El presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró el viernes la “guerra contra la inflación”.
Es la enésima que inicia el país sudamericano, siempre sin éxito. Esta vez, espera Fernández, será diferente.
El jueves, el Congreso argentino aprobó el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de 45.500 millones de dólares contraída en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri. El presidente decidió entonces relanzar su Gobierno con la vista puesta en el problema que más altera el humor de los argentinos. El IPC de febrero subió 4,7% con respeto al mes anterior y un 52,3% interanual. El grueso de los aumentos se concentró en los alimentos, con una subida promedio de 7,5%.
Los argentinos esperaban en la noche de viernes que Fernández presentase un paquete de medidas contra la inflación. Pero el presidente se limitó a dar lineamientos generales, con la promesa de que los detalles serán anunciados más adelante por sus ministros. “Llevamos 10 años consecutivos con una inflación de dos dígitos. Cuando asumí mis funciones en diciembre de 2019, Argentina registraba una inflación que orillaba el 54% anual”, recordó. No le ha ido mejor a Argentina desde entonces. La subida del IPC fue del 36% en 2020 y volvió a dispararse hasta el 50,9% en 2021, con la reactivación que siguió a la pandemia. Fernández ha dicho esta noche que la invasión de Rusia a Ucrania complicará aún más las cosas.
“El precio interno del trigo que se utiliza para el pan, que se estaba comercializando en torno a los 26.000 pesos por tonelada antes del 20 de febrero, se elevó rápidamente a valores superiores a los 30.000 pesos apenas iniciado el conflicto, y en los últimos días supera los 35.000 pesos por tonelada”, lamentó. Se comprometió entonces a “proteger de esas consecuencias económicas a la mesa de los argentinos”.
La receta
La receta es una suma de medidas ya conocidas, incluso algunas ya en vigencia, como una canasta de alimentos con precios máximos. La novedad ha sido la creación de un fideicomiso que se utilizará para desacoplar el precio internacional del trigo con el del mercado interno. Sucede que cada subida en el precio de las exportaciones de grano argentino beneficia el ingreso de divisas, pero también hace subir lo que pagan en pesos los argentinos en casa. Al fondo de estabilización -está por verse cómo se financiará- se le sumará una convocatoria general a empresas, sindicatos y productores agropecuarios “que permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación”, dijo Fernández.
La inflación es un mal endémico argentino. Un informe de la consultora GMA Capital estableció que desde el fin de la convertibilidad del peso por el dólar, hace 19 años, la subida acumulada de los precios fue del 8.224%. Y todos los intentos por contenerla han fallado. El Gobierno de Mauricio Macri recibió de Cristina Kirchner una inflación del 26,9%. Aplicó entonces una receta monetarista: redujo a cero la emisión y subió las tasas en pesos para desalentar la compra de dólares. Para financiarse, recurrió al crédito internacional. El ultimo hito fue un préstamo de 57.000 millones de dólares que le dio el FMI en 2018, de los cuales llegó a recibir 45.500 millones. Nada alcanzó: el último dato de inflación de Macri fue de 53,8%, el más alto desde 1991.
A Fernández no le fue mejor, aunque aplicó una receta contraria a su predecesor. Sin financiamiento externo (en 2019 el país ya estaba en cesación de pagos tanto con sus acreedores privados como con el FMI), encendió la máquina de imprimir moneda y financió el rojo fiscal con pesos. Solo en 2021, el Tesoro giró al Estado nacional 2,1 billones, equivalentes al 4.8% del PIB. La inflación se mantuvo firme por encima del 50%. Uno de los compromisos de Argentina con el FMI es ahora reducir la impresión de dinero y, al mismo tiempo, bajar el déficit fiscal.
El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, celebró durante las negociaciones que el FMI había reconocido que, al menos en Argentina, la subida de los precios es “multicausal”. No alcanza, entonces, con bajar la cantidad de circulante o subir las tasas. Fernández volvió a hablar el viernes de problemas “multicausales”. “Para atacar la inflación debemos acumular reservas, mejorar el crédito público, desacoplar los precios internos de los internacionales, trabajar sobre las políticas de ingresos y precios al mismo tiempo y tomar una batería de medidas en las que múltiples actores son imprescindibles”, dijo.
El acuerdo con el FMI, finalmente, exige a Argentina una subida de las reservas y un férreo control del déficit fiscal, que debe bajar hasta el 0,9% del PIB en 2024. Argentina deberá además reducir los subsidios a la energía, equivalentes al 2,3% del PIB y responsables de buena parte del rojo fiscal. Sin subsidios, subirán las tarifas de gas, electricidad y transporte. Y con ello la inflación. En esa encerrona están Fernández y, con él, los argentinos.
