El presidente argentino, Alberto Fernández, y 12 gobernadores provinciales de las 24 jurisdicciones del país reclamaron al Congreso que emprenda un juicio político en contra de los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño.
«Solicitan la apertura del procedimiento de juicio político respecto de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», reza el texto enviado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, luego de que el tribunal ordenara al Gobierno aumentar el porcentaje de impuestos que debe transferir a la ciudad de Buenos Aires.
Horas antes, Alberto Fernández había anunciado que impulsaría esta medida contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, así como contra los otros tres integrantes, «para que se investigue su desempeño».
La medida cautelar dictada el 21 de diciembre por la Corte Suprema de Argentina amplía de 1,4% al 2,95% el porcentaje de unos impuestos que el Estado debe transferir a la ciudad de Buenos Aires, denominados fondos coparticipables. La decisión del máximo tribunal del país sudamericano incrementa los fondos que el Gobierno Federal debe entregar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), algo que fue considerado por Fernández como «imposible de cumplir». Con este fallo, se determina entregarle a la ciudad capital el 2,95% de los impuestos compartidos entre la nación y los Gobiernos de las distintas provincias del país.
A esta medida también se opusieron los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
