La Asociación de Magistrados del Uruguay solicitó a la Suprema Corte de Justicia (Scj) que investigue las acciones de un individuo condenado por terrorismo de Estado dirigidas hacia la familia de la jueza que lo procesó. Según se denuncia, la persecución habría comenzado después de que en junio de 2023, la jueza de San José, María Merlo, condenara a los militares Francisco Macalusso y Rubens Francia a 12 años de prisión por reiterados delitos de privación de libertad y tortura.
La justicia determinó en dos instancias, que tanto Macalusso como Francia participaron como coautores en actos de tortura y detención de integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y del Partido Comunista del Uruguay (PCU) durante la dictadura militar, específicamente en el Batallón de Infantería N°6. La AMU expresó a través de un comunicado “su profunda preocupación por la investigación a la vida privada de una jueza y la de su familia (hijo, hermano, sobrina y madre fallecida) por parte de familiares de una persona condenada por delitos cometidos en la dictadura”.
Tras la condena, la jueza reportó que el hijo de Macalusso investigó su cuenta de Facebook y presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia, acusándola de emitir «expresiones político-partidarias» en sus redes sociales, lo que según él, influía en su imparcialidad al juzgar casos. Esta acusación fue rechazada por la Asociación. La denuncia fue ampliada posteriormente por parte del hijo del condenado quien agregó que otros familiares de la jueza Merlo también hacían comentarios a favor del Frente Amplio en redes sociales.
En respuesta, la Suprema Corte de Justicia inició un sumario contra Merlo, una decisión que generó descontento en la Asociación, debido a que los familiares de los magistrados no están sujetos a restricciones sobre expresiones partidistas. Como ejemplo de esta contradicción, la Asociación señaló que la presidenta de la SCJ, Elena Martínez, está casada con el diputado colorado Ope Pasquet. “Nos genera gran preocupación que la Suprema Corte de Justicia de curso a denuncias que violan la vida privada de una magistrada y la de su familia”, expresan los magistrados en el comunicado.
“La vida privada de los jueces y la de sus respectivas familias no puede ser producto de pesquisas secretas por parte de persona alguna, y desde ya expresamos que nuestros familiares no se encuentran alcanzados por ninguna incompatibilidad o prohibición establecidos por la Constitución de la República”, agregan los agremiados. Finalmente la agremiación de jueces expresó el apoyo a su colega quien según denuncian “está sufriendo un acoso personal y familiar” y solicitan a la SCJ que “realice la denuncia penal pertinente ante hechos con apariencia delictiva”.
En 2023, Francisco Macalusso fue condenado por múltiples actos continuados de privación de libertad en su modalidad especialmente agravada, junto con repetidos delitos de tortura, a una pena de 12 años y 6 meses de prisión. Los condenados presentaron una apelación contra el fallo. Sin embargo, el tribunal de apelaciones ratificó la condena el 14 de febrero de 2024.
La familia de un torturador quejándose por la afiliación política de uan magistrad e investigando. Acaso sueñan con un golpe militar tipo secuesro como en los viejos tiempos? Es más grave de lo que parece y lo pero que podría pasar es que el estado mire para el costado.