El reciente incidente protagonizado por el ministro del Interior,Carlos Negro, al conducir un vehículo con la licencia de conducir vencida y verse involucrado en un accidente de tránsito, trasciende ampliamente el plano de una infracción administrativa. No se trata de un hecho menor ni de una falta aislada: involucra a la máxima autoridad en materia de seguridad nacional, quien tiene bajo su responsabilidad la conducción política de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley.
Cuando un ministro del Interior incumple normas básicas de tránsito, no solo vulnera el marco legal vigente, sino que debilita el principio de autoridad sobre el cual se sostiene el sistema de seguridad pública. La ley debe ser igual para todos, pero especialmente exigente con quienes tienen la obligación de garantizar su cumplimiento.
En este caso, la contradicción es evidente: quien debe promover el respeto a las normas y la responsabilidad ciudadana, incurre en una infracción que cualquier ciudadano común sería sancionado sin atenuantes.
Muy diferente se procedió con la ex ministra Cairo creemos que por deber impuestos la penalizaron más gravemente en la interna y en la externa de la fuerza política y en la interna del gobierno. En este caso esta muy lejano el hecho que Negro deje la cartera.
El hecho adquiere mayor gravedad al haberse producido un accidente. Más allá de las consecuencias materiales o físicas que haya tenido el siniestro, el episodio expone una conducta negligente incompatible con la investidura del cargo. Conducir con la licencia vencida no es un descuido menor: implica circular sin la habilitación legal que certifica la aptitud para hacerlo, una exigencia elemental del sistema de seguridad vial.
La función pública no admite dobles estándares. El argumento del error, el olvido o la minimización del hecho no puede ser aceptado cuando se trata de un jerarca cuya cartera impulsa campañas de prevención, controles y sanciones. La ciudadanía observa con atención —y con escepticismo— cuando las reglas parecen flexibles para quienes gobiernan y rígidas para quienes obedecen.
Este episodio interpela directamente al concepto de ejemplaridad, un valor indispensable para la credibilidad institucional. No se gobierna sólo con decretos y discursos, sino también con conductas. La autoridad moral es un capital que se construye día a día y que puede erosionarse rápidamente cuando las acciones contradicen las responsabilidades asumidas.
Corresponde, por tanto, una explicación clara y pública, así como la asunción de las responsabilidades políticas que el cargo exige.
No se trata de una cacería personal ni de una descalificación partidaria, sino de defender un principio básico de la democracia: nadie está por encima de la ley, y menos aún quienes tienen la misión de hacerla cumplir.
La confianza ciudadana en las instituciones se fortalece cuando los errores se reconocen y se corrigen con transparencia. El silencio, la relativización o el cierre corporativo, por el contrario, solo profundizan la distancia entre la dirigencia y la sociedad. En materia de seguridad y legalidad, el ejemplo no es opcional: es una obligación.
Sea cual sea la dimensión de su celebridad, fama o cargo nadie está exento de incurrir en errores habitualmente magnificados por el periodismo proponiendo torcidas impresiones como obedientes máquinas de censurar que muchos tienen la decencia de no compartir. Y menos comparar la urgencia de un trámite que pudo ser vital para la función con un caso de falta de pago a una tasa tributaria que hizo eliminar a una candidata a ministra, no importa si era capaz o incapaz, buena o mediocre.
FRENTEAMPLISTA: LA LIBRETA VENCIDA AMERITA UNA MULTA, PASARSE UN CARTEL DE PARE: UNA MULTA; PERO PASARSE UN CARTEL DE PARE Y ATROPELLAR UN MOTOCICLISTA ESTÁ PREVISTO EN EL ART. 321 del Código Penal: (Lesión culpable) La lesión culpable será castigada con la pena de la lesión dolosa, según su diferente gravedad y las circunstancias que en ellas concurran, disminuida de un tercio a la mitad.
La aplicación del máximo se considerará plenamente justificada, cuando del hecho resultare la lesión de dos o más personas. COMO ACÁ ACTÚA LA «JUSTICIA COMPAÑERA» AL MINISTRO LE VAN A PONER UNA MULTA Y LA VAN A HACER CHAS CHAS. SI TE PASA A VOS TE LLEVAN DEL FORRO A LA COMISARÍA.
El FA debería prohibir la difusión de noticias cuando el involucrado es alguien reconocido de la izquierda, lo que pasó con el Boca , la compañera Cecilia , el compañero Arin y ahora el compañero Negro no puede volver a ocurrir.
PERFECTO !! CENSURA PREVIA A DIFUNDIR LAS NOTICIAS !! SIEMPRE FIELES A NUESTRA CONSIGNA ·TODO DENTRO DEL ESTADO, NADA FUERA DEL ESTADO, NADA EN CONTRA DEL ESTADO»
Seamos sinceros, lo de los compañeros Boca (generó deuda por su vivienda y pagó) Cecilia (excelente funcionaria tuvo la decencia de hacerse a un costado) Arin (cumplió en lo que debió) y Negro (ahora en problemas como cualquier ciudadano, apareciendo por la derecha de la moto con un cartel de pare escondido en un lugar indebido), todo lo que está a la vista y solucionable. Todo lo anterior son cuentos de hadas y no puede compararse al papelón inexcusable de García firmando un contrato (?) si así puede llamársele con una empresa fundida que no sabe fabricar lanchas y una garantía que todavía la están buscando porque no existe. Y encima la presunción de que hubo más sin firmar que lo firmado.