La comisión especial de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Joaquín Garlo, comenzó el análisis del proyecto de ley para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. La delegación del Ministerio de Economía y Finanzas estuvo integrada por el asesor Ariel Cancio, el director de la Asesoría Macroeconómica Braulio Zelko y el director de Finanzas Públicas Juan Benítez. Participaron además por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el subsecretario Hugo Barreto y el director Nacional de Seguridad Social Leonardo di Domenico y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el asesor Hugo Bai. El informe presentado indica que el agotamiento de reservas sera entre julio y agosto. En el mediano plazo el déficit será de US$ 51 millones en 2025, US$ 120 millones en 2026 y US$ 150 millones en 2027. A largo plazo el déficit acumulado de algo más de US$ 3.000 millones en los próximos 20 años. Se señaló que a iguales condiciones (60 edad y 30 servicios, carrera completa) un trabajador no dependiente de CJPPU tiene una relación entre aportes y prestaciones 63% superior a la de BPS (solamente considerando pilar de reparto) y el régimen que aplica para quienes actualmente se jubilan por la caja implica que cada afiliado recibe entre 2 y 3 veces lo que aportó a lo largo de su vida activa.
El Ministro de Trabajo, Juan Castillo dijo que «la preocupación central es cómo aseguramos nosotros que en julio cobren los salarios y jubilaciones los afiliados a la Caja de Profesionales que está en riesgo de default”. Agregó que “detectamos que hay tres partes que están en contra» de la reforma. Por un lado «muchos integrantes de la sociedad de nuestro país no quieren que el gobierno, que Rentas Generales, ponga plata para salvar la Caja. Muchos jubilados y pensionistas de la Caja no quieren aportar nada de lo que están cobrando para poder salvarla. Y muchos de los activos nos reclaman que no tienen condiciones o no quisieran aportar más. Entonces, ¿quién pone los recursos? Es un desafío”. Sobre los cambios que se puedan efectuar al proyecto dijo “esta ley es perfectible, pero es el espectro político el que tiene que colocar una propuesta para una caja específica, de un sector importante de nuestra sociedad. La primera preocupación del gobierno es asegurar cómo van a cobrar las jubilaciones”. Hasta junio los fondos están asegurados, en julio ya no habría dinero.
Urgencia, equidad y estabilidad
El presidente de la comisión, diputado Joaquín Garlo destacó que el encuentro permitió un intercambio horizontal entre los legisladores de distintos partidos, quienes discutieron las características del proyecto y la situación financiera de la Caja. La comisión, aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados el día anterior, tiene como objetivo abordar el proyecto con celeridad debido a la urgencia financiera de la institución, que enfrenta el riesgo de un default en julio, según información del Ejecutivo.
El proyecto se fundamenta en tres ejes: urgencia, equidad y estabilidad a largo plazo. Sin embargo, la oposición señaló que el proyecto podría ser más gravoso que propuestas anteriores y cuestionó la falta de diálogo social específico para este subsistema previsional. El Ejecutivo aclaró que el diálogo social en curso abarca el sistema previsional en general, mientras que la Caja requiere un tratamiento particular por su complejidad.
La comisión trabajará de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y recibirá a los directivos de la Caja hoy para obtener más información. Además, se habilitó un correo electrónico, disponible en la web de la Cámara de Diputados, para que asociaciones y colectivos presenten planteos o soliciten audiencias.
Un punto clave del debate es la cantidad de profesionales que no aportan, incluyendo más de 100.000 declarados fuera de ejercicio pero activos en relación de dependencia.
Un «rescate previsional»
Leonardo di Doménico, Director Nacional de Seguridad Social, compareció ante la comisión especial de la Cámara de Diputados para exponer los motivos y el contenido del proyecto de ley que busca reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. El funcionario calificó la iniciativa como un «rescate previsional» y un asunto de Estado, destacando su importancia de primer orden.
Di Doménico explicó que el proyecto propone ajustes paramétricos, como el aumento de los aportes de los afiliados activos, junto con esfuerzos contributivos del Estado y los afiliados para garantizar la sostenibilidad de la Caja. Según el director, la institución enfrenta un déficit anual de 100 millones de dólares, proyectado a alcanzar 120 millones en 2026 y 150 millones en 2027, con reservas líquidas que solo cubrirían obligaciones hasta junio de 2025.
El funcionario señaló que los legisladores manifestaron una profunda preocupación por la situación financiera de la Caja y una clara determinación para encontrar una solución rápida. La reforma busca no solo evitar el colapso inmediato, sino también establecer correcciones que aseguren la estabilidad a largo plazo, basadas en rigurosos supuestos prospectivos.
Desde la oposición se planteó que el proyecto podría ser más gravoso para los jubilados que propuestas anteriores. Di Doménico respondió que el Parlamento, como representante del soberano, tiene la facultad de analizar y corregir el proyecto en busca del interés general, evitando trasladar el costo total al Estado.
Hay que ponerse en lugar de los aportantes: les ponen un quita que rebaja sus haberes. Profesionales jóvenes que recién arrancan ven una rebaja importante en sus ingresos.