La Dirección Nacional de Bomberos atraviesa un momento decisivo. Con 78 destacamentos en todo el país y seis especializados, la institución enfrenta un déficit de personal que su directora, la comisario mayor Valeria Vasconcellos, estimó en 802 funcionarios para poder cubrir guardias y garantizar la operatividad plena.
La solicitud se plantea en un momento clave, dado que el domingo 31 de agosto el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto, una norma de casi 700 artículos y 300 páginas de exposición de motivos. El texto será ingresado formalmente a la Cámara de Diputados este martes 2 de setiembre, instancia a partir de la cual comenzará a regir el plazo constitucional de 45 días para su tratamiento.
En este escenario, el diputado frenteamplista Nicolás Mesa, integrante de la Comisión de Seguridad y Convivencia indicó que las definiciones sobre ingresos y distribución de cargos dependerán de lo que el Ministerio del Interior incluya en su propuesta: “El Frente Amplio tiene en sus propuestas y en sus compromisos de campaña el ingreso de nuevos funcionarios policiales, y eso se va a ir dando a lo largo del quinquenio”, explicó.
El legislador además señaló que el presupuesto podría contemplar no solo las vacantes planteadas previamente, sino también mejoras en las condiciones de trabajo para los funcionarios, en particular los bomberos. “Ese es un tema que está siempre presente, al igual que los vinculados a la salud mental de los funcionarios generales policiales, que incluye, por supuesto, a los bomberos. No sé si específicamente eso va a venir en el presupuesto o no; todavía no conocemos los detalles que se están estructurando por parte de los ministerios. Sí tenemos los grandes lineamientos y la coordinación, pero no el nivel de detalle hasta no conocer el presupuesto propiamente dicho”, explicó.
Mesa indicó que los temas vinculados a recursos materiales, como vehículos y equipos de protección para los bomberos, también se consideran al planificar el presupuesto. El legislador recordó que los anteriores gobiernos del Frente Amplio se caracterizaron por la profesionalización de los funcionarios, la mejora de los salarios, el equipamiento, la logística y la incorporación de tecnología, y aseguró que esa línea de trabajo sigue vigente, aunque los detalles concretos siempre dependen de los límites que impone la Ley de Presupuesto.
Desde la oposición, el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional advirtió que la incorporación de 800 nuevos funcionarios constituye “una cifra muy ambiciosa”, aunque reconoció que en el periodo pasado se realizaron avances puntuales, con la incorporación de 135 nuevos efectivos y mejoras en equipamiento y condiciones laborales, como la extensión del régimen de 24 horas de trabajo por 72 de descanso a prácticamente todos los destacamentos.
El reclamo de los bomberos exige una respuesta institucional sostenida, no se trata solo de cubrir vacantes puntuales, sino de transformar una demanda acumulada en decisiones claras de gestión y planificación que garanticen continuidad operativa y condiciones laborales dignas para el personal.
La discusión deja de ser un reclamo sectorial para convertirse en un termómetro de prioridades públicas, cómo se ponderan los riesgos operativos frente a otras urgencias sociales, y qué margen de tolerancia acepta una sociedad que reclama seguridad y a la vez convive con límites económicos. Los efectos son tangibles en el día a día de los cuarteles y en la percepción de la comunidad sobre su propia capacidad de protección.
La próxima ley de presupuesto cerrará un capítulo de declaraciones y abrirá otro de resultados viables, será, sencillamente, la traducción práctica de las prioridades colectivas.
La relevancia del reclamo de los bomberos trasciende la administración de un servicio, interpela el relato público sobre a quiénes se respalda cuando las condiciones se vuelven extremas, ese es, en definitiva, el verdadero desafío.
