En China, la lucha contra la corrupción se consolidó como una de las principales líneas de actuación del Gobierno. Esto forma parte de una política más amplia que busca controlar la conducta de quienes ejercen responsabilidades públicas, limitar los privilegios y evitar que los recursos destinados al desarrollo terminen en manos particulares.
El Partido Comunista de China (PCCh), que dirige el país desde 1949, considera la corrupción una amenaza para su propia legitimidad. La idea que sostiene esta política es si quienes administran los recursos públicos actúan en beneficio propio, no solo perjudican las finanzas del Estado, sino que también deterioran la confianza de la población y debilitan los objetivos de desarrollo.
Las investigaciones pueden derivar en sanciones internas, medidas administrativas o procedimientos judiciales cuando existen indicios de delitos. Además, las inspecciones y los controles se extienden a las administraciones locales, donde se gestionan recursos destinados a programas sociales, obras públicas y desarrollo rural.
El objetivo es impedir que los funcionarios utilicen sus cargos para obtener beneficios particulares y garantizar que los recursos públicos se destinen a los fines previstos.
El Partido Comunista y el servicio al pueblo
El PCCh presenta el servicio a la población como uno de los principios fundamentales de su actuación política. Esta concepción vincula las responsabilidades de los funcionarios con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y la atención de las necesidades sociales.
En la práctica, esa orientación se expresa en políticas de desarrollo económico, reducción de la pobreza, modernización de infraestructuras y ampliación de servicios públicos. Desde la perspectiva oficial, la disciplina interna y la lucha contra la corrupción son necesarias para evitar que los intereses particulares interfieran en la ejecución de esas políticas.
Este sistema también plantea cuestiones relacionadas con la transparencia de las investigaciones, las garantías procesales y la supervisión independiente de las autoridades. Estos elementos forman parte del debate sobre su funcionamiento y sus mecanismos de rendición de cuentas.
La erradicación de la pobreza absoluta
Uno de los principales resultados sociales de China ha sido la reducción de la pobreza. En 2020, el Gobierno anunció que había erradicado la pobreza absoluta rural según el umbral nacional utilizado para medirla.
El Banco Mundial estimó en un informe publicado en 2022 que cerca de 800 millones de personas habían salido de la pobreza extrema en China durante aproximadamente cuatro décadas. El organismo relacionó este resultado con el crecimiento económico, la transformación estructural de la economía y las políticas específicas dirigidas a los hogares y territorios más vulnerables.
Entre los factores que contribuyeron a este proceso se encuentran la industrialización, la expansión del empleo, la construcción de carreteras y otras infraestructuras, la mejora del acceso a la educación y los servicios, y los programas de apoyo a las comunidades rurales.
China también desarrolló mecanismos para identificar a los hogares en situación de pobreza y orientar las ayudas hacia sus necesidades. La estrategia combinó medidas de alcance nacional con intervenciones específicas en localidades que presentaban mayores dificultades económicas.
La erradicación de la pobreza absoluta constituye uno de los principales objetivos sociales alcanzados por el país en las últimas décadas. La siguiente etapa se centra en consolidar esos avances, prevenir la recaída en la pobreza y reducir las diferencias entre las zonas urbanas y rurales.
Prosperidad común
La prosperidad común es uno de los conceptos centrales de la política de desarrollo impulsada por el liderazgo chino. Su objetivo es ampliar los beneficios del crecimiento económico y mejorar la distribución de las oportunidades entre regiones y grupos sociales.
Esta orientación comprende el fortalecimiento de las economías rurales, la mejora de los servicios públicos, el aumento de los ingresos y la ampliación del acceso a la educación y la atención sanitaria.
El planteamiento parte de que el desarrollo no debe medirse únicamente por el crecimiento del producto interno bruto, sino también por sus efectos sobre las condiciones de vida de la población.
La lucha anticorrupción está directamente relacionada con la gestión de los recursos destinados a las políticas públicas. Cuando un funcionario desvía fondos, exige pagos ilegales o favorece intereses particulares, puede perjudicar la ejecución de programas sociales y de infraestructura.
Un estudio publicado en 2022 en el Journal of Economic Behavior & Organization encontró una asociación entre la campaña anticorrupción y mejoras económicas para determinados hogares vulnerables en los condados chinos más expuestos a ella. Los investigadores señalaron posibles mecanismos, como una reducción de las extracciones indebidas de recursos por parte de funcionarios y un mejor acceso a las ayudas públicas.
Estos resultados aportan elementos para analizar la relación entre el control de la corrupción y las políticas de reducción de la pobreza, aunque no implican que la campaña explique por sí sola la transformación económica de China.
La estrategia anticorrupción también busca reforzar la disciplina administrativa y la responsabilidad de los funcionarios. Para el Gobierno chino, estas medidas son fundamentales para mantener la capacidad de ejecución del Estado y avanzar en sus objetivos de desarrollo.
Los desafíos del modelo chino
China mantiene la lucha contra la corrupción como una prioridad institucional y ha logrado una transformación económica que permitió reducir la pobreza extrema a una escala histórica. Ambos procesos forman parte de un modelo que atribuye al Estado y al Partido Comunista un papel central en la planificación, la supervisión y la ejecución de las políticas de desarrollo.
Los principales desafíos incluyen prevenir nuevos casos de corrupción, fortalecer la supervisión de los funcionarios, mantener los avances sociales y reducir las desigualdades que persisten entre regiones y grupos de población.
La experiencia china muestra la relación que puede existir entre la gestión pública, el control de los abusos de poder y los objetivos de desarrollo. Su evaluación requiere considerar los resultados económicos y sociales, así como el funcionamiento de los mecanismos institucionales que regulan el ejercicio del poder.
En ese marco, la lucha anticorrupción y la prosperidad común constituyen dos líneas de actuación que el Gobierno chino vincula con un mismo objetivo de mejorar la administración de los recursos públicos y sostener el desarrollo del país.
Mientras la «democracia» les da garantía a los corruptos de cuello blanco de librarse de ser juzgados gracias a sus millones y contratar un bufete de abogados de primera. Por eso al derecha está a los gritos por su «democracia» a su imagen o mejor dicho, plutocracia.