La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, defendió la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV) y aseguró que la medida respondió a la constatación de graves irregularidades en las garantías presentadas por la empresa, lo que provocó la pérdida de confianza indispensable para mantener vigente el vínculo contractual.
Tras comparecer ante la comisión investigadora parlamentaria que analiza el proceso de contratación y posterior rescisión del acuerdo, Lazo afirmó que el gobierno actuó para preservar «el bien público y los intereses del Estado», subrayando que la resolución anunciada por la Presidencia de la República fue una decisión política respaldada por fundamentos jurídicos y administrativos.
«Hemos venido a responder todas las preguntas que nos formularon los legisladores y a explicar las decisiones adoptadas desde el 1.º de marzo, cuando asumimos la conducción del ministerio», señaló.
La ministra evitó atribuir responsabilidades personales por las presuntas irregularidades detectadas, aunque sostuvo que, una vez comprobada la falsedad de la garantía de fiel cumplimiento, el Estado estaba obligado a actuar. «La garantía no era un accesorio del contrato, sino una parte fundamental. Cuando el Estado constata una ilicitud de esa magnitud tiene que tomar medidas. En un contrato debe existir confianza mutua y, cuando esa confianza se rompe, el vínculo contractual también queda comprometido», expresó. Lazo recordó además que la documentación cuestionada fue sustituida por otra garantía que, según indicó, presentaba aún más inconsistencias. «La dignidad nacional y los intereses del Estado deben estar por encima de cualquier opinión aislada», afirmó.
Respecto a la eventual adquisición de nuevas patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, Lazo evitó adelantar detalles. La ministra explicó que el gobierno informará cuando existan definiciones concretas y aseguró que el nuevo proceso buscará garantizar absoluta transparencia.
También confirmó que el Poder Ejecutivo trabaja para recuperar los bienes que corresponden al Estado uruguayo en el marco del contrato rescindido, incluido el casco parcialmente construido en el astillero español. En el cierre de la conferencia, Lazo convocó a todas las fuerzas políticas a priorizar la defensa del interés nacional. «Invitamos a todos a abroquelarnos en función de los intereses del Estado frente a un fraude del que Uruguay ha sido víctima», concluyó.
Coincidencia sobre las irregularidades
El senador Nicolás Viera, integrante de la bancada del Frente Amplio en la comisión investigadora, calificó la comparecencia de la ministra como «contundente» y sostuvo que permitió completar el trabajo desarrollado por el cuerpo parlamentario. La comisión investigadora tiene plazo hasta el 23 de agosto para concluir sus actuaciones y elevar sus informes a la Asamblea General. Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la decisión del empresario español de no comparecer ante la comisión.
Consultado sobre la etapa final de la comisión investigadora, Viera explicó que una vez concluidas las comparecencias cada bancada presentará su informe y posteriormente el asunto será considerado por la Asamblea General. Admitió que el escenario parlamentario obligará a negociar, ya que oficialismo y oposición cuentan actualmente con igual número de votos (74 votos cada bloque).
Críticas desde la oposición
El diputado colorado Maximiliano Campo afirmó que la oposición se retiró «insatisfecha» de la sesión porque, a su juicio, varias preguntas quedaron sin respuesta. Advirtió que, tras la rescisión del contrato, Uruguay mantiene unos 30 millones de dólares invertidos en España sin certezas sobre su recuperación.
En la misma línea, el diputado Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, sostuvo que el Poder Ejecutivo aún no presentó los estudios que, según afirmó, debieron fundamentar la decisión de rescindir el contrato antes de su anuncio. Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala acusó al gobierno de actuar con «falta de transparencia» y de haber decidido poner fin al contrato desde el comienzo de la administración. El diputado colorado Felipe Schipani denunció, además, presuntas irregularidades en la actuación de dos funcionarios que participaron en el Ministerio de Defensa entre marzo y junio de 2025 sin contar, según afirmó, con respaldo normativo para desempeñar esas funciones. A su vez, el diputado Gabriel Gianoli cuestionó la información brindada por la ministra sobre el proceso de transición de gobierno.
