La cifra de muertos por la reciente matanza ocurrida en la costa mediterránea de Siria, en respuesta a los ataques de grupos leales al derrocado presidente Bachar al Asad contra las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno de Damasco, ha ascendido a 1.311, entre ellos 830 civiles, según informó este domingo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).
El conflicto, que estalló el jueves 6 de marzo como parte de una operación de seguridad contra militantes alauitas, ha desencadenado la peor ola de violencia en años en el país. La ONG detalló que, además de los 830 civiles, la cifra incluye a 231 miembros de las fuerzas de seguridad y 250 militantes leales al régimen de Al Asad. La mayoría de las víctimas civiles se encuentran en las provincias costeras de Latakia y Tartús, donde se registraron 519 y 220 muertes respectivamente.
Según el OSDH, la violencia fue desmesurada y sistemática, describiendo los ataques como una «operación de liquidación» que incluyó la ejecución sumaria de personas, muchos de ellos civiles no alauitas. La organización denunció que las fuerzas de seguridad y los aliados del nuevo gobierno cometieron crímenes de guerra, incluidas violaciones de derechos humanos, en medio de una venganza generalizada contra la secta alauita, la cual estuvo en el poder bajo Al Asad.
El Observatorio también advirtió sobre la impunidad que prevalece en el país, lo que podría fomentar la repetición de estos crímenes, amenazando aún más la estabilidad política y social de Siria tras la caída del régimen de Al Asad.
Por su parte, el nuevo gobierno sirio no ha ofrecido cifras oficiales ni ha reconocido públicamente los actos de violencia. Sin embargo, el presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, anunció la creación de un comité independiente que investigará las violaciones contra los civiles y determinará a los responsables de la masacre. Este comité tendrá un plazo de 30 días para presentar su informe a la Presidencia.
