Además indicó que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) los profesionales viven más que la población general: “Una mujer profesional vive en promedio 3,26 años más que una mujer no profesional en Uruguay; mientras que un hombre profesional vive 3,21 años más”, indicó Romero durante la presentación.
La presidenta afirmó este viernes 19 que la actual situación financiero-actuarial de la Caja “se debe mayormente a aspectos estructurales relacionados con las condiciones laborales y demográficas de los profesionales”.
“La actividad profesional se desarrolla cada vez más en relación de dependencia y la mayoría de los profesionales universitarios son mujeres que tienen menor comportamiento de ejercicio y son más longevas que los hombres. A su vez, la expectativa de vida aumenta más en las edades más avanzadas”, dijo.
Expresó, también, que la recaudación ha crecido menos que los egresos por pasividades porque el comportamiento de ejercicio de los afiliados ha disminuido en contraposición a un incremento del trabajo en régimen de dependencia.
En esa línea, Romero dijo que la mayoría de los activos aportan por categorías bajas y los ingresos por el art.71 de la Ley 17.738 se ajustan en función de la inflación y han aumentado menos que el salario.
Al mismo tiempo, los egresos por prestaciones han crecido, ya que aumentó el número de jubilados por año; también las pasividades aumentaron en términos reales desde 2005 a 2021.
Según informó Romero, se pagan US$ 35 millones por mes de prestaciones. Esto incluye jubilaciones, pensiones, subsidios y otros beneficios.Los ingresos operativos mensuales son US$ 33 millones que representan los aportes directos, ingresos por art. 71 y otros ingresos operativos.Ante esta situación la presidenta del directorio de la Caja aseguró que “el instituto necesita una reforma urgente”.
Por este motivo se trabaja en una “ley express”, distinta a la presentada por el Poder Ejecutivo, que buscará cambios paramétricos, entre los que se encuentran: modificar la edad de jubilación llevándola de 60 a 65 años, incrementar el promedio del sueldo básico jubilatorio, reducir la tasa de reemplazo y subir de 10 a 15 las categorías aportantes “para que los primeros saltos entre una categoría y otra no sean tan difíciles”, explicó Romero.
La Caja buscará cómo hacer estos cambios de manera paulatina.
“La Caja tiene muy estudiado el comportamiento de los aportantes y qué se va a perder si se cambian los parámetros”, admitió la presidenta.
Pese a eso, recordó que el día que asumió el actual directorio de la Caja, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, les expresó que la Caja no admitía esperas.
“Necesitamos una reforma estructural. Las remuneraciones son diferentes, porque hay muchas más carreras que antes y hay un colectivo de profesionales muy heterogéneos. Al principio eran 12 profesiones; hoy hay muchas más y tenemos un colectivo muy heterogéneo, lo que implica que tenemos que hacer una reforma”, sostuvo Romero.