La persistente negativa del gobierno de Javier Milei a acatar decisiones del Congreso —en especial las leyes de financiamiento universitario y de emergencia para personas con discapacidad— revela una crisis democrática profunda. No se trata de un conflicto institucional aislado, sino de un proceso sistemático que combina desobediencia del Ejecutivo, complicidad judicial y compra de voluntades parlamentarias.
- La dimensión política y estructural: un laboratorio de la extrema derecha global
La Argentina de Milei se ha convertido en un laboratorio de ensayo para la extrema derecha internacional. A diferencia de episodios visibles y violentos como la toma del Capitolio en Estados Unidos o el levantamiento bolsonarista en Brasil, el caso argentino opera de manera silenciosa y persistente: erosiona la democracia desde adentro, vaciando de contenido la voluntad legislativa. El Congreso aprobó dos leyes de enorme relevancia social. La Ley de Financiamiento Universitario fue vetada por el Ejecutivo y luego ratificada con mayoría especial. La Ley de Emergencia para Personas con Discapacidad siguió el mismo camino: aprobada con 63 votos a favor y solo 7 en contra, y con el veto revertido el 4 de septiembre de 2025, algo que no ocurría desde hacía veintidós años. La reacción del gobierno no fue acatar la ley, sino judicializarla. Aun después de que la Corte Suprema confirmara la constitucionalidad de ambas normas, la administración se negó a ejecutarlas. Un juez federal impuso al jefe de Gabinete, Diego Santilli, una multa diaria de 100.000 pesos por desobediencia. La multa corre. Los fondos no llegan. Milei lo explicitó sin rodeos: “Si el Congreso insiste en aumentar el gasto, lo vetamos; si el veto no alcanza, lo judicializamos; si la judicialización falla, lo recortamos de otro lado.” Es una hoja de ruta para neutralizar al Parlamento. Y el argumento fiscal es insostenible: el costo de la ley de discapacidad representa apenas entre el 0,28% y el 0,51% del PIB, según estimaciones independientes.
Cuando la presión judicial tampoco alcanza, aparece otro mecanismo: la compra de voluntades. En octubre de 2026, la oposición intentó convocar una sesión especial para prorrogar la emergencia por discapacidad y derogar el DNU 70/2023. Faltaron ocho diputados para el quórum. La mayoría respondía a gobernadores aliados —Jaldo, Pullaro, Sáenz—. Uno de ellos incluso había firmado la convocatoria y luego se ausentó. La explicación que circuló entre los legisladores opositores fue directa: viaje presidencial a Francia, billetera generosa, presiones y dádivas. El resultado es una democracia que no reacciona con la velocidad necesaria. El Estado de derecho se resquebraja a la vista de todos, mientras la sociedad —fragmentada, fatigada, anestesiada— no logra articular una defensa eficaz de las instituciones que la Constitución ordena proteger.
- La dimensión psíquica: el trauma atávico contra la universidad pública y los discapacitados
Más allá de la ingeniería política, existe una dimensión psíquica que explica la virulencia del ataque. No es solo cálculo fiscal ni estrategia de poder: es una reacción visceral, anclada en traumas atávicos que atraviesan al presidente y a su círculo íntimo.
La universidad pública como espejo intolerable
La universidad pública encarna todo aquello que Milei no pudo ser. Es el espacio donde la inteligencia no se compra, donde el mérito no se declama sino que se demuestra, donde el conocimiento se produce colectivamente y no se reduce a un currículum inflado con premios de instituciones sin prestigio real. Por eso la desfinancia. Por eso la asfixia. No soporta la existencia de un ámbito de excelencia que no depende de él, que no lo legitima, que no se deja comprar. La universidad pública es un recordatorio permanente de una carencia narcisista que su discurso no logra encubrir.
El discapacitado como “otro absoluto”
El ataque a las personas con discapacidad revela un mecanismo psíquico distinto, pero igual de profundo. La extrema derecha global convierte al diferente —inmigrante, minoría sexual, discapacitado— en blanco de exclusión. El discapacitado es el “otro absoluto”: el que no produce, el que no compite, el que no encaja en la lógica del mérito y del mercado. Desde una perspectiva psicoanalítica, esta reacción puede leerse como una defensa frente a la propia vulnerabilidad. El sujeto que ha sido humillado o excluido en su historia temprana puede desarrollar una estructura basada en la identificación con el agresor y en la destrucción compulsiva de aquello que le recuerda su fragilidad. La universidad pública devuelve la imagen de una excelencia no alcanzada; el discapacitado, la imagen de una vulnerabilidad intolerable.
III. Lo que está en juego
No se trata solo de dos leyes incumplidas. Se trata de un modelo de gobierno que considera al Congreso un obstáculo, a la justicia un trámite, a las leyes sugerencias y a los derechos de los más débiles gastos prescindibles. Es la institucionalización de la desobediencia constitucional como método de gobierno. Uruguay, que ha construido una democracia sólida sobre el respeto a las instituciones, tiene algo que decir frente a este proceso. No desde la superioridad moral, sino desde la experiencia histórica: las democracias no se defienden solas. Se defienden con instituciones fuertes, ciudadanía alerta, prensa libre y una decisión colectiva de impedir que el autoritarismo se disfrace de eficiencia. La Argentina de Milei es una advertencia. Lo que allí ocurre no es un accidente: es un ensayo. Y los ensayos, cuando no se detienen a tiempo, terminan en estreno.
