El presidente de la República, Yamandú Orsi, resolvió restablecer por cinco años la inhabilitación profesional de María Inés Miralles, la anestesista condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera, ocurrida luego de una intervención quirúrgica en 2023.
La resolución del Poder Ejecutivo hizo lugar al recurso de revocación presentado por la madre de la víctima y dejó sin efecto la decisión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que había reducido de cinco a tres años la sanción impuesta a la profesional. De esta manera, confirmó en todos sus términos lo dispuesto por la Comisión de Salud Pública en diciembre de 2024.
Barrera, de 41 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante una cirugía programada de vesícula en el Seguro Médico Integral (SMI). Luego de la intervención quedó en estado vegetativo y falleció tiempo después. En diciembre de 2025, la Justicia condenó a Miralles por homicidio culposo mediante un proceso abreviado.
La inhabilitación por cinco años había sido dispuesta inicialmente por la Comisión de Salud Pública. Sin embargo, Lustemberg resolvió posteriormente reducirla a tres años. La decisión de Orsi se apoyó en un informe de la División Jurídica del MSP, que entendió que existían elementos nuevos que justificaban reconsiderar la rebaja.
En la resolución, el Ejecutivo señaló que la comisión había dado por probados cuatro apartamientos graves de las reglas de la práctica médica durante la cirugía en la que falleció Barrera. También observó que la resolución ministerial que redujo la sanción no había hecho referencia a antecedentes de sanciones dispuestas en situaciones análogas ni a circunstancias atenuantes en la conducta de la anestesista.
Entre los nuevos elementos considerados por el Poder Ejecutivo se encuentra la condena por homicidio culposo dictada el 18 de diciembre de 2025, en un proceso abreviado y con posterioridad a la decisión del Ministerio de Salud Pública de reducir la inhabilitación.
La resolución generó reacciones en el sistema político. El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto expresó su respaldo a la decisión y recordó que meses atrás, junto a los legisladores José Satdjian y Amin Niffouri, había enviado una nota al presidente para solicitarle que interviniera ante la reducción de la sanción.
“Estoy absolutamente de acuerdo con la decisión que acaba de tomar el presidente”, había afirmado Casaretto en una rueda de prensa. El legislador sostuvo que había que ponerse “en el lugar de una familia que sufrió durante todos estos meses una arbitraria decisión de una ministra de Salud Pública que queda muy mal parada”.
Además, cuestionó el papel de la asesoría jurídica en la que, según Lustemberg, se había basado la resolución ministerial. En ese marco, recordó que 11 profesores grado 5 habían renunciado a la comisión honoraria en desacuerdo con la decisión de reducir la inhabilitación.
“Es verdaderamente un escándalo lo que está sucediendo en estos momentos con una ministra que ya venía muy mal parada”, expresó.
Para Casaretto, la decisión presidencial fue correcta y respondió a un planteo que la oposición había realizado con anterioridad. “La decisión del presidente de la República es una decisión correcta, que apoyamos y que además le habíamos pedido como legisladores”, agregó.
Preve defendió a la ministra
Desde el Frente Amplio, el diputado Federico Preve consideró que seguramente existieron nuevos elementos que llevaron al Poder Ejecutivo a restablecer la inhabilitación por cinco años. Al mismo tiempo, defendió la continuidad de la ministra de Salud Pública y sostuvo que Lustemberg “está más firme que nunca”.
El legislador planteó que, desde el punto de vista político, es necesario dejar de generar controversias en torno al caso, teniendo en cuenta la situación de las familias involucradas. También recordó que existen dos recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que deberá expedirse sobre los asuntos sometidos a su consideración.
Preve sostuvo que la resolución fue una decisión conjunta de la ministra y del presidente, y descartó que deba interpretarse como una desautorización de Lustemberg. “Fue una decisión conjunta de la ministra Lustemberg y del presidente Orsi, no hay una desautorización”, afirmó.
Consultado sobre si no habría sido más conveniente mantener la sanción inicial, el diputado señaló que “con el diario del lunes somos todos cracks”.
La madre de Barrera: “Es un granito de arena”
Rosario Barrera, madre de la pediatra fallecida, manifestó que la resolución presidencial representa un avance en el reclamo que mantiene desde la muerte de su hija, aunque insistió en que aspira a que la inhabilitación de la anestesista llegue a diez años.
“No estoy contenta. Es un granito de arena que recibí. Un granito de arena para seguir en el camino, que va a ser bastante agreste, porque yo voy por diez años de inhabilitación”, señaló en declaraciones a Subrayado.
La mujer recordó que nunca estuvo conforme con la sanción inicial de cinco años sugerida por la Comisión de Salud Pública, pero que la reducción a tres años fue lo que más la molestó. “Quitarle de cinco a tres años. Eso sí que me molestó mucho”, expresó.
Barrera felicitó a Orsi por haber firmado la resolución que dejó sin efecto la reducción de la sanción. Dijo que anteriormente había cuestionado públicamente la actuación del mandatario y que incluso le había manifestado su disconformidad. “Más allá de que yo estaba enojada con él y dije: ‘este tipo está pintado ahí, no sirve para nada’, porque se lo dije y te lo estoy diciendo de frente; ahora, te tengo que decir que lo tengo que felicitar”, afirmó.
La madre de la pediatra recordó que el 24 de junio había entregado una carta al presidente durante una actividad en la Sociedad Fomento de Treinta y Tres. Según indicó, después de ese encuentro no recibió una llamada ni una respuesta o convocatoria para conversar sobre el caso. “Ahora, se puso en el lugar que le corresponde, de presidente”, sostuvo.
