Las medianas y pequeñas empresas en su su crecimiento se ven limitadas por factores estructurales que se repiten en distintos ciclos económicos: alto costo país, baja escala productiva, acceso restringido al crédito y un marco regulatorio que, aunque estable, suele ser pesado para estructuras pequeñas. La pregunta clave es cómo acelerar su expansión en un contexto internacional incierto y con márgenes fiscales acotados.
El primer eje imprescindible es reducir los costos fijos que enfrentan las pymes, especialmente en la etapa inicial. Uruguay carga con tarifas públicas elevadas —energía, combustibles, telecomunicaciones— que en empresas de baja escala se traducen en una pérdida inmediata de competitividad. Un esquema de tarifas diferenciadas para pymes productivas, combinado con incentivos temporales a la inversión tecnológica, puede elevar la productividad y generar un entorno más propicio para la innovación.
El acceso al financiamiento es otro cuello de botella histórico. La banca tradicional mantiene exigencias de garantías que dejan fuera a miles de pequeños emprendimientos. La expansión de los fondos de garantía estatales, junto con la profundización de instrumentos como el leasing, el factoring y los microcréditos escalonados, permitiría dinamizar el capital de trabajo sin comprometer la estabilidad del sistema financiero. Al mismo tiempo, la promoción del crowdfunding regulado y la participación de inversores ángel puede abrir una vía más flexible para proyectos emergentes.
En paralelo, Uruguay debe avanzar hacia un entorno regulatorio más ágil. La carga administrativa no solo consume tiempo; también limita la capacidad estratégica de quienes deberían concentrarse en producir y vender. Digitalizar completamente los trámites, simplificar la estructura tributaria para pequeños contribuyentes y crear ventanillas únicas sectoriales haría más eficiente la relación entre empresa y Estado. La estabilidad jurídica ya es una ventaja uruguaya, pero necesita ser complementada con mayor velocidad operativa.
La brecha de productividad es otro obstáculo. Muchas pymes todavía operan con tecnologías rezagadas o modelos de negocio centrados en mercados locales saturados. Las políticas públicas deben promover la internacionalización temprana, facilitando la participación en ferias, la certificación de calidad y el acceso a información sobre nichos externos. La transformación digital no puede ser vista como un lujo, sino como una condición de supervivencia: comercio electrónico, automatización básica, inteligencia de datos y marketing digital son hoy herramientas esenciales para competir.
La formación de talento también es determinante. La escasez de perfiles técnicos y digitales afecta especialmente a las pymes, que no pueden ofrecer los salarios de las grandes compañías. Programas de capacitación gratuita, pasantías duales y alianzas con universidades e instituciones tecnológicas permitirían reducir esa brecha y mejorar la capacidad de gestión. En particular, es clave impulsar el emprendimiento femenino, históricamente subfinanciado pero con tasas de retorno muy competitivas.
Uruguay necesita consolidar ecosistemas regionales de desarrollo, evitando que todo se concentre en Montevideo. Los polos agroindustriales, turísticos, logísticos y tecnológicos del interior tienen potencial para convertirse en clusters exportadores si cuentan con conectividad, infraestructura y apoyo a la innovación. Una pyme inserta en un ecosistema dinámico crece más rápido que una pyme aislada.
Acelerar el crecimiento de las pymes no depende de una sola medida, sino de una estrategia integral que reduzca costos, abra mercados, impulse la innovación y mejore el capital humano. Uruguay tiene estabilidad, talento y un entramado productivo adaptable. Lo que falta es convertir esas ventajas en una política sostenida que transforme a las pymes en el verdadero motor del desarrollo inclusivo del país.
