El astillero español Cardama formalizó el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra el Estado uruguayo. Será ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La demanda surge tras la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato para la adquisición de dos patrullas oceánicas (OPV). Una operación que había sido iniciada en la administración anterior. La empresa sostiene que la cancelación del vínculo contractual fue improcedente y acusa al Poder Ejecutivo de incumplir sus obligaciones y actuar de forma contraria a derecho.
Desde la Torre Ejecutiva, la postura es de tranquilidad y confianza en los fundamentos jurídicos que respaldan la rescisión. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que la decisión se tomó para «defender el dinero de las cuentas públicas» ante los incumplimientos de la firma española. Sánchez calificó como «débil» la estrategia de Cardama, señalando que la empresa no agotó las vías administrativas y judiciales a nivel nacional antes de recurrir a una instancia internacional, lo que restaría peso a su reclamo.
Un punto crítico del conflicto es el destino de los materiales ya construidos en los talleres de Vigo. Cardama exige que Uruguay retire las piezas ensambladas, alegando que pertenecen al Estado. Sin embargo, el Gobierno uruguayo condicionó cualquier movimiento a una auditoría técnica exhaustiva. El objetivo de las autoridades es verificar si el dinero desembolsado por el país fue efectivamente invertido en dichos materiales. Y si estos cumplen con los estándares necesarios para ser reutilizados en otros proyectos navales, algo que ya ha sido puesto en duda por otros astilleros consultados.
Aunque Cardama aún no ha especificado el monto del resarcimiento económico solicitado, el inicio del arbitraje abre un nuevo frente judicial internacional. En un área estratégica como la defensa nacional. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional evalúan alternativas para cubrir la necesidad de vigilancia en la Zona Económica Exclusiva. Priorizando controles más rigurosos para evitar que futuros contratos de gran porte deriven en litigios similares.
