La jueza Silvia Urioste dispuso el procesamiento y prisión preventiva de Eduardo Ferro Bizzozero, imputado como presunto autor de cuatro delitos de privación de libertad especialmente agravados y dos delitos de violencia privada especialmente agravados.
La resolución forma parte del caso iniciado en 1984 con las denuncias de Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti, quienes fueron secuestrados junto a los niños Camilo y Francesca Cassariego, de 8 y 3 años, en Porto Alegre, Brasil, en noviembre de 1978.
En diálogo con Diario La R, el abogado patrocinante, Pablo Chargoña, calificó el caso como emblemático de la colaboración represiva de los estados terroristas del Cono Sur en el marco del llamado Plan Cóndor. “Durante años se indagó sobre las responsabilidades de los agentes que operaron dentro y fuera de fronteras, y finalmente se llegó a determinar la responsabilidad de Eduardo Ferro, que se suma a los anteriores procesamientos con prisión preventiva de Carlos Rosell Argimón y Glauco Yannone”, afirmó Chargoña.
Además, señaló que otro responsable, José Bassani, permanece prófugo en España. Según el abogado, “los poderes judiciales de Uruguay y España deberían colaborar eficazmente para que se logre la comparecencia de Bassani”. Por su parte, Francesca Cassariego, una de las víctimas del secuestro en 1978, reflexionó sobre la noticia: “La palabra justicia queda un poco grande a 46 años de los hechos. De todas maneras, más vale tarde que nunca. Es un paso más contra la impunidad”.
El fallo
En su fallo, la jueza Urioste contextualizó los crímenes dentro del accionar del Plan Cóndor, destacando que “los militares coordinaron acciones para intensificar la represión en los diferentes países del Cono Sur. De esta manera se trasladaron prisioneros de un país a otro o los militares muchas veces realizaban operativos más allá de sus fronteras nacionales”. Añadió que el Plan Cóndor fue creado en una reunión de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de la región realizada en Santiago de Chile a fines de 1975, tras la instalación de dictaduras militares en toda la región. Chargoña destacó el valor trascendente de avanzar en la justicia por estos crímenes. “Aún tardía y con todas las limitaciones que se presentan en estos casos, cada pronunciamiento de esta naturaleza contribuye a mejorar nuestras democracias y aporta a las garantías de no repetición de los crímenes de los estados terroristas, un compromiso que debería ser de toda nuestra sociedad”.
Eduardo Ferro
Procesado reconocido torturador que actuó en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) durante la dictadura y en los gobiernos de Julio María Sanguinetti en democracia, implicado en el secuestro y tortura de Lilián Celiberti, sus hijos Camilo y Francesca, y Universindo Rodríguez, así como en el asesinato y desaparición de Oscar Tassino. Tras ser capturado en España y extraditado a Uruguay en 2021, fue excarcelado en Montevideo por recursos dilatorios, pero en 2023 fue condenado a 21 años de prisión por el homicidio de Tassino. También estuvo vinculado a la seguridad privada y la gerencia del Hotel Las Dunas de Manantiales.
El pedido de captura internacional en INTERPOL refiere a los siguientes cargos: «Cuatro Delitos de Privación de Libertad , en concurrencia fuera de reiteración con dos delitos de abuso contra los detenidos. Un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos en reiteración real, con un delito de lesiones graves en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de privación de libertad, Homicidio muy Especialmente Agravado». Según consigna el proyecto Sitios de Memoria en su página web, el represor se encuentra al día de hoy cursando “prisión efectiva”.
Los hechos
Lilian Celiberti fue detenida en la terminal de autobuses de Porto Alegre y llevada a la Secretaría de Seguridad, donde sufrió golpizas y torturas con picana eléctrica para extraer información sobre el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y sus integrantes.
En su domicilio, militares uruguayos, con apoyo de efectivos brasileños, arrestaron a Universindo Rodríguez y a los hijos de Celiberti, Camilo y Francesca Casariego, de 8 y 3 años, respectivamente.
Los cuatro detenidos fueron trasladados a la misma Secretaría de Seguridad, donde los adultos fueron sometidos a interrogatorios bajo apremios físicos. Posteriormente, en vehículos particulares, los trasladaron a la frontera con la ciudad de Chuy. Una vez en Uruguay, Celiberti y Rodríguez enfrentaron nuevos interrogatorios a cargo de Eduardo Ferro, junto con golpizas y un simulacro de ejecución en la costa uruguaya, con el objetivo de obtener datos sobre el líder del PVP, Hugo Cores, radicado en São Paulo.
Celiberti regresó a Porto Alegre bajo custodia de Ferro, esperando contactar con miembros del PVP, mientras Rodríguez y los niños fueron llevados a Montevideo por el resto de los militares. Tras la intervención de Cores y la divulgación de un reportaje sobre la detención ilegal de Celiberti, esta fue trasladada nuevamente a Uruguay a través de Santana do Livramento y sometida a torturas en una unidad militar de Montevideo.
El 6 de diciembre de 1978, Celiberti y Rodríguez fueron enviados al Batallón de Infantería N.º 13, donde, bajo tortura, firmaron una declaración en la que admitían haber sido detenidos en la frontera con Brasil, portando documentación falsa y armas. Ambos fueron sometidos a la Justicia Militar, condenados y recluidos: Rodríguez en el Penal de Libertad y Celiberti en la cárcel de Punta de Rieles, hasta su liberación el 19 de noviembre de 1983.
En relación con estos hechos, la jueza Urioste resolvió que Eduardo Ferro deberá responder como autor penalmente responsable de cuatro delitos de privación de libertad especialmente agravados y muy especialmente agravados, en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de violencia privada especialmente agravados.
“En efecto, el imputado participó en la privación ilegítima de la libertad -en violación de los arts. 15 y 16 de la Constitución- de Universindo Rodríguez, Lilian Celiberti y los niños Camilo y Francesca Casariego, quienes fueron aprehendidos en Porto Alegre-Brasil y trasladados clandestinamente a nuestro país, ingresando sin cumplir con los controles migratorios de rigor, siendo conducidos por sus captores en presencia del militar Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, quien con su accionar continuó ejecutando los actos consumativos del delito”, señala el fallo judicial.
Gente realmente corajuda como los torturadores de víctimas maniatadas y amordazadas, quedan pocos. Pero los que quedan van recibiendo lo que merecen, aparte de una linda jubilación y el desprecio de los honestos.