La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (Cofe) emitió un comunicado en rechazo a los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo para la elaboración de la próxima Rendición de Cuentas. La central sindical califica el enfoque oficial de «lógica de ajuste» y denuncia que la política de «costo cero» impulsada por el gobierno no apunta a fortalecer las políticas públicas sino a garantizar el cierre de los números fiscales a cualquier precio.
Apenas tres semanas atrás, el dirigente sindical Joselo López, de Cofe, había cuestionado públicamente al ministro de Economía Gabriel Oddone durante el acto del Día de los Trabajadores por sus declaraciones sobre la posibilidad de que la Rendición de Cuentas implicara ajuste, y advirtió que habría movilización sindical si esa idea prosperaba. El núcleo de la crítica de Cofe apunta al mecanismo que el gobierno propone para financiar cualquier nueva necesidad presupuestal o sea las «reasignaciones internas de crédito». Según los lineamientos oficiales, no habrá incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal, lo que implica que cada nueva propuesta deberá financiarse recortando otro gasto ya ejecutado. Para Cofe, este criterio convierte al «costo cero» en un techo que impide crecer ya que señalan que si mejorar algo requiere eliminar otra cosa, el resultado práctico es el estancamiento o la reducción del Estado.
La central sindical señala que este discurso centrado en buscar «espacios de reasignación», «superposiciones» y «duplicaciones» ha sido históricamente utilizado como justificación para recortes y eliminación de programas y servicios públicos y «lo que se presenta como eficiencia termina siendo, en los hechos, achicamiento del Estado».
«Nombramientos a dedo»
Uno de los puntos más sensibles del comunicado refiere a la situación de los funcionarios del Estado. Cofe manifiesta que el gobierno reafirma el mismo criterio restrictivo también para el capítulo de personal ya que «todo deberá financiarse mediante reasignaciones internas, sin nuevos recursos». Esto ocurre mientras la central sindical acumula reclamos como ser la falta de personal en la frontera, ausencia de carrera administrativa y de mecanismos de ascenso, déficit de funcionarios en el sistema de salud y en las políticas de infancia, entre otros.
La central sindical agrega que existe una contradicción que considera inaceptable. «El gobierno establece como uno de los criterios la eficiencia fiscal; sin embargo, continúa con los nombramientos de encargaturas a dedo en todo el Estado, incumpliendo la Ley que establece el concurso para el acceso a los mismos» se indica. Agrega que «continúa con la lógica de asignación de compensaciones discrecionales a quienes ellos quieren con el criterio del clientelismo y el amiguismo; así como tantas otras disposiciones que van a contrapelo de una administración transparente, democrática y eficiente de los recursos públicos».
El comunicado formula una exigencia concreta, que se convoque de forma urgente a los ámbitos de negociación colectiva previstos en la Ley 18.508 de Negociación Colectiva en el Sector Público, para discutir con el Poder Ejecutivo los contenidos de la próxima Rendición de Cuentas antes de que sea enviada al Parlamento.
La demanda tiene un peso jurídico claro. La Ley 18.508 obliga al Estado a negociar con los sindicatos de funcionarios públicos las condiciones de trabajo, los salarios y las políticas que los afecten. Convocar esos ámbitos no es, para Cofe, una concesión política sino una obligación legal que el gobierno está en riesgo de incumplir si avanza con sus lineamientos sin consulta previa.
