El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, está en horas cruciales para su carrera política. La Corte Electoral decidirá hoy si suspende su ciudadanía, lo que lo inhabilitaría para ocupar cargos públicos y lo obligaría a dejar la intendencia. Sin embargo, esta posibilidad parece lejana por el momento.
El 13 de marzo, Besozzi fue detenido junto con más de 20 funcionarios de la Intendencia de Soriano y dirigentes sindicales de Adeom por presuntas maniobras ilegales durante su administración anterior. Se lo acusa de delitos graves, como peculado reiterado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, abuso de funciones y omisión de denunciar ilícitos. La investigación apunta a supuestas ayudas discrecionales con fondos públicos a particulares.
Inicialmente, se le impuso arresto domiciliario con tobillera electrónica, medida que fue revocada en mayo para permitirle realizar su campaña electoral. El 22 de mayo, el Tribunal de Apelaciones confirmó su imputación por mayoría (2-1), ratificando una «convicción provisoria» de los delitos.
El 13 de septiembre, la Corte Electoral evaluó suspenderle la ciudadanía debido a la formalización de la investigación, pero su defensa, liderada por Juan Fagúndez, alega presunción de inocencia y vulneración de derechos. Hasta ahora, no hay condena firme, y Besozzi apeló, denunciando persecución política. La decisión, que se tomará hoy lunes 6 por mayoría simple de los ministros, parece inclinarse hacia no suspender la ciudadanía, ya que no existe sentencia firme.
La Comisión de Asuntos Electorales presentó dos informes. El mayoritario recomienda no suspender la ciudadanía, argumentando que no se puede inhabilitar a una persona en libertad, según el artículo 80 de la Constitución, que establece la suspensión para quienes estén «legalmente procesados en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría» o tengan sentencia firme. Además, el artículo 125 de la Ley de Registro Cívico Nacional exime de suspensión a quienes estén en libertad bajo fianza. El informe minoritario, basado en el artículo 266 del nuevo Código del Proceso Penal, sostiene que la formalización de una investigación implica sujeción al proceso y puede justificar la suspensión de la ciudadanía, remitiendo al artículo 80. Este indica que «cuando se produzca en causa en la que pueda recaer pena de penitenciaría, tendrá el efecto previsto en el artículo 80 de la Constitución de la República». Una incógnita es si Besozzi enfrentará una pena de penitenciaría al final del proceso, lo que dependerá de la resolución judicial y las apelaciones, que podrían extenderse por años.
Tranquilidad de conciencia
Consultado sobre el dictamen de la Corte Electoral, Besozzi expresó «si me sacaran la ciudadanía, cualquier intendente o incluso el presidente de la República podría perderla si alguien orquestara una denuncia. Espero el resultado con mucha tranquilidad». Añadió «nunca imaginé ser intendente, senador o diputado, y menos estar en esta situación». El intendente afirmó que aguarda la resolución «con mucha tranquilidad de conciencia».
Desde la Corte Electoral se señaló que la normativa actual, basada en el nuevo Código del Proceso Penal, genera debate, ya que la formalización (investigación) difiere del procesamiento del antiguo código. Besozzi destacó esta distinción, «No soy jurista, pero estar formalizado es ser investigado, mientras que estar procesado, en el viejo código, era otra cosa» dijo.
MUCHOS «COLAS SUCIAS» A VECES (PORQUE » YA LIMPIARON LAS PRUEBAS»…. QUE LO PODRÍAN COMPROMETER, DICEN LO MISMO: «ESTOY TRANQUILO»?….. LA FISCALIA, LOS TESTIGOS, ETC LA JUSTICIA TIENE LA PALABRA!
Más de un intendente se cree reyezuelo de su departamento y hace y deshace en el límite de sus facultades, tal vez en busca de reciprocidad electoral. Muchas veces cercanas a abusos de poder del que se van haciendo dueños.