La Asamblea General tratará el próximo miércoles 14 de octubre los cuatro informes elaborados por la comisión investigadora que examinó durante seis meses la compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama y la posterior rescisión del contrato por parte del gobierno de Yamandú Orsi. La instancia parlamentaria marcará el cierre de una etapa de investigación que comenzó en febrero de este año y terminó en agosto sin una conclusión compartida entre los partidos, mientras que el caso continúa en el ámbito judicial.
El escenario previo a la sesión está marcado por la falta de mayorías aseguradas para aprobar los informes y por las diferencias entre el Frente Amplio y la Coalición Republicana sobre las responsabilidades que se desprenden del proceso. El oficialismo sostiene que hubo irregularidades graves en la presentación y aceptación de garantías, así como omisiones de funcionarios públicos que deben ser investigadas. La oposición, en cambio, defiende la legalidad del procedimiento de contratación durante la administración de Luis Lacalle Pou y cuestiona la decisión del actual gobierno de rescindir el acuerdo.
En entrevistas con Diario La R, el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo y el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala expusieron dos interpretaciones contrapuestas sobre el trabajo de la comisión y las consecuencias políticas del caso. Ambos coinciden en que la sesión del miércoles será la instancia formal para considerar los documentos, pero discrepan sobre lo que la investigación permitió establecer y sobre la responsabilidad de las distintas administraciones.
La comisión presentó cuatro informes: uno del Frente Amplio, otro de la Coalición Republicana —integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente—, uno de Cabildo Abierto y otro de Identidad Soberana. Sin embargo, según explicó Garlo, solo los documentos del oficialismo y de la coalición opositora incluyen proyectos de resolución para que la Asamblea General se pronuncie sobre el caso. Los otros dos presentan valoraciones propias acerca de las actuaciones examinadas.
Garlo: “Hechos con apariencia delictiva”
Garlo recordó que la comisión se constituyó en febrero de este año, luego de una decisión de la Asamblea General que calificó como inédita en la historia parlamentaria uruguaya. A diferencia de las comisiones investigadoras tradicionales, que funcionan en la Cámara de Diputados o en el Senado, esta tuvo carácter bicameral y fue creada específicamente para examinar el proceso de contratación de las patrulleras.
El legislador destacó que el trabajo incluyó 17 sesiones, la revisión de miles de páginas de expedientes y el análisis de correos electrónicos y documentación que se fue incorporando durante la investigación. Según indicó, la disposición del Poder Ejecutivo a entregar la información requerida y la comparecencia de funcionarios y exjerarcas permitieron reconstruir buena parte del proceso. No obstante, lamentó que Gerardo Moreira- el supuesto nexo entre el astillero gallego Cardama y la administración anterior- y el empresario Mario Cardama no concurrieran a la comisión. Éste último respondió preguntas por escrito enviadas por legisladores de la oposición.
Uno de los aspectos centrales, según Garlo, fue la aparición de documentación que permitió profundizar el análisis de las garantías presentadas por el astillero. Mencionó en particular la pericia de un escribano español que constató la falsificación del acta notarial presentada para justificar la garantía de fiel cumplimiento vinculada a Eurocommerce.
El diputado sostuvo que parte de la documentación sobre la constitución de las garantías y las negociaciones entre el Ministerio de Defensa y la empresa no estaba incorporada a los expedientes administrativos de la administración anterior. A su entender, la conservación de comunicaciones electrónicas por parte del estudio jurídico Carlos Delpiazzo que asesoró en el proceso permitió reconstruir intercambios que de otro modo habrían resultado difíciles de documentar.
A partir de esos elementos, Garlo afirmó que el empresario Mario Cardama es, a juicio del Frente Amplio, el principal responsable de las maniobras que habrían perjudicado al Estado. Sin embargo, agregó que estas no se habrían podido concretar sin la intervención u omisión de funcionarios que aceptaron documentación cuestionada, no realizaron los controles necesarios o autorizaron pagos sin contar con los documentos originales a la vista.
El informe oficialista plantea, por tanto, dos dimensiones de responsabilidad: la actuación de la empresa y el comportamiento de los funcionarios públicos que participaron en distintas etapas del proceso. La determinación de eventuales delitos y responsabilidades penales, no obstante, corresponde a la Fiscalía y a la Justicia, y no a la comisión parlamentaria.
Garlo señaló que el objetivo del Frente Amplio es que los antecedentes producidos por la investigación se incorporen a la causa penal para contribuir al esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, subrayó que la denuncia presentada por el Poder Ejecutivo ya está en trámite y que el informe del oficialismo identifica hechos que, a su entender, justifican profundizar la investigación.
Consultado sobre las posibilidades de aprobación de los documentos el miércoles, el diputado prefirió no anticipar escenarios. Recordó que hay cuatro informes a consideración de la Asamblea General y sostuvo que el resultado dependerá de lo que ocurra durante la sesión.
Abdala: “No arroja ni una sola duda” sobre la contratación
Desde la oposición, Abdala afirmó que el Partido Nacional llega a la instancia parlamentaria con una evaluación positiva del trabajo realizado por la comisión. A su juicio, la investigación permitió despejar las dudas que, según dijo, se habían instalado sobre el procedimiento de selección del astillero español.
