Alfredo Ángel Asti Carli es contador público y licenciado en Administración por la Universidad de la República. Actualmente es vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), designado el 27 de mayo de 2025.
El poder de controlar también necesita límites. Esa debe ser la premisa de cualquier discusión sobre la JUTEP y sobre el papel de Asti. No alcanza con invocar la defensa de la ética pública para dar por correcta una actuación. La legitimidad se construye con procedimientos claros, criterios uniformes y razones que puedan ser examinadas. Cuando esas condiciones faltan, corresponde reclamar explicaciones con la misma firmeza con que se exige transparencia a los demás.
La crítica debe ser precisa. Que un organismo examine la conducta o las obligaciones de un senador no demuestra, por sí mismo, que exista persecución. Los legisladores no tienen derecho a quedar fuera del escrutinio por su investidura, su partido o su trayectoria. Pero tampoco alcanza con anunciar un examen para instalar públicamente una sospecha de irregularidad. Entre controlar y condenar existe una distancia que una institución seria debe respetar.
Por eso, la discusión sobre Asti no debería quedar reducida a simpatías personales ni a reflejos partidarios. Corresponde preguntar qué actuación se cuestiona, con qué fundamento se inició y si se aplican los mismos criterios a situaciones comparables. Sin esas respuestas, la controversia puede convertirse en otro enfrentamiento donde cada sector defiende a los propios y reclama dureza para los ajenos.
Un organismo de control no puede funcionar como escenario de protagonismo individual. Sus integrantes tienen una responsabilidad institucional que exige prudencia y capacidad para distinguir lo que saben de lo que presumen. La exposición pública no reemplaza el trabajo técnico. Una declaración contundente puede ganar titulares, pero no vuelve más sólida una conclusión ni subsana un procedimiento débil. La ética pública merece algo más que gestos de autoridad.
El problema aparece cuando alguien interpreta que ocupar un lugar de vigilancia lo sitúa por encima de quienes debe examinar. Esa tentación debe ser cuestionada, cualquiera sea el nombre o la pertenencia política. El cargo habilita a cumplir una función, no a administrar reputaciones según convicciones personales. Controlar exige rendir cuentas sobre cómo se controla. También exige aceptar preguntas y objeciones sin descalificarlas automáticamente como ataques a la transparencia.
Hay una diferencia decisiva entre reclamar documentación y sugerir culpabilidades; entre señalar un incumplimiento comprobado y alimentar una controversia sin explicar sus fundamentos. Si una actuación afecta la imagen de un senador, la comunicación institucional debe reflejar con exactitud el estado del asunto. Una consulta no es una sanción. Una observación no prueba corrupción. La opinión pública tiene derecho a conocer esas diferencias.
La política uruguaya tampoco puede utilizar esta discusión como excusa para blindarse. Sería igualmente grave desacreditar todo control porque resulta incómodo. La respuesta debe ser aportar información y discutir los fundamentos. Si hay incumplimientos, corresponde establecerlos con rigor. Si hay arbitrariedad, corresponde demostrarla y corregirla. La pertenencia partidaria no puede resolver ninguna de esas preguntas.
Asti debe poder ser cuestionado por sus actuaciones, como cualquier persona que ejerza una responsabilidad pública. Pero esa crítica debe apoyarse en hechos identificables, no en una acusación de persecución que se dé por probada antes de examinar el caso. Exigir precisión fortalece el cuestionamiento: obliga a discutir decisiones y procedimientos, y evita que una controversia institucional termine en un intercambio de agravios.
La autoridad de la JUTEP se juega en su capacidad para actuar con independencia, explicar sus criterios y respetar las garantías. Si el protagonismo desplaza a los fundamentos, se debilita la confianza que el control necesita. Uruguay requiere instituciones firmes, no funcionarios convencidos de que el cargo les concede la última palabra. Nadie está por encima del control. Tampoco quienes lo ejercen.
