Cardama: Garlo afirmó que no hubo controles suficientes para evitar una estafa al Estado

Comisión investigadora recibió al exministro de Defensa Castaingdebat , el lunes próximo será el turno de la ministra Sandra Lazo.

Garlo: “No existieron controles profundos para evitar que el Estado uruguayo fuera estafado”

La Comisión Especial de la Cámara de Representantes que investiga el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas (OPV) al astillero español Cardama sumó este lunes un nuevo capítulo con la comparecencia del exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat. Tras más de tres horas de sesión, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo sostuvo que el testimonio permitió confirmar nuevas irregularidades en el procedimiento que derivó en la posterior rescisión del contrato por parte del actual gobierno.

En declaraciones a la prensa al finalizar la reunión, Garlo aseguró que una de las principales conclusiones es que el primer desembolso realizado por el Estado uruguayo, superior a los ocho millones de euros, se efectuó sin que las autoridades del Ministerio de Defensa tuvieran a la vista la documentación original vinculada a las garantías presentadas por la empresa española. «Lo que constatamos en la comparecencia del exministro Armando Castaingdebat es que el primer pago el Ministerio de Defensa lo efectuó sin tener la documentación original a la vista, lo cual de por sí ya constituye una irregularidad», afirmó el legislador.

Según explicó, hasta ahora la comisión no contaba con la confirmación de ese extremo, que surgió durante la comparecencia del exjerarca. Garlo agregó que el pago se autorizó apoyándose únicamente en un informe elaborado por el estudio jurídico Delpiazzo, aunque recordó que el propio estudio dejó establecido que su cometido no era controlar la autenticidad o validez de las garantías presentadas por Cardama.

Prórrogas y una «garantía trucha»

Otro de los aspectos que, según Garlo, quedó confirmado durante la comparecencia fue que las sucesivas prórrogas concedidas a Cardama respondieron a una decisión política de continuar adelante con el proceso, sin ponderar adecuadamente las consecuencias que ello podía generar. «Lo que confirmó el exministro también es que la decisión de seguir otorgando prórrogas fue una decisión política que no tuvo en cuenta otras variables», sostuvo.

El legislador insistió en que esas extensiones permitieron que finalmente se presentara una garantía que calificó como «trucha», además de documentación presuntamente falsificada.

En ese sentido, afirmó que la comisión ya dispone del documento original emitido por un escribano español y del documento presentado posteriormente por Cardama, el cual —según indicó— presenta diferencias que demostrarían una falsificación.

Garlo también rechazó el planteo realizado por Castaingdebat respecto a que hubiera sido posible sustituir la garantía sin necesidad de rescindir el contrato.

Explicó que el mismo día en que el gobierno detectó que la garantía presentada carecía de validez, la empresa volvió a presentar exactamente la misma documentación respaldada por la misma firma, la cual —según sostuvo— no tenía actividad real. A juicio del legislador, ese episodio demuestra que durante la administración anterior no se realizaron los controles necesarios para impedir que el Estado quedara expuesto.

Nuevas convocatorias

La comisión también resolvió continuar ampliando la investigación.

El próximo lunes comparecerá la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, mientras que por iniciativa del Frente Amplio se acordó convocar formalmente al propietario del astillero español, Mario Cardama, así como a Gerardo Moreira, representante de la empresa en Uruguay.

Garlo explicó que ambos serán citados mediante oficio para que puedan brindar su versión sobre el proceso contractual y las garantías presentadas. Otro de los asuntos considerados fue el oficio remitido por la Fiscalía solicitando acceso a las actuaciones desarrolladas por la comisión parlamentaria. El diputado informó que, por unanimidad, se resolvió remitir toda la documentación una vez que concluya el plazo de funcionamiento de la investigadora, previsto para fines de agosto.

Consultado acerca de las advertencias formuladas por Castaingdebat respecto a un eventual juicio internacional contra Uruguay tras la rescisión del contrato, Garlo sostuvo que esa interpretación carece de fundamento jurídico.

 

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