El legislador defendió la contratación directa por excepción utilizada durante el gobierno de Lacalle Pou y sostuvo que, aunque ese fue el mecanismo formal, existió un proceso competitivo en el que se recibieron y analizaron distintas propuestas. Según su versión, la decisión se tomó a partir de recomendaciones técnicas de la Armada Nacional y de la evaluación de las alternativas disponibles.
Abdala reconoció que hubo dificultades con la garantía de fiel cumplimiento, pero diferenció esa situación de la garantía de reembolso, que, según afirmó, estaba en condiciones adecuadas. A su entender, la irregularidad vinculada a una de las garantías debió ser subsanada y no utilizada como fundamento para poner fin al contrato.
El diputado nacionalista acusó al gobierno de haber actuado con una motivación política e ideológica al resolver la rescisión. Sostuvo que la decisión expuso al país a consecuencias económicas y jurídicas y que el Ejecutivo deberá responder por los costos que eventualmente se deriven del conflicto.
La oposición cuestiona, en particular, la oportunidad y el procedimiento de la rescisión, formalizada durante la actual administración. Mientras el gobierno sostiene que la situación de las garantías y los incumplimientos justificaban poner fin al vínculo contractual, el informe de la Coalición Republicana defiende la legalidad de la contratación original y atribuye al Ejecutivo responsabilidad por la decisión posterior.
Abdala consideró que la investigación parlamentaria respaldó la posición de su partido sobre el proceso de compra. Sin embargo, el desacuerdo entre los informes refleja que la comisión no alcanzó una conclusión común acerca de las actuaciones de las dos administraciones ni de las responsabilidades que podrían corresponder.
La votación y el escenario de paridad
El diputado nacionalista estimó que, si los 130 integrantes de la Asamblea General estuvieran presentes, los proyectos de resolución del Frente Amplio y de la Coalición Republicana podrían quedar en una situación de paridad, sin los votos necesarios para aprobarse. En ese escenario, la sesión podría terminar sin que el Parlamento adoptara una declaración sobre el fondo del asunto.
La aritmética parlamentaria también está condicionada por los informes separados de Cabildo Abierto e Identidad Soberana. Los legisladores de ambos partidos no integran los bloques principales en términos idénticos y sus posiciones pueden incidir en el resultado, al igual que las ausencias o la permanencia de los legisladores en sala.
Abdala sostuvo que, si ninguno de los dos proyectos de resolución reúne los votos necesarios, la Asamblea General concluiría la discusión sin pronunciarse formalmente sobre el caso. Cada sector conservaría entonces su informe y podría defender públicamente sus conclusiones.
Para Garlo, en cambio, corresponde esperar el desarrollo de la sesión antes de adelantar qué ocurrirá con cada documento. El legislador insistió en que los cuatro informes deben ser considerados por la Asamblea y evitó especular sobre las decisiones que adoptarán los distintos sectores.
Más allá de la votación, ambos legisladores señalaron que los antecedentes de la investigación ya fueron enviados a la Fiscalía. La comisión acordó remitir el material reunido, en respuesta al requerimiento del Ministerio Público, para que pueda ser utilizado en la investigación penal.
Denuncias en ambas direcciones
El frente judicial no se limita a la denuncia promovida por el Poder Ejecutivo sobre las garantías presentadas por Cardama. Abdala confirmó que legisladores de la Coalición Republicana presentaron una denuncia vinculada a las decisiones adoptadas por la actual administración durante el proceso de rescisión, con cuestionamientos dirigidos a la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
Según explicó, la oposición entiende que las decisiones perjudiciales para el país no pueden atribuirse exclusivamente a la titular de Defensa y que algunas de ellas habrían sido definidas desde la Presidencia de la República. El legislador señaló que la denuncia se fundamenta en la interpretación de que determinadas actuaciones posteriores al 1.º de marzo de 2025 pudieron implicar un uso abusivo de las potestades de gobierno.
Abdala indicó que, hasta el momento de la entrevista, los legisladores denunciantes no habían sido convocados a ratificar la presentación ante la Fiscalía. También señaló que los antecedentes relacionados con el caso quedaron concentrados en la misma órbita fiscal debido a la conexión entre las distintas denuncias.
La existencia de denuncias cruzadas no supone, por sí misma, que se hayan probado delitos de una u otra parte. La tarea de la Fiscalía será analizar los elementos reunidos, determinar qué hechos requieren nuevas diligencias y establecer si existen fundamentos para atribuir responsabilidades penales.
En paralelo, la controversia incluye el arbitraje internacional iniciado por Cardama tras la rescisión del contrato. El astillero rechaza la interpretación del gobierno uruguayo y reclama una compensación, mientras que el Estado cuestiona la competencia del tribunal arbitral para resolver la disputa y reclama la devolución de los montos abonados. Ese diferendo constituye otra vía de resolución, distinta de la discusión política en el Parlamento y de la investigación penal.
Por otra parte, Garlo recordó que la denuncia penal presentada por el empresario y titular del astillero Cardama ante la Justicia española fue archivada hace varios meses, según la información que dijo haber recibido. De acuerdo con su explicación, la decisión se habría fundamentado en la existencia de una investigación penal en curso en Uruguay, por una situación de litispendencia internacional, es decir, la tramitación de actuaciones judiciales vinculadas con los mismos hechos en distintas jurisdicciones.
Garlo consideró relevante ese antecedente porque, según señaló, Cardama había informado al Parlamento uruguayo que su denuncia en España continuaba en trámite. “Esto no es menor”, sostuvo el legislador, quien cuestionó esa afirmación.
