La explicación no cierra el caso: obliga a examinar cómo se administran los cargos y el dinero de la Junta Departamental de Montevideo.
Hay una frase que debería estremecer a cualquier ciudadano: “Sí, se le pagaba el sueldo”. Gonzalo Gómez la pronunció al explicar por qué Pablo Leiva cobró como integrante de su secretaría aunque, según el propio edil, no tenía tareas asignadas y no concurría a la Junta. Gómez asumió el error. Pero llamar error a un pago sostenido con fondos públicos, sin trabajo que lo justifique, es una respuesta demasiado pequeña para un hecho demasiado grave.
La cuestión ética es directa. Quien decide una contratación pública tiene la obligación de saber para qué contrata, qué capacidad requiere el puesto y qué trabajo se realiza. La confianza personal puede explicar una recomendación; jamás puede sustituir esos controles. Si el edil afirma que ni siquiera asignó tareas, debe explicar por qué mantuvo el pago y quién verificó, mes a mes, el uso de ese dinero. Gómez también sostuvo que desconocía las actividades ilícitas por las que Leiva fue condenado. Esa afirmación debe distinguirse de una responsabilidad que surge de sus propias palabras: haber autorizado una contratación remunerada sin asegurar una función efectiva. La condena de Leiva vuelve más urgente el examen del caso, pero la exigencia de rendición de cuentas existiría aunque esa condena no se hubiera producido. Resulta inadmisible hablar con liviandad de decenas de miles de pesos mensuales como si el sueldo se justificara por el mero hecho de figurar en una planilla. Cada peso de una secretaría sale de recursos que pertenecen a la ciudadanía. Un cargo público no es un favor, una reserva para conocidos ni una partida que pueda gastarse sin demostrar su utilidad. La revisión no puede agotarse en Gómez. La Junta debe informar qué funciones se exigían para ese contrato, cómo se controló su cumplimiento, cuánto se pagó en total y qué mecanismos permitieron que continuara sin tareas asignadas. El Partido Nacional debe dar una respuesta política fundada; la Comisión de Ética, a la que fue remitido el caso, deberá evaluar responsabilidades sin convertir el trámite en una espera conveniente. También corresponde revisar con el mismo criterio las contrataciones de todas las bancadas. La ética pública no cambia según el partido que firma el nombramiento. Cuando un representante admite que se pagó un sueldo sin trabajo asignado, la respuesta institucional no puede ser una disculpa y pasar la página. Debe haber documentos, explicaciones y consecuencias. La plata pública exige trabajo público comprobable.
Acuerdo con lo expuesto y agrego que el pueblo tiene derecho a exigir se revisen las cuentas de todas las juntas departamentales del país, Montevideo es el más expuesto y el que más dinero mueve pero, para cada intendencia su economía es medular para devolver en servicios a su comunidad y el que cobra sin trabajar no devuelve nada.