Astilleros Cardama ha enviado una carta de seis páginas al Ministerio de Defensa Nacional en respuesta a la rescisión unilateral del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV). El documento, fechado el 13 de marzo de 2026 y firmado por Mario Cardama, fue revelado públicamente en las últimas horas y marca un nuevo capítulo en el conflicto que enfrenta al centenario astillero gallego con el gobierno.
En la misiva, Cardama rechaza de manera categórica la decisión del adoptada de rescindir el contrato. “Rechazamos por ser totalmente ilegítima la rescisión comunicada por ustedes”, afirma el texto desde sus primeras líneas. El astillero acusa al Estado de haber actuado con “un modo de proceder abusivo y malintencionado” y describe todo el proceso como “una incongruencia, una improvisación prepotente”. Según Cardama, “el único punto en común en todas las gestiones del Estado-MDN es el compromiso y deseo de concluir a como diera lugar que se debía rescindir el contrato”.
La empresa defiende que la rescisión carece de fundamento jurídico y técnico, y critica duramente la forma en que se gestionó el expediente. Acusa al gobierno de obrar “en contra del principio de inocencia” respecto a las denuncias sobre mediadores y garantías, ignorando que la propia empresa habría sido víctima en algunos aspectos. También cuestiona el tratamiento de las garantías de fiel cumplimiento y reembolso, que Uruguay consideró inválidas «pese a que la aseguradora RedBridge confirmó su vigencia por escrito a inicios de 2026».
Uno de los puntos más llamativos de la carta es la exigencia directa al Ministerio de Defensa. Cardama pide que el Estado uruguayo “haga lo necesario para retirar de sus instalaciones lo construido lo antes posible”. Se refiere a los bloques ensamblados de la primera patrullera y la quilla de la segunda, que ocupan espacio en el astillero de Vigo. La empresa argumenta que estas estructuras generan “gastos e inconvenientes que se traducirán en más daños que deberán ser indemnizados por el Estado-MDN”. Aunque el contrato prevé que lo fabricado pase a propiedad de Uruguay en caso de ruptura, Cardama declara el contrato terminado por incumplimiento del cliente y reclama acción inmediata para mitigar perjuicios.
Además, la misiva critica el “espectáculo circense” de la rueda de prensa en la que el presidente Orsi anunció la rescisión en febrero de 2026, y menciona campañas que habrían ahuyentado a subcontratistas, haciendo “de casi imposible ejecución” un contrato que originalmente ascendía a 82,2 millones de euros. Cardama insiste en que la decisión es ilegítima “por donde se le examine” y limita sus declaraciones públicas, prefiriendo defender su postura en el ámbito judicial, aunque ya canceló una vista inicial sin renunciar a futuras acciones legales.
Brenta: Un mensaje «impertinente»
Frente a estas expresiones fuertes, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta consideró que la carta de Cardama “debería ser respondida por todos los partidos políticos” porque contiene “expresiones graves contra el Gobierno uruguayo”. Según el legislador, en el documento “no hay ningún argumento que justifique su accionar, por el contrario, ratifica los errores” y cuestiona el informe de Bureau Veritas, que Brenta defendió como “claro y contundente en materia de fallas en la construcción de esta primer proyecto de patrullera”.
El senador señaló en declaraciones a Canal 5 que la exigencia de retiro de las estructuras se realiza “a modo yo diría bastante impertinente” y no se acompaña de ninguna propuesta sobre la devolución del dinero ya pagado por el Estado. “El Estado uruguayo va a hacer acciones legales contra Cardama para resarcirse de los 30 millones de dólares que se pagaron respecto al cual no tenemos más que unas chapas soldadas en Vigo”, afirmó Brenta. Para él, la carta es consecuente con todo el accionar previo de la empresa o sea “enviar documentos falsos, enviar documentos no apostillados”. Recordó que incluso el estudio Delpiazzo había sugerido en su momento rescindir el contrato porque “no tenía la más mínima seriedad” y había recomendado que Cardama no interviniera más directamente, sino a través de un abogado.
Brenta concluyó que Uruguay está ante “una gran estafa al Estado uruguayo” y que la carta de Cardama “no hace más que reafirmar todo lo que hemos visto hasta ahora”.
