efectivos a los contaminantes que llegan a los cursos de agua. Nos solidarizamos a su vez con la lucha de las y los trabajadores del Ministerio, ya que sin vehículos ni recursos humanos no puede cumplir con su tarea». Por otra parte indican que las medidas que deben tomarse para limpiar la cuenca del río Santa Lucía están claras a la vez de manifestar la «preocupación por la calidad del agua del Río de la Plata que no puede garantizarse únicamente con medidas de índole nacional, dado que depende de las acciones que tomen Argentina, Brasil y Paraguay, incrementándose los riesgos para nuestro país». En relación a la iniciativa de construir una isla artificial en la costa de Montevideo hicieron suyas lasdeclaraciones de FUCVAM y de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, «en las que se detallan los efectos negativos que en materia urbanística y ambiental tendría la concreción de este proyecto, y se denuncia la lógica privatizadora y segregacionista que el mismo supone».
«Sobre este tema celebramos la actitud del Gobierno Departamental de Montevideo al rechazar esta iniciativa, exponiendo con claridad y solidez los fundamentos de esa decisión. A su vez expresamos nuestra preocupación por la insistencia del gobierno nacional que, en alianza con poderosos intereses privados, cuestiona la decisión departamental y anuncia el posible desarrollo del proyecto en otra zona del país. De este modo las autoridades de gobierno en lugar de ser garantes del bien común se convierten en promotoras y emisarias de negocios particulares» se agrega en el comunicado.
