Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Perú a cesar «de inmediato» el «uso excesivo de la fuerza» contra los civiles que siguen manifestándose contra el Gobierno de Dina Boluarte, después de que hayan perdido la vida ya más de 40 personas en protestas.
Para la ONG, el fin de la represión está llamado a ser un «primer paso» para salir de la actual crisis política y social, que sólo esta semana ha dejado 18 víctimas mortales, entre ellas un policía atacado por una turba ciudadana en la región de Puno.
La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, ha advertido en un comunicado de que «el alto número de muertes» y «la gravedad de los hechos» merecen una rendición de cuentas al «máximo nivel», por lo que ha emplazado a la Fiscalía a investigar también a quienes «ordenan» o «toleran» los excesos. La responsable de la ONG en Perú, Marina Navarro, comparte esta malestar: «La represión estatal en contra de manifestantes y la pérdida de vidas humanas está agudizando la crisis». En este sentido, ha señalado que «el pueblo no debe de pagar el costo de la crisis política que está atravesando el país» tras el cambio de diciembre en la Presidencia.
Amnistía Internacional, que pide examinar la labor de las fuerzas de seguridad en todos los niveles jerárquicos, ha cuestionado el estado de emergencia decretado hace casi un mes y ha reclamado que se esclarezca cualquier posible violación de los Derechos Humanos durante este tiempo.
