Más de un millón de personas figuran hoy en el Clearing de Informes, la base de datos de quienes se atrasaron en sus pagos, y unas 740.000 son consideradas por el Banco Central del Uruguay (BCU) deudores “irrecuperables”. Así lo informó la diputada del Frente Amplio (FA) Julieta Sierra, que impulsa el proyecto de ley de Protección de Deudores de Bajos Recursos, en estudio en la Comisión de Hacienda de Diputados desde mayo de 2026. Unos 100.000 de esos deudores tienen menos de 30 años. La mayoría tomó préstamos chicos para gastos del día a día y quedó atrapada en intereses que hacen crecer la deuda mes a mes.
Una deuda que crece
Sierra explicó en el portal del Movimiento de Participación Popular (MPP) que hoy, aunque una persona haya pagado buena parte del préstamo, los intereses por atraso se siguen calculando sobre el monto original. El proyecto propone que se calculen solo sobre lo que falta pagar y que dejen de correr a los 24 meses. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planteó bajar ese plazo a 18 o incluso 12 meses. “A cierto punto se termina la bola. Deja de crecer la deuda”, resumió la diputada.
También baja el tope legal de intereses. Hoy un préstamo puede cobrar hasta 55% más que la tasa promedio que publica el BCU sin considerarse usura; el texto original lo reduce a 35%. El MEF propuso fijar límites distintos según el riesgo: un préstamo que se descuenta del sueldo tendría un techo más bajo que uno a sola firma. Sierra advirtió que no se puede legislar “nada que termine expulsando a la gente hacia la informalidad”.
El proyecto crea además una vía para negociar entre el deudor y quienes le prestaron, primero ante el Área Defensa del Consumidor del MEF y, solo si no hay acuerdo, ante un juez. Si se comprueba una cobranza abusiva, el deudor solo deberá devolver lo que le prestaron, sin intereses.
El antecedente de Cabildo Abierto
La propuesta retoma una discusión que Cabildo Abierto llevó al Senado en mayo de 2023, con la firma de los senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech. Aquel “Proyecto de ley de procedimiento de reestructuración de deudas de personas físicas” no prosperó en la legislatura pasada. En su exposición de motivos, Cabildo Abierto sostuvo que los endeudados “sufren una especie de muerte civil ya que ni siquiera pueden arrendar un bien o encontrar trabajo debido a su inscripción en el clearing”. Señaló como una de las causas “la sobre oferta crediticia, lo que hace que los individuos accedan en forma casi irreflexiva al crédito”.
El texto de Cabildo Abierto estaba pensado para deudores “inculpables y de buena fe”, sin bienes o con una única vivienda, y con ingresos de hasta unos tres salarios mínimos por mes. Proponía frenar por 120 días los juicios de cobro al iniciar la negociación y que cualquier acuerdo dejara al deudor al menos el 70% de sus ingresos si ganaba hasta cuatro salarios mínimos. Si no había acuerdo, el juez podía imponer un plan de pagos, con cuotas que no superaran el 30% de sus ingresos y un pago de al menos 40% de la deuda. Si el deudor probaba que la financiera había actuado con culpa al darle el préstamo, “se perdonarán los adeudos, sin más trámite”.
A diferencia de ese texto, el MEF no acepta que un juez imponga un plan sin el acuerdo de al menos una parte de los acreedores, según expuso en mayo ante la comisión el subsecretario Álvaro Fuentes.
Quién presta dinero en Uruguay
El mercado del crédito está bajo control de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, aunque no todos los que prestan tienen las mismas reglas.
Los bancos ofrecen préstamos para consumo, autos y vivienda, con los intereses más bajos para quien tiene buen historial. El Banco República (BROU) es el principal y presta con descuento del sueldo, un sistema en el que, según su sitio web, “las cuotas se retienen de sus haberes mensuales”. Entre los privados están Itaú, Santander, BBVA, Scotiabank y BTG Pactual, que compró la operación de HSBC en el país.
Las empresas administradoras de crédito, como OCA, Cash, Pronto!, Créditos Directos o Pass Card, piden menos requisitos y entregan el dinero rápido, pero cobran intereses más altos. Ante la comisión, la Asociación Nacional en Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (ANDCU) denunció que algunas instituciones aplican tasas de entre 120% y 130% anual.
Las cooperativas como FUCAC o ACAC prestan a sus socios, muchas veces con descuento del sueldo. Para jubilados y pensionistas, el Banco de Previsión Social (BPS) otorga préstamos sociales. En agosto de 2026, el BPS bajó sus tasas y anunció una refinanciación con “la exoneración total de los intereses, moras y recargos acumulados sobre la deuda original”, según informó Presidencia. Las cajas Bancaria, Profesional, Militar y Policial también prestan a sus afiliados.
Por su parte, Abitab y Redpagos no prestan dinero, pero muchas financieras las usan para entregar los préstamos y cobrar las cuotas.
Cómo protegerse
Según la guía del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) sobre la “huella financiera”, una deuda puede quedar en el Clearing cinco años y volver a anotarse por otros cinco, y el monto no se actualiza. Cualquier persona puede pedir gratis su informe cada seis meses.
El 3 de junio, la gerenta general de Equifax Uruguay, Magdalena Tubio, explicó ante la comisión que alrededor de un millón de personas tienen algún atraso registrado, una cifra estable desde 2022, según informó El País. También dijo que en el último año el 33% de ellas volvió a obtener crédito en el sistema financiero. “Nosotros, como Equifax-Clearing de Informes, no tomamos decisiones; lo que nosotros proveemos son soluciones de información”, afirmó.
El BCU recomienda revisar los registros disponibles en la página web del banco antes de pedir un préstamo y desconfiar de quien pida un pago por adelantado o no tenga local físico. ANDCU alertó sobre el crecimiento de los préstamos “gota a gota”, ilegales y con cobros violentos.
El sindicato bancario AEBU advirtió que bajar los intereses de golpe podría dejar a muchas personas sin acceso al crédito formal.
Según el registro de citaciones de la Comisión de Hacienda, el proyecto se trató entre el 13 de mayo y el 24 de junio. Por allí pasaron el MEF, AEBU, Equifax, asociaciones de consumidores, aseguradoras, empresas de cobranza e investigadores de la Universidad de la República. Desde setiembre, la comisión está dedicada a otro proyecto, el de competitividad y costo de vida. A fines de ese mes, Sierra informó que el MEF trabaja junto al Parlamento en cambios al texto.
Sería bueno que el diario aclarase en qué medida fue incorporada y aprobada la iniciativa de Cabildo Abierto a la Rendición de Cuentas porque no hay mucha información