La Justicia federal de Lomas de Zamora irrumpió en las últimas horas en las oficinas de Fernando Julián Martínez, actual director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una investigación que sacude los cimientos del organismo: presuntos vínculos irregulares con empresas proveedoras de alimentos en mal estado para los detenidos.
La medida fue ordenada por el juez Federico Villena y se apoya en la hipótesis de que el SPF habría tolerado —o facilitado— una cartelización del servicio de comida en la cárcel de Ezeiza, valiéndose de firmas “pantalla” para esquivar sanciones judiciales previas. Detrás de las licitaciones, sospechan los investigadores, se tejió una red que mantuvo intactos los negocios, disfrazando a los mismos actores bajo otros nombres.
Un allanamiento tenso y un celular que nunca apareció
El operativo no fue un trámite. Testigos describen momentos de fuerte tensión cuando los agentes intentaron incautar el teléfono personal del funcionario. Martínez, siempre según las fuentes del expediente, entregó primero un aparato viejo, fuera de uso. Ante el requerimiento puntual por el dispositivo que utiliza cotidianamente, aseguró haberlo “perdido” esa misma mañana.
La explicación comenzó a resquebrajarse rápidamente. Un informe técnico determinó que el presunto celular extraviado había registrado su última señal en una antena de Barracas apenas una hora antes del allanamiento. Para el magistrado, el dato habilita una sospecha mayor: que Martínez habría recibido un aviso anticipado y decidió deshacerse del aparato para evitar el secuestro de posibles pruebas.
El negocio detrás de la comida en mal estado
El origen de la causa se remonta a denuncias reiteradas sobre alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza. Peritajes de la ANMAT detectaron bacterias como Escherichia coli en niveles incompatibles con el consumo humano. Frente a esos resultados, el juez prohibió a la empresa Foodrush continuar con el servicio.
Pero la trama se volvió más compleja cuando, tras el desembarco de la nueva prestataria —Bio Limp—, se comprobó que camiones, personal y facturación seguían orbitando alrededor de la firma sancionada. Bio Limp, concluyeron los investigadores, habría funcionado como una fachada para mantener en pie el mismo negocio. En una escena que ya quedó grabada en el expediente, Villena incluso probó personalmente la comida dentro del penal y terminó descompuesto, describiendo el episodio como “vomitivo”.
Poder, trasfondo y movimientos incómodos
Fernando Martínez llegó a la conducción del SPF en marzo de 2024, designado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con su arribo, el organismo culminó un proceso de traslado institucional: pasó de depender del Ministerio de Justicia a la órbita de Seguridad, cambio que reconfiguró mandos y responsabilidades.
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el vehículo en el que se desplazaba el funcionario. Se trataba de una camioneta con pedido de secuestro, registrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, histórico referente de la feria La Salada y actualmente prófugo. El dato, aunque lateral, reforzó el clima de sospecha alrededor del caso.
Apoyos, resistencias y una Justicia que avanza
La fiscal Cecilia Incardona planteó la nulidad del operativo, pero Villena se mantiene firme y cuenta con el respaldo político de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien expresó su voluntad de colaborar con la pesquisa. La cartera habla de la oportunidad de desarmar “mafias enquistadas desde hace años” en el sistema penitenciario.
Por ahora, el expediente avanza con prudencia pero sin retrocesos: cruces de llamadas, peritajes informáticos, declaraciones y un teléfono que, paradójicamente, podría explicar mucho si reapareciera. Mientras tanto, el caso expone una pregunta que atraviesa los muros de Ezeiza y alcanza al poder político: ¿quién controla realmente el negocio de alimentar a los presos y cuánto costó mirar para otro lado?
En el centro de la escena queda el director del SPF, bajo el lente de una investigación que ya dejó en evidencia que, cuando se trata de comida, contratos y poder, el sistema carcelario no solo encierra —también revela.
