Alfie reveló informe de OPP sobre la «causa de la baja de los delitos»

El informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) sobre la evolución del delito en el país fue subido a la página de la repartición del Poder Ejecutivo el viernes 8 de julio, a 48 horas de que su existencia tomara estado parlamentario.

La existencia del informe se reveló en el Parlamento, durante la visita del equipo económico a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados para la presentación de la Rendición de Cuentas. 

Durante la reunión, el legislador Sebastián Valdomir (609) afirmó: “El gobierno y todo el sistema político se tienen que poner de acuerdo acerca de si la pandemia es un impacto para toda la economía y, por ende, para toda la vida social, o solamente es un impacto para algunas cosas y, para otras, es un beneficio”.

“Lo mismo ocurre con el escenario internacional. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reforma estructural de la inserción internacional, yo aquí recibo el informe de 2021 y quiero saber si este récord en materia de exportaciones se explica por algo que haya hecho este gobierno entre 2020 y 2022, que son atravesados por esta rendición, o si esto viene con habilidades y facultades institucionales generadas previamente en el marco del Estado uruguayo por los sucesivos gobiernos que han venido administrando la cosa pública en las últimas décadas”. 

“Yo recuerdo cuando se discutía que el Frente Amplio había dilapidado el viento de cola. Bueno, ahora que hay un huracán, eso no me lo ponen en primera línea, sobre todo, para decir, que esto, de alguna forma, beneficia o está apuntalado por algunos pasos concretos que se han dado en materia de mejorar la inserción internacional de nuestro país”, sostuvo Valdomir.

“Quiero que se transparente un poco esta circunstancia acerca de si consideramos el impacto internacional solo desde un punto de vista negativo o si lo consideramos en su totalidad y entendemos que si bien ha habido impactos, ha habido beneficios”.

Minutos más tarde, luego de la intervención de varios representantes nacionales, el titular de la OPP, Isaac Alfie, dijo: “El diputado Valdomir hizo como una consulta hablando de impactos versus beneficios y preguntó qué es lo que nosotros consideramos de la situación”.

“Está claro que en una situación como la actual siempre hay un impacto mayor que el beneficio. En una situación como la actual, en la que la inflación internacional está desbordada como hace cuarenta años no se veía, en la que los pronósticos de estanflación no son poco comunes ojalá no se den”

“El diputado Valdomir hablaba de un huracán de cola. Bueno, yo le digo que hay que mirar los valores reales de las exportaciones agrícolas actuales para ver que son inferiores a los del 2012 y 2013 en términos reales”, prosiguió Alfie. “En todo caso es un huracán que tiene un grado inferior ya no es Grado 5; capaz es un Grado 4 a los anteriores. Además, para que esto realmente tenga un efecto duradero tiene que perdurar”. Fue entonces cuando el director de OPP reveló: “Nosotros en la Oficina tenemos un estudio que no publicamos sobre cuál es la causa de la baja de los delitos. Lo podríamos colgar de la página web pero como es un estudio técnico no quisimos someter a los técnicos a la discusión política”. 

“El estudio es rotundo en cuanto a que se trata de un cambio de política; en términos estadísticos, aplicando las técnicas estadísticas usuales, lo que da es un cambio de política, de forma de actuar y que no es significativo el cambio de movilidad en los estudios estadísticos; no es significativo”.

A consecuencia de la información ofrecida por Alfie, Valdomir cursó un pedido de informes firmado junto con el coodinador de la bancada del FA, Gustavo Olmos (Corriente Seregnista-Progresista) a la OPP, preguntando por el informe.

El análisis fue publicado tras la instancia parlamentaria y se trata de un informe preparado por el lead economist del Banco Mundial Edgardo Favaro, también asesor de la OPP uruguaya. Se trata de un material digitalizado como archivo PDF de 23 páginas. 

El informe

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) subió a su página web una nota que “analiza el rol de la efectividad de la acción policial en la evolución del número de rapiñas en las últimas tres décadas”, relativizando el impacto de la disminución de la movilidad por la pandemia en la caída del delito.

