Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario afirmó que «las malas condiciones de las cárceles de hoy son el delito de mañana».
Según cifras oficiales la población carcelaria se ha triplicado en las dos últimas décadas en Uruguay. Y crece a un ritmo de un 10% anual, provocando el colapso de parte del sistema, con altos niveles de hacinamiento y violencia interna.
De acuerdo con los datos oficiales, en 2002 Uruguay tenía aproximadamente 5.000 personas privadas de libertad. En 2022, eran casi 14.500.
Solo un 10% del total de reclusos se encuentra en unidades que reúnen las condiciones y oportunidades de rehabilitación e integración social. Un 56% no cuenta con suficientes oportunidades, mientras que un 34% pasa su reclusión en condiciones de “trato cruel, inhumano y degradante”. Esto refleja el informe de la oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.
Petit, comisionado parlamentario penitenciario, dijo que es «necesario» que el Poder Ejecutivo declare una emergencia en algunas cárceles y que se cree un equipo de trabajo que implemente acciones, como por ejemplo, obras de mantenimiento. «Hay que atender algunas situaciones muy urgentes donde están las peores situaciones de reclusión», dijo. Los establecimientos penitenciarios más afectados son el de Canelones, el Comcar, la Cárcel de Mujeres y la Cárcel de Las Rosas en el departamento de Maldonado.
