La comisión investigadora de la Cámara de Representantes que analiza las actuaciones vinculadas al contrato firmado con el astillero español Cardama recibirá estelu nes al exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, en una comparecencia considerada clave para reconstruir el proceso que culminó con la rescisión del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas destinadas a la Armada Nacional.
El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo sostuvo que el exjerarca es «un actor importante» para esclarecer el tratamiento que recibió la garantía presentada por la empresa española, aspecto que el actual gobierno consideró determinante para dejar sin efecto el acuerdo e iniciar acciones judiciales y arbitrales.
La comparecencia se desarrollará en una instancia en la que la comisión también deberá analizar un oficio remitido por la Fiscalía, que solicitó acceder a la documentación recopilada durante la investigación parlamentaria en el marco de la causa que lleva adelante sobre la compra de los buques.
Garlo explicó que propondrá que el cuerpo consulte previamente a sus asesores jurídicos antes de adoptar una resolución respecto al requerimiento del Ministerio Público. Según adelantó, la posición del oficialismo será que la documentación sea remitida una vez culminadas las actuaciones de la investigadora, cuyo plazo de funcionamiento vence a fines de agosto. En ese lapso, la comisión prevé finalizar la recopilación y sistematización de toda la información enviada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, además de incorporar las versiones taquigráficas de las comparecencias ya realizadas.
Para Garlo, el testimonio de Castaingdebat permitirá completar una etapa relevante de la investigación, luego de la comparecencia del también exministro de Defensa Javier García.
El legislador sostuvo que durante esa instancia quedaron interrogantes sin responder y se realizaron afirmaciones que, a juicio del oficialismo, no se ajustaron a los antecedentes incorporados por la comisión.
Según explicó, el objetivo es esclarecer cómo se desarrolló el proceso que culminó con la aceptación de la garantía presentada por Cardama, por qué no fueron detectadas las presuntas irregularidades en esa documentación, por qué el contrato entró en vigor y cómo se autorizó el pago inicial de ocho millones de euros antes de que el Estado resolviera rescindir el acuerdo por los incumplimientos que el actual gobierno calificó como «graves y sistemáticos».
Otro de los asuntos que continúa generando diferencias políticas refiere al acceso a la documentación vinculada con la demanda iniciada por Uruguay contra el astillero español.
Consultado sobre la solicitud presentada por el diputado nacionalista Pablo Abdala para obtener copia de esa demanda, Garlo señaló que el trámite fue realizado en calidad de ciudadano y no mediante los mecanismos parlamentarios previstos por la Constitución.
Asimismo, respaldó la decisión del Poder Ejecutivo de mantener la documentación bajo reserva, al entender que existe un proceso arbitral internacional en curso y que la difusión de esos antecedentes podría afectar la estrategia jurídica del Estado.
Se completará la etapa siempre que no se contradiga con el otro del honorable directorio, con quien ya debe estar conferenciando. Deberá saberse su posición en cuanto a la garantía inexistente, las firmas falsas y alguna otra cosit.