El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, brindó detalles sobre la reciente rescisión del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas por parte del astillero Cardama, tras identificar irregularidades en la garantía presentada por la empresa. La situación derivó en la apertura de acciones civiles, penales y administrativas para investigar el caso. La denuncia civil y penal se realizará ante la Fiscalía en esta jornada y tiene relación con la garantía que se quería presentar. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, será el encargado de presentar la demanda,
Según Sánchez, la garantía de Cardama fue presentada pocos minutos antes del vencimiento del plazo, y correspondía a una empresa radicada en Londres, con un ciudadano ruso como propietario y sin representación activa en ese país. “Una empresa que está en proceso de liquidación, sin actividad económica y sin empleados al momento de firmar la garantía. Esto constituye un hecho gravísimo y un indicio de intento de estafa al Estado Uruguayo”, aseguró el secretario.
El funcionario destacó que, ante la falta de garantías válidas, el Estado estaba expuesto financieramente y debía proteger sus recursos. “Si no ejecutábamos la garantía, nos quedábamos sin protección frente a un contrato millonario. La garantía de fiel cumplimiento es fundamental: si se contrata un servicio, debe existir respaldo ante incumplimientos”, explicó.
Sánchez aclaró que la decisión de rescindir el contrato y accionar judicialmente se tomó para proteger al Estado, sin realizar acusaciones anticipadas sobre posibles complicidades de funcionarios públicos. “No estamos haciendo política con esto, simplemente estamos frente a un presunto delito que debe investigarse a fondo”, señaló.
El secretario detalló que la empresa envió posteriormente un correo electrónico al Ministerio de Defensa, intentando renovar la garantía con la misma compañía y la misma dirección irregular. “No presentaron documentación adicional ni certificaciones válidas. La empresa debía comunicar la renovación con 30 días de anticipación, no minutos antes de una conferencia de prensa”, subrayó.
El contrato original, de aproximadamente 80 millones de euros, representaba el proyecto más importante del astillero Cardama hasta la fecha. Sánchez indicó que, aunque la empresa asegura haber completado el 60% de la obra, la decisión de ejecutar la garantía y rescindir el contrato se basó en el incumplimiento contractual y la falta de respaldo financiero, y no en el avance de la construcción.
“Cualquier actuación se hará conforme a derecho, para proteger al Estado y garantizar que se esclarezca la presunta estafa. Si Cardama cumple con las condiciones legales, habrá que evaluar si se puede retomar el contrato o renegociarlo”, indicó.
Dijo “no estamos cobrando cuentas políticas; estamos ante un presunto delito que la justicia debe investigar”.
El secretario hizo un llamado a la colaboración de todo el sistema político y a la sociedad para permitir que la investigación se desarrolle de manera transparente. Recordó que la empresa involucrada estaba en proceso de liquidación en el Reino Unido, y que diversas garantías habían sido rechazadas previamente por irregularidades formales.
Finalmente, subrayó que la decisión de ejecutar la garantía y rescindir el contrato busca proteger al Estado uruguayo, asegurando que cualquier proyecto de esta magnitud cuente con los mecanismos de respaldo necesarios para su correcta ejecución y cumplimiento.
Para Perrone de Cabildo Abierto “todo indica” que hubo fraude
Para el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, fue un “error” haber seguido adelante con el proceso de construcción de las OPV pese a las “señales” y el “ruido” que generaban algunas constataciones. «El gobierno anterior debería haber tomado los recaudos en su momento, hubo negligencia; ya cuando no podía presentar las garantías debería haber caído el proceso de licitación», afirmó. Consultado por el programa “Arriba Gente” se muestran “un montón de irregularidades” y será la justicia la que dirimirá este proceso. Agregó que por el seguimiento que se hizo de la garantía “todo indica que fue un fraude”. Perrone indicó que “se demuestra que Cardama no estaba preparada para esto, cuando arranca esto, estaba claro que no se dedicaba a construir este tipo de patrullas”, afirmó.
Eso se llama agarrar a diestra y siniestra. Mas bien a siniestra. La campaña que viene necesita fondos frescos, tal como la carne comprada para el ejército de la que tampoco nunca hubo aclaración y etc.
Cómo lo va a insultar a este muchacho Perrone! Cómo son traicionás, dirán los rosados que están metidos en la joda, en medio de llantos por las coimas que se pierden….
Dije por otro lado y lo repito: la rescisión del contrato no va resultar fácil porque ya tuvo principio de ejecución: la fabricación de las embarcaciones ya comenzó (según se dice está con un 65% de avance) y parte del precio ya se entregó (según se sabe 30 millones), difícil que algún tribunal permita rescindirlo por cambio de gobierno.
Yo no tengo mucha idea de como se rescinde un contrato, pero creo que una de las primeras cosas en avisar formalmente de ello.
Todo esto tiene muy mal olor, y si se hicieron las cosas así como se saben hasta ahora, nos va a salir bastante caro.
No jueguen más con la plata de todos