Según el informe: “El análisis muestra que la variación en el número de rapiñas (RAP) esta negativamente asociado con el riesgo de delinquir percibido por un criminal”. “El riesgo asociado a delinquir aumenta por un aumento en el número de personas privadas de libertad (PPL) y/o una baja en el número de RAP y las consecuencias en uno u otro caso son muy distintas desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto”, añade. Para la investigación del asesor de la OPP, Edgardo Favaro, “la baja en el número de denuncias está fuerte y positivamente asociada con un aumento de la probabilidad de terminar encarcelado, esto es, a mayor probabilidad de ser apresado, mayor el costo de delinquir y menor la cantidad de personas dispuestas a ello”. “La mejora del bienestar de la población depende más de la baja en el número de delitos que del aumento en el número de PPL. Una vez que el crimen se cometió el daño no puede ser reparado”. “Identificar y castigar a los culpables importa porque reduce los incentivos a delinquir y “saca de circulación” a individuos peligrosos para la sociedad, pero es en extremo costoso”. “La baja de la movilidad tuvo un efecto favorable en reducir el número de rapiñas pero tiene un poder explicativo muy inferior al del aumento de la probabilidad de terminar encarcelado en la explicación de la baja de delitos en los últimos dos años”, acota el escrito en poder de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). “Es importante desarrollar políticas públicas para atender el elevado número de personas sirviendo medidas alternativas a prisión”, sentencia Favaro. 

Hay que fortalecer la actividad policial con recursos

“Este documento contesta dos preguntas”, plantea Favaro:“La primera pregunta es: ¿cuál es el instrumento más efectivo para reducir la criminalidad en el país hoy?”. “La respuesta es fortalecer la actividad policial con recursos, entrenamiento y especialmente reforzando su imagen como proveedora de un servicio de alto valor para el ciudadano”. 

“La segunda pregunta es ¿cuál ha sido el rol de la baja de la movilidad versus el de una policíaque se sintió respaldada para cumplir su función en la baja de la criminalidad en 2020-2021? La respuesta es que la menor movilidad ayudó pero tuvo un rol menor en los resultados alcanzado”, asevera el informe. “A diferencia del pensamiento predominante, este documento atribuye el rol dominante en el crecimiento exponencial de la rapiña durante las tres últimas décadas al escaso respaldo que sucesivas administraciones prestaron a la policía nacional en el cumplimiento de su función durante el periodo”. “Este pensamiento fue especialmente dañino en tanto no contrapuso opinión a la que identificaba a la policía como una institución represora”, sentencia. “El desestimulo resultante se tradujo en una baja de la capacidad disuasiva de la policía para prevenir delitos”. “En segundo lugar, la policía nacional ha contado con un acotado respaldo presupuestal para realizar su función”, asegura.

Se olvidaron del preso secuestrado dentro del Comcar

Un recuadro aparte del informe se refiere a la situación de la persona privada de libertad que fuera secuestrado dentro del Comcar por otros reclusos. Según el escrito, “un par de semanas después el tema perdió interés público”. “Dos razones detrás de esta realidad: mejorar las condiciones en que viven los presos tiene un costo de oportunidad muy elevado entérminos de programas que habría que sacrificar para alterar radicalmente su situación”. “En segundo lugar, alterar esta realidad no es un programa prioritario para la población que ha sufrido las consecuencias de un crecimiento exponencial de la criminalidad durante las últimas tres décadas”.

Nuevo Código influyó en el número de reclusos

La implementación del nuevo Código tuvo en lo inmediato consecuencias en el número de personas privadas de libertad (PPL) en el país que se corregirían en años posteriores. “El 1º de Noviembre de 2017 entró en vigencia el nuevo Código de Proceso Penal. El nuevo Código sistematiza las disposiciones de varias leyes promulgadas en los años anteriores”, plantea otro recuadro del informe. “Como resultado de las reformas introducidas, el proceso penal pasa a ser acusatorio, adversarial, oral y público; estas reformas, permiten agilitar una mayor agilidad y acotan la prisión preventiva”. “Las disposiciones introducidas incluyen entre otros: A los procesos de adolescentes a los que se imputan infracciones, se consagraron nuevas soluciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia; en cuanto a los procesos de adolescentes a los que se imputan infracciones, se consagraron nuevas soluciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia”. “En el caso de los procesos de familia, la ley 17.514, de 2 de julio de 2002, consagró soluciones procesales referidas a la violencia doméstica, y más recientemente la ley 19.580, de 22 de diciembre de 2017, previó soluciones para la violencia contra las mujeres basada en género”, acota. 